Al oído del Fiscal General de la Nación

Por: Otoniel Parra

El nuevo Fiscal General Doctor Francisco Barbosa, ha prometido finiquitar la justicia espectáculo, utilizada por los bochornosos fiscales Montealegre y Martínez Neira. Tal cual, el montaje de Montealegre contra Sigifredo López, como coautor del secuestro de los diputados del Valle, a manos de las FARC. Mismo teatro para capturar en  Cartagena a Ernesto Polanía “Pujacho”, alcalde de Palermo. Traído a Neiva en vuelo chárter, esposado y con cinematográfico aliño pasional, parecía un capítulo novelesco de los  Chapo Guzmán. Absueltos Sigifredo y “Pujacho”, de rodillas el fiscal pidió perdón, y con gruesas indemnizaciones el primero se destaca como empresario y el segundo ocupa de nuevo la alcaldía de Palermo. Descresta la Fiscalía, por convencernos de que existe justicia en el país del “cartel de la toga”. Donde se cocina un fallo en el Consejo de Estado, previo un negocio de 3.000 millones, o se sanciona al padre de Colmenares, por reclamar justicia para su hijo. Fabio Espitia, Fiscal General encargado por 10 interminables meses, mientras la Corte se enmermelaba en triquiñuelas para cubrir sus vacantes, se sobró en espectacularidad. Aspirante a magistrado, quizás buscando votos, comisionó a la Fiscal 35 de Bogotá hasta Neiva, en costosa misión detectivesca; carros blindados, cámaras, armamento, periodistas etc, para capturar a una concejal campesina, y los alcaldes entrante y saliente del Municipio de El Agrado Huila, uno de los más pobres y pequeños de los mil cien del pais. Denunció por televisión trasteo masivo de votos y el seguimiento a la Alcaldesa Waldina Losada Vega seis meses antes de las elecciones por una supuesta y futura participación en política. Catalogada como la mejor del Huila y una de las primeras de Colombia, consiguió 65.000 millones para viviendas, placa huella rural, megacolegio, canalizaciones, carreteras, proyectos productivos etc, cifra inalcanzable proporcionalmente por alcalde alguno, tendría respuesta electoral. Capturas en vísperas de la rendición de cuentas y posesión de los elegidos; audiencia cargada de insultos contra los procesados; medida de aseguramiento insólita contra la presunción de inocencia y para desatar apelación, el término máximo entre rejas. Una comisión sobrante en Neiva, donde fungen imparciales y competentes fiscales; impuesta al parecer por un poder político superior. Algo así como una gestión de parte, para resolver un pleito político parroquial, donde al final resulten indemnizaciones cuantiosas del presupuesto público, por llevar inocentes a la cárcel. Entonces, obligación de pagar y pedir perdón, mas no por las culpas ajenas, Señor Fiscal General de la Nación.