Aliadas para el Progreso SAS. ¿La gran estafa?

Por Julio Bahamon

Los Doctores  Julio Cesar Triana, Jorge Andrés Gechem Artunduaga y Alex Vargas,  Representante a la Cámara y distinguidos Diputados, respectivamente, opinaron  sobre la gravísima situación que se le ha presentado al Dpto. del Huila con la noticia de que a finales de agosto se vence el plazo para culminar la cesión del contrato suscrito, desde hace ya más de 5 años, entre la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y la empresa Aliadas para el progreso SAS, cuya gestión se encuentra paralizada desde la firma del acta de inicio de las obras. Según nos cuentan, este consorcio salió favorecido hace 5 años con la adjudicación de la billonaria concesión, a precios de hoy $3,87 billones de pesos, cuyo objeto es la construcción de la vía de cuarta generación, 4G, que desde Neiva debería haber llegado ya hasta Santana en límites con el Ecuador. Lo malo, lo perverso, es que, primero,  la autoridad vial permitiera que pasaran 5 años sin adelantar acciones correctivas contra el consorcio contratista, y lo segundo,  que la Ani no se percatara, cuando supo de los inconvenientes legales de uno de  los socios,  y  además, que  la sociedad no pudo hacer el cierre financiero,  para entrar a solucionar el problema  de inmediato, por lo que considero que no hubo interés oficial , o no se tuvo la suficiente autoridad para definir la situación, y que la entidad rectora de la modernización de la infraestructura vial  se prestó para que,  el grupo contratista dilatara, en el tiempo, la solución afectando en materia grave el proyecto de construcción del corredor  vial ocasionado perjuicios económicos enormes a las regiones que confiadas esperaban el inicio de las obras redentoras a su economía. Todo lo anterior ocurrió en el gobierno Santos Calderon. De otro lado, a Aliadas se le permitió, inexplicablemente, instalar a la entrada del municipio de Timaná un enorme campamento y,  que al interior ubicara gran cantidad de maquinaria,  equipo que ha estado al sol y al agua todo ese tiempo y,  desde luego, ese conjunto de herramientas,  desde  hace  5 años, viene siendo contabilizada y  monitoreada por la empresa y vigiladas por un cuerpo de ingenieros, de técnicos,  mecánicos y celadores que, muy seguramente hacen parte de la  nómina del consorcio. Con todo está logística que, dicho sea de paso, no ha servido de nada, o muy poco, la empresa contratista seguramente viene exigiendo, previo a cualquier cesión, el reconocimiento del tiempo de toda la maquinaria, guardada, y de los salarios del personal que supuestamente ha “trabajado” para el Consorcio. Esa suma debe ser astronómica y ninguna empresa, en esas condiciones, estará interesada en hacerse cargo del contrato, y a la que le interese la cesión, tampoco se aviene a pagar las exigencias de Aliadas. Es evidente que tal acción ha entorpecido toda posibilidad encontrar una solución al impase. Sin embargo, lo que si no han dejado de cobrar son los peajes localizados, uno en los Cauchos y el otro en el Llano de la Virgen. Hace dos años se calculaba que producto del cobro de peajes en estos cinco años debe haber, en caja, un fondo cercano a los $500.mil millones de pesos o más.  Lo correcto sería que la Agencia Nacional de Infraestructura permitiera que mediante un contrato de fideicomiso esa suma pudiera entrar, proporcionalmente, a   las gobernaciones del Huila, Cauca, Caquetá y Putumayo para que sean los gobiernos departamentales quienes se encarguen de adelantar las reparaciones de la carretera y las obras de mantenimiento rutinario de la vía. En el entretanto, se debe proceder a declarar la caducidad del contrato original y ordenar la apertura de una nueva convocatoria a la ingeniería nacional. ¡Que es ese cuento de traer Ingenieros “Coranochinos”!. ¡Por Dios!  Nuestras escuelas de ingeniería son de las mejores del continente y, así como cacarean con el eslogan, colombiano compra colombiano, también vale decir, Colombia contrata con colombianos. El ensayo con Aliadas falló, y el perjuicio para las regiones es mayúsculo, por lo que podríamos creer que la conducta de la firma contratista se podría constituir en una verdadera estafa a los usuarios de la carretera y a la economía del Sur colombiano. Bien por nuestros voceros del congreso y de la asamblea del Huila.