Aliadas para “El Retroceso”  II

Por: José Ferney Ducuara Castro

La Autopista 4G Neiva - Mocoa cuya construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento se encuentra a cargo del Concesionario “Aliadas para el Progreso”, atraviesa uno de sus peores momentos, ya que hoy no solo se debe responder patrimonialmente por los muertos y heridos que han dejado la caída de rocas y el desastroso estado en que se encuentra por la cantidad de “cráteres” a lo largo de la vía, sino que los serios quebrantos económicos del contratista pone en serios aprietos su ejecución.

Al contratista y al Gobierno Nacional no les bastó las oportunas advertencias del Gobernador, ni los reclamos airados de los alcaldes de los municipios del sur, seriamente afectados como Pitalito, así como los clamores y reclamos de los usuarios de la vía, que hoy justamente piden no pagar el peaje de Altamira por el pésimo estado de la vía. La indiferencia de los primeros ha ocasionado la indignación de los huilenses, al punto que nuestros diputados, con gallardía y decoro público tuvieron que encadenarse en la Plaza de Bolívar en Bogotá, para llamar la atención y buscar prontas soluciones.

Atendiendo una solicitud del Ministro de Hacienda, el señor Gobernador decretó la situación de calamidad pública, a fin de que se destinen los recursos necesarios, para la mitigación del riesgo y rehabilitación de la vía por Pericongo, la pavimentación de la vía alterna por Naranjal y la recuperación de la vía Acevedo Pitalito, municipios estos que han tenido que vivir un viacrucis por culpa de esta difícil situación, que adicionalmente de afectar la movilidad de personas y vehículos, ha impactado negativamente el turismo y la economía regional.

Ya están corriendo los tres (3) meses que la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, le concedió al contratista “Aliadas para el Progreso” para que busque los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, bien a través de la banca o buscando un socio capitalista que le inyecte el capital necesario, de lo contrario sólo queda el sendero de la cesión del contrato y en su defecto, la declaratoria de caducidad por los reiterados incumplimientos del contratista, escenario oscuro éste último para la suerte del proyecto, ya que se debe liquidar y empezar de nuevo, con la incertidumbre de que el nuevo Presidente de la República, no tenga interés en su ejecución y todo se quede en el papel.

Mientras tanto y para sorpresa de muchos, el flamante concesionario decidió nuevamente dar paso por Pericongo a un solo carril, a toda clase de vehículos, exponiendo a los usuarios de la vía a una nueva tragedia, ya que ninguna obra de mitigación ha sido ejecutada en el sector y por el contrario, al pasar por allí palmariamente se evidencia la fractura y desprendimiento de rocas de gran tamaño, que en cualquier momento pueden caer sobre la vía y enlutar nuevamente nuestros hogares. En momentos como éstos es cuando la ANI, el Ministerio de Transporte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Supervisor del contrato, deben desautorizar al concesionario y suspender inmediatamente el paso por allí, antes que algo nefasto vuelva a ocurrir. La responsabilidad del Estado no cesa por haber dado en concesión dicha vía.

Colofón de lo anterior es que, mientras todo esto ocurre, la vía se sigue deteriorando, los accidentes por los huecos se siguen presentando y los osados transeúntes que quieran viajar con seguridad al sur deben tomar la trocha, volver a los caminos de herradura como en el pasado, todo por una concesión que debería llamarse “Aliadas para el Retroceso”.