A respetar la constitucionalidad
Desde que se empezó a implementar el Acuerdo Renegociado de Paz, las Farc eran conscientes de proceso del trámite legislativo de todo el articulado, que les permitiría incorporarse legalmente a la civilidad colombiana. Conocían de antemano que todo iba a ser debatido en cada una de las sesiones que se iban a adelantar y que podrían sufrir algunas modificaciones dentro de la estructura misma. Era iluso pensar que todas la Leyes, debían estar sometidas a la voluntad del ex grupo narcoterrorista más violento que tuvo el país durante más de 50 años, para atender sus demandas y requerimientos. En la Habana Cuba, el gobierno fue claro y preciso en el cumplimiento gubernamental de todo lo pactado. Pero una cosa es diferente, porque la legislación pertinente para tal efecto debe sortear algunos caminos para que se pueda cristalizar y consolidar definitivamente el proceso de paz. Todos los colombianos somos testigos de la dinámica del Congreso de la República, quienes aprueban sus Leyes a su acomodo y para seguir manipulando el poder de acuerdo con sus intereses, como actualmente está sucediendo con la aprobación de la reforma política que se está debatiendo en la unidad legislativa. Hay que reconocer la voluntad política que ha tenido este grupo exguerrillero, para someterse a la legalidad colombiana. Su desmovilización y dejación de armas ha permitido generar unos espacios de reconciliación y de armonía en las regiones donde hicieron presencia. Además, han venido cumpliendo con todos los protocolos pactados en el Acuerdo.
Cambiar las balas por votos y someterse a la voluntad del constituyente primario para acceder a las curules del congreso y aspirar a la presidencia de la República es plausible, así nos parezca un esperpento jurídico, tener que reconocer tal situación. Pero esa es la realidad que debemos asumir los colombianos y es el costo político que ello implica. Son los grandes sapos que debemos tragarnos para lograr la pacificación y la reconciliación que merecemos. Pero es preciso recordarles a los voceros de las Farc, que deben aceptar con altura, las implicaciones que nos impone la democracia y que es deber de todos los colombianos aceptar lo preceptuado legalmente, porque estamos inmersos en un Estado Social de Derecho. Ustedes gozan también de todas las garantías constitucionales que le brinda el país y que gozamos toda la población de este país. Es injusto que una vez, se haya conocido el contenido de la sentencia de la Corte Constitucional, que limita el accionar jurídico del proceso de aprobación en el legislativo de la JEP, salgan a despotricar a través de los medios de comunicación sobre los fallos emitidos y las decisiones del Congreso de la República. No se deben preocupar. Ustedes tienen definidas las respectivas curules para el próximo periodo constitucional. Y ese será el espacio que les brinda la democracia para presentar todas las iniciativas que redunden en su bienestar y en el de todos los colombianos.
