Acuerdo de desarme y corrupción
Para quienes hacemos el ejercicio de columnistas en los medios resulta muy complicado evitar temas que tienen alta incidencia en la vida nacional, razón por la cual, podemos aparecer reiterativos, pero las realidades son avasallantes y los hechos se suceden de manera vertiginosa.
Esta circunstancia ocurre ahora con el Acuerdo Final dado que éste se pactó para desarrollarse por etapas y ha concluido la de desmovilización, desarme y reintegración a la vida civil para que las Farc se convirtieran en partido político.
Así mismo, crece la ola de informaciones relacionadas con actos de aberrante corrupción política y judicial, la que por su altura y magnitud tiene indignados a todos los colombianos sin distinciones de ideologías o credos políticos.
En relación con el AF es cada vez más evidente que su objetivo era el desarme de las Farc, a cambio de generosas e inconvenientes concesiones otorgadas por el gobierno Santos; la fuerza política de la Unidad Nacional y el apoyo de amplios sectores de la diplomacia internacional encabezados por la ONU, la misma diplomacia que no ha intervenido eficazmente para que cese la dictadura de Maduro.
No obstante, tal AF se nos quiso vender a los colombianos como el logro de LA PAZ, propósito perverso en el cual se han gastado más de 15 billones de pesos del tesoro público y que fue rechazado en el plebiscito, decisión democrática que fue pisoteada por el gobierno; el Congreso y el discutible aval de una mayoría precaria en la Corte Constitucional.
Viene ahora la discusión sobre los dineros acumulados por el grupo insurgente durante los últimos 30 años de su accionar delictivo, especialmente de narcotráfico, secuestro y minería criminal. Con el cinismo que les caracteriza insisten en que son precarios, mientras la Fiscalía asegura que corresponden a varios billones de pesos. Pero además, pretenden, desconociendo a sus miles de víctimas, que tales recursos sean destinados con prioridad para la reintegración de sus excombatientes y para el financiamiento de su actividad política.
Entregaron un poco más de 8.000 armas, una por cada combatiente, pero nada se sabe aún de las 900 caletas donde se presume que está su verdadero arsenal de guerra. En relación con los menores, liberaron y devolvieron 112, cuando las cifras oficiales conocidas permiten establecer que eran cerca de 1.200.
Estas son pues las realidades que hoy podemos observar acerca del desarme, a cambio de impunidad para los responsables de los delitos de lesa humanidad; blindaje contra la extradición por narcotráfico; elegibilidad política para los responsables de delitos atroces; 1.200 excombatientes armados por el Estado y con sueldos oficiales de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS MENSUALES para oficiar como escoltas de los jefes y cabecillas, entre otras gabelas.
Ahora la estrategia diseñada es que nos reconciliemos y perdonemos los desafueros cometidos en la rebelión contra la sociedad y el Estado y para tal propósito le tendieron la celada a Su Santidad Francisco, pues la implementación constitucional de tales gabelas está planteada para los próximos 12 años.
En relación con el tema de la aberrante corrupción es poco lo que se puede decir por ahora, simplemente que “ nada hay oculto bajo el sol “, como expresa el viejo refrán.
Los exmagistrados y senadores que han sido expuestos por los organismos de investigación norteamericanos al ser delatados por el exgobernador Lyons, en su relación espúrea con el exfiscal Moreno y su abogado cómplice, constituye apenas la cuota inicial de la podredumbre que habrá de revelarse.
En tales circunstancias se puede aventurar una conclusión. El largo y tedioso proceso con las Farc fue la columna de humo perfecta para que floreciera la aberrante corrupción, pues los dineros de Odebrech financiaron la reelección de Santos y con la mermelada de los cupos indicativos los congresistas del gobierno acabaron de corromper la rama judicial.
El Papa Francisco tendrá entonces que desistir de bendecir el AF y en cambio, debería esparcir mucha agua bendita para exorcizar tanto demonio y extirpar la corrupción.
Coletilla. El senador Andrade tiene a su favor la presunción de inocencia pero los indicios son graves. Por dignidad y decoro debería renunciar a la Presidencia del conservatismo pues además viene incurriendo en claro conflicto de interés al promover desde allí a su hermana para endosarle la curul.
