El derecho a la burla y el derecho al buen nombre

El expresidente explotó con injurias y calumnias en contra del reconocido periodista, debido a las reiteradas burlas de este en contra de Uribe, Paloma Valencia y su hija recién nacida, de quien se mofaba por su inusual nombre. Este episodio amerita una reflexión desde una perspectiva constitucional.

La actividad periodística y humorística es ejercida en virtud de la libertad de expresión. La sátira a través de la burla critica y ridiculiza a los personajes visibles de la vida pública, principalmente a los políticos quienes, dicho sea de paso, no son muy bien vistos por el público debido a sus conocidas prácticas.

Aquí es cuando cabe la pregunta: ¿cuál es límite entre el derecho a la burla y a la sátira política y la protección al buen nombre de quien es sujeto de la mofa?

Cuando el humorista político hace uso de su libertad de expresión mediante las columnas, las caricaturas o los programas de humor, no debe transgredir la frontera que separa la bufa de la ofensa o incluso de la incitación al odio, límite demasiado difuso y que fácilmente puede ser quebrantado.

El humor, la sátira y la burla no deben considerarse una violación al buen nombre o una ofensa, ya que el público en general sabe que la función del humorista es hacer humor, sin que lo dicho por este se deba considerar como cierto pues todo es fruto de la creación y la exageración. Además, los políticos como personajes públicos, deben estar en constante vigilancia por parte del público y de los periodistas.

La actividad de los humoristas políticos debe gozar de plena protección en los Estados democráticos, ya que en ocasiones son víctimas de la violencia como ocurrió con el caso de Jaime Garzón. En conclusión, cada parte tiene derechos y deberes: el humorista no debe hacer humor con acusaciones difamatorias o personales y el político simplemente debe aguantar pacientemente los chistes que hacen sobre él. Ese es el precio de la política. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).