2019, año sin Acuerdos
El personaje del año 2019 fue la falta de consenso y de acuerdos para avanzar en la superación de los grandes problemas que afronta la Nación. Reflejo de ello es el decreto del Gobierno Nacional que fijó el salario mínimo para los millones de ciudadanos, ante la imposibilidad de llegar a un consenso entre las partes que conforman el Consejo Nacional de Política Salarial. De este organismo hacen parte los trabajadores, empresarios y representantes del Gobierno Nacional. Se esperaba un acuerdo antes de que se llegara a la decisión gubernamental.
La negociación, a diferencia de los años anteriores, estuvo precedida de la movilización nacional liderada por las centrales obreras y las organizaciones sociales; la discusión y posterior aprobación de la Reforma Tributaria o Ley de Crecimiento en el Congreso de la Republica, desconociendo de manera abierta las exigencias del Comando Nacional de Paro; al igual que el debate presentado por los congresistas alternativos, exigiéndole al Congreso una reforma para que se modifique el régimen salarial de los parlamentarios. Toda esta situación refleja a todas luces la mezquindad y decidía de la clase dirigente y política cuando se trata de beneficiar a los colombianos en materia de política salarial.
Traigo a colaciones estos tres aspectos, que demuestran como la forma en que son tratados los grandes problemas, han permitido a la ciudadanía tener más elementos para seguir exigiendo al gobierno colombiano cambios profundos en la macroeconomía y microeconomía, se está alimentando con mayor fuerza la inconformidad y la protesta de los ciudadanos del común en el país.
Los colombianos ya no se comen el cuento que el aumento del salario mínimo por encima de la inflación atenta contra la generación de empleo, argumentos baladíes y falaces que siempre ponen sobre la mesa de negociación los empresarios que representan al sector privado y el Gobierno Nacional. Los patrones que se sientan a la mesa pertenecen a las grandes sociedades del capital y ninguna de ellas encarna a las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia. Es la forma más discriminatoria, sesgada y defensa a ultranza de los gremios económicos y sus intereses individuales.
En una nación como la nuestra no se entiende como los congresistas trabajan ocho meses y se les pagan doce, como el aumento salarial de ellos está cercano al diez por ciento y los de los trabajadores apenas llega al seis por ciento. Este país no comprende cómo mientras para los trabajadores se discute y se mangonea por un aumento del seis por ciento, en la Ley de Crecimiento, a las grandes empresas se les reducen los impuestos de renta; sin contar las exenciones que muchas de ellas mantienen, gracias al régimen preferencial que los legisladores les otorgan, por el lobby realizado y los aportes recibidos durante la campaña electoral.
