Tormenta chilena

Las recomendaciones tomadas por el Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, sobre el accionar gubernamental en algunos países latinoamericanos, han conducido a tomar medidas neoliberales, que afectan el bienestar de la población en algunos Estados. Lo anterior ha venido provocando una reacción a través de violentas protestas sociales, que han convertido en mecanismos de presión para echar atrás dichas medidas lesivas. Recientemente en Ecuador, tras una jornada violenta de once días, provocado por el paro indígena que condujo a la parálisis económica en el vecino país, el presidente Lenin Moreno derogó el Decreto 883 que eliminaba los subsidios a los combustibles, que se había convertido en el detonante de la oleada de protestas en Quito.

Similar situación se ha presentado en Chile. La decisión de subir el pasaje del metro generó manifestaciones callejeras, que se tornaron en violentas protestas que han terminado en actos de vandalismo y saqueos a pesar del toque de queda impuesto en la capital. Quince muertos, entre ellos dos colombianos, decenas de heridos y más de 1.500 detenidos, son el doloroso saldo de los enfrenamientos. Las causas de fondo y la forma en que el presidente ha manejado la situación le han generado fuertes críticas.

De nada ha servido haber derogado este Decreto. A pesar de las severas medidas de seguridad adoptadas, los hechos de vandalismo continuaron con centenares de establecimientos saqueados, incendio del edificio de la Contraloría, así como la propia red del metro.

Al escribirse estas líneas, la situación seguía siendo muy tensa, principalmente en las calles de Santiago y otras ciudades de Chile. Lo que está en juego no es poca cosa, y aunque por el momento Sebastián Piñera parece fuerte, al menos deja claro que está ante el mayor desafío de su mandato. Ojalá se impongan las vías del diálogo y la concertación, que tarde o temprano deberán llegar, pues el tamaño de los retos que les esperan al país austral y su economía así lo obligan.

Lo anterior es un llamado de alerta para las autoridades económicas de los demás países latinoamericanos. En el caso específico de Colombia, el equipo económico del presidente Iván Duque Marques, no puede seguir impulsando la formulación de políticas que conduzcan a afectar el nivel de ingresos de la población colombiana.

No se puede seguir pensando en la presentación de nuevas reformas tributarias, flexibilización laboral, reformar el sistema de pensiones y en el aumento de los precios de los combustibles, entre otras medidas que van en contravía del bienestar de los colombianos. La paciencia tiene sus límites.