Ajuste constitucional

En la teoría de la ciencia política se define a las instituciones como el conjunto de órganos, factores de poder, liderazgos, propósitos, régimen jurídico, orígenes culturales, valores y principios sustanciales que orientan y sustentan determinada sociedad.

Generalmente se habla del régimen institucional de una Nación para establecer cuáles son sus principales características, las cuales se reflejan en el modelo constitucional que determina su organización social, política y jurídica.

En los sistemas democráticos siempre se privilegia a la Constitución como la norma de normas, donde la concertación política es la que le da su indiscutible legitimidad. La teoría de la división de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial aún sobrevive como el natural equilibrio que garantiza el uso legítimo del poder.

Es una verdad inocultable que las sociedades van evolucionando en los diversos aspectos de su convivencia, jalonados por el desarrollo científico y tecnológico, pero también por diversos fenómenos sociales, culturales y económicos que han conducido al ser humano a la llamada postmodernidad donde la soledad; la discriminación; la codicia por alcanzar el éxito medido por la capacidad de obtener bienes materiales, reconocimiento y poder; individualismo mezquino y egoísta; ansiedad; y pérdida o inversión de sustanciales valores éticos y morales; están causando una profunda crisis que se evidencia diariamente en la gran mayoría de países en los cuales reina la confusión, la anarquía y la incertidumbre.

Incredulidad y desconfianza en todas las formas de gobierno, rechazo generalizado a los políticos, profusa opinión anárquica y apasionada en las diversas redes sociales son factores que vienen consolidando el populismo demagógico que se mueve en los extremos ideológicos.

Por otra parte, es evidente que la ausencia de liderazgos fuertes, conviventes y conciliadores; inspirados en claros principios éticos y morales orientados únicamente al servicio eficaz del bien común, es otro elemento que contribuye a explicar en buena parte las razones de la crisis.    

En éste contexto conceptual es ya indiscutible que la ponderada Constitución del 91, con las reformas que se le han introducido a través de numerosos Actos Legislativos, más de treinta en 27 años, exige adoptar decisiones trascendentes que permitan actualizarla en varios aspectos cruciales para superar la enorme crisis social, ética, moral e institucional que padecemos.

Sin duda alguna las más apremiantes son las de los ajustes institucionales al sistema político y electoral; al sistema de justicia; a la estructura del Estado; al régimen fiscal y tributario; al sistema pensional; y la estructuración de una verdadera política pública criminal para derrotar la corrupción política y las organizaciones criminales.

Ahora que el presidente Duque presentará al Congreso su PLAN DE DESARROLLO, instrumento con el cual plasmará sus propuestas de gobierno, en el entendido que ha formulado su invitación a todas las fuerzas políticas para concertar UN GRAN PACTO POR COLOMBIA; es la oportunidad histórica para que los actores políticos y el conjunto de nuestra sociedad civil, actúen con visión de largo plazo y sin mezquindades ideológicas o políticas, para acordar las bases de los ajustes institucionales que reclaman con urgencia todos los sectores sociales de nuestra población.