Anticorrupción imposible
Está demostrado hasta la saciedad que crear normas y estrategias para combatir la corrupción instalada en el ADN de la clase política que nos gobierna es un ejercicio imposible en el Congreso de la República, por cuanto no le interesa en absoluto combatir el vitando instrumento que les permite el enriquecimiento ilícito y por ende su vigencia política. Prueba al canto de ello, es que le importó una mierda el clamor de la ciudadanía para luchar contra esta plaga, al ignorar con desfachatez el resultado de la consulta anticorrupción que obtuvo casi 12 millones de votos, que obliga a pensar en estos momentos de protesta y negociaciones, que solo será posible crear las normas y cambiar las estrategias para una lucha frontal contra la corrupción, con la intervención directa del pueblo soberano vía referendo o constituyente para concretar una reforma efectiva al sistema político electoral y a la justicia, pues de otra manera nos seguirá engullendo la corrupción.
Porque como bien lo ha dicho el director de Transparencia por Colombia, Gerardo Andrés Hernández, a la corrupción de la clase política se le suma la impunidad que también es consecuencia de la misma corrupción que se da en el sistema judicial, que hace urgente e indispensable romper los vínculos entre política y justicia. “en Colombia, los candidatos a procurador, contralor y fiscal, han tenido que llegar históricamente a acuerdos políticos para ser elegidos. Y, obvio, al llegar al poder tienen que devolver mil favores”, ha denunciado dando en el clavo, Camilo Enciso director de Instituto Anticorrupción, que es precisamente lo que blinda ese binomio siniestro de impunidad y corrupción.
Porque hemos llegado a extremos insólitos de corrupción de nuestro pernicioso sistema político electoral que elige gobernantes, que como se ha dicho la clase política nunca va a cambiar, que la misma Transparencia por Colombia nos ha notificado de su extrema podredumbre, al confirmar que en este corrupto país no solo votan los muertos y acceden a los subsidios del Estado, sino que financian campañas políticas, como que, para las elecciones locales de 2015 y las legislativas de 2018, al menos 20 ciudadanos que para la época ya habían fallecido, aparecieron como financiadores de algunos candidatos que resultaron elegidos alcaldes, gobernadores y senadores. Y estoy seguro que para las elecciones pasadas también los finados terminaron votando y financiando varios de los nuevos gobernantes, junto con los carteles de la corrupción que imponen la devolución de favores con cargo al erario por parte de los elegidos.
De ahí que ahora se acaba de aprobar el proyecto de ley que establece de fachada los pliegos tipo en toda la contratación pública, pero con un “mico” como se acostumbra en el contaminado Congreso, de que Colombia Compra Eficiente, tendrá que elaborar los pliegos junto con alcaldías y gobernaciones para que se respete su autonomía constitucional en la materia –llámese: para feriar la contratación pública en beneficio de la corrupción que elige gobernantes para que paguen a sus financiadores, ratificando la vigencia del podrido sistema político electoral que alimenta la plaga corruptora de la mano de la impunidad.
