Afrenta a la justicia
En una completa burla a la justicia, se están convirtiendo las reiteradas fugas de presos de algunas cárceles del país, producto de artimañas y engaños que ponen en duda la efectividad de los sistemas de seguridad implementados por el Inpec y las autoridades colombianas. Casos concretos, como lo acaecido con la fuga de Jesús Santrich, que después de tres intentos de evadir el cerco de protección que tenía establecido el gobierno nacional, el ex negociador abandonó el lugar donde se encontraba, después que fuera liberado el pasado 29 de mayo por decisión de la JEP, al no encontrar las pruebas que lo comprometieran directamente con el envío de cocaína a los Estados Unidos. Actualmente se encuentran prófugos en el vecino país de Venezuela, con los narcoterroristas Iván Márquez, el Paísa y Romaña, entre otros, quienes inicialmente se habían sometido a la fase de implementación del Acuerdo Renegociado de Paz.
Pero la taza se rebozó el martes anterior. Por deficiencias de la custodia de la exsenadora Aida Merlano, huye de manera inesperada cuando estaba siendo atendida en un consultorio de la capital de la República. Los medios de comunicación han divulgado la forma cinematográfica como se presentó la huida de esta prófuga. Estas fallas sistemáticas del Inpec, que han venido sucediendo, no pueden seguir ocurriendo en el futuro. Es una vergüenza para el país, que la corrupción esté permeando el manejo de las cárceles en el país.
Además, los que se encuentran privados de la libertad, que carecen de recursos económicos, se ven sometidos a las grandes limitaciones en la satisfacción de sus necesidades. Pero en contraste, con algunos personajes de la política colombiana, son tratados como reyes en sus sitios de reclusión, como sucedió con esta delincuente, que, aprovechando sus influencias, logró superar todos los cercos de seguridad para evadirse. Hay necesidad de ponerle coto a estos engaños. Mostrarse en mal estado de salud, para salir de las prisiones, no pueden volver a suceder, ante los ojos de una sociedad colombiana, que se encuentra desconcertada y desconfiada del papel que desempeñan las instituciones oficiales.
Los responsables deben ser llevados ante la justicia. No más laxitud. El pueblo colombiano clama justicia y espera que se esclarezcan los hechos. La solución no es acabar con el Inpec. Hay necesidad de reestructurarlo y modernizarlo para que pueda cumplir de manera eficiente su función de custodia en todas las cárceles del país. Igualmente se deben mejorar las condiciones de estas instalaciones, brindándoles todas las condiciones para atender cualquier situación que se les presente a los reos.
