Amenazas y asesinatos de líderes sociales
Preocupa que se vienen incrementando en Colombia las amenazas y asesinatos de líderes sociales. Este fenómeno es de vieja data: el Estado y el gobierno lo utilizan para detener e impedir la participación de los líderes sociales en los escenarios donde su voz y opinión incomoda. Hoy nuevamente están en la mira de ataques y amenazas. La situación no es nueva, pero lo que intranquiliza es que ahora se vuelve más frecuente y eficaz acallarlos.
El gobierno actual debe desplegar todos los mecanismos y estrategias para asegurar que los líderes sociales, políticos y gremiales cuenten con las garantías necesarias para sus actuaciones sin que la vida de ellos corra peligro. Las acciones contra las bandas criminales, contra las organizaciones insurgentes, deben ser contundente para que estos actores no se conviertan en los eslabones que atenten contra ellos. Al igual se debe evitar que los organismos de seguridad, las Fuerzas Militares o de Policía, no vayan a caer nuevamente en tenebrosas alianzas y terminen haciéndoles favores a políticos y narcos para amenazar y asesinar a sus competidores o a quienes han denunciado casos de corrupción.
En 2019 han sido asesinados 18 líderes sociales y entre enero y noviembre de 2018 el número de muertos fue de 164, cifra bastante alta para un país que empezaba a transitar el camino de la paz después de la firma de los Acuerdos. Las cifras son preocupantes, pero en lo que hay que llamar la atención es que el país empieza a tomar distancia de los mecanismos de diálogo, concertación y consenso, en las formas en que se solucionaban los conflictos de quienes se veían obligados a protestar y a rechazar en las calles o incluso mediante paros o huelgas. Las formas de protestas pacíficas y organizadas son derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia y en las normas internacionales, de ahí que no pueden ser proscritas ni atacadas mediante la fuerza como si fueran actos ilegales. Muchas de las acciones de los movimientos sociales son reprimidas como si no tuvieran sustento jurídico.
Es hora de volver a activar las alarmas en el país y en la comunidad internacional, en especial de las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos para que se ejerza veeduría sobre el papel que debe ejercer el Estado en garantizar la vida de los líderes sociales. Colombia o mejor el Estado en épocas anteriores ha sido señalado por participar directamente o en connivencia con actores armados en asesinatos de líderes sociales o de oposición, lo que le ha valido las más grandes condenas. La situación tiende a complicarse y los mecanismos optados por el Gobierno no son suficientes para evitar este tipo de actos. Hace días, lo medios de comunicación difundieron la sanción a oficiales del Ejército que fueron hallados culpables de un plan para asesinar el senador del Polo Democrático, Alexánder López. Éstos cumplían órdenes de la Superintendente de Servicios Públicos, hoy funcionaria del Gobierno Duque.
