Afrenta a la JEP

La gran polarización política en que se encuentra sumida la sociedad colombiana, desde que se inició el presente gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, que ha convertido el Acuerdo Renegociado de paz, como el punto de discordia entre los voceros del Centro Democrático y los demás sectores políticos que conforman la Unidad Nacional, que son los que se han convertido en los defensores a ultranza de los Leyes y Actos legislativos que han hecho tránsito en las instancias legislativas, para dar cumplimiento con la fase de implementación de los mismos. Desafortunadamente la atención del accionar gubernamental, solo se focalizó en atender los requerimientos para sacar adelante el proceso de paz y se descuidaron las estrategias que se debían emprender para contrarrestar la preocupante desaceleración económica y que tiene al sector productivo en serios aprietos por la disminución de la demanda agregada del país. Es muy triste ver las confrontaciones verbales entre las diferentes bancadas parlamentarias sobre el futuro del proceso de paz y nunca se ven debates serios sobre las temáticas que verdaderamente interesan a los colombianos. Por eso la pérdida de credibilidad en la gestión parlamentaria y que los sondeos realizados por las empresas encuestadoras reflejan unos indicadores muy pobres, sobre la gestión del actual presidente y de los parlamentarios.

Es risible que el desgaste de los partidos políticos ha sido tal, que los mismos aspirantes presidenciales, les da pena aspirar en nombre de los mismos y prefieren utilizar los mecanismos de participación ciudadana, a través de la firmo democracia. Respecto a lo que pueda suceder sobre la implementación y adopción del Acuerdo de paz y que fue considerado como histórico el fallo de la Corte Constitucional, al blindar jurídicamente el futuro de toda la normatividad que se ha promulgado para reglamentarlo y que, durante los próximos 12 años, los gobiernos presidenciales, deberán acatar íntegramente todo lo pactado en el mismo, ha generado una incertidumbre por el aval que ha dado la Registraduría Nacional del Estado Civil, a los congresistas Paola Holguín, Álvaro Hernán Prada y Paloma Valencia, para que impulsen a través de un Firmatón, el referendo que conduzca a tumbar algunas normas relacionadas con la Jurisdicción Especial de paz (JEP), encargada de juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto y evitar la posible participación política de los responsables de crímenes de lesa humanidad y por consiguiente acabar con el blindaje jurídico de los negociado en la Habana Cuba. El camino de este proceso democrático como éste, no es fácil. A partir de ahora, el Centro Democrático tendrá seis meses para recoger 1.783.571 firmas equivalentes al 5% del censo electoral, que es el umbral exigido por la ley. Luego deberán presentar el proyecto en el Congreso, donde deberá cumplir el proceso de una ley ordinaria, es decir 8 debates (4 en cámara y 4 en senado). Allí se decidirá si es aprobado o no. Sí se aprueba, irá a las urnas, donde el constituyente primario decidirá.