¡Vías para el subdesarrollo!
Por: Néstor Pérez Gasca
Las vías que atraviesan nuestro departamento parecieran destinadas para promover el subdesarrollo, o al menos así lo demuestra la realidad a la que nos enfrentamos todos los días los ciudadanos y usuarios de estos trayectos. Es inconcebible la perfidia con la cual Aliadas para el “Progreso” nos viene enterrando por el camino de la penumbra. El desasosiego es el desayuno de los irritados transeúntes, que no entienden cómo una obra de tan cuantiosa inversión ($1,4 billones), en lugar de mejorar la movilidad de nuestra región, la ha defraudado y condenado al fracaso.
Esta estafa que se planeó como: “La IV Generación de concesiones” pretendía, o al menos en el papel lo señalaba, desarrollar importantes proyectos de infraestructura vial para el departamento, con la anuencia de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) y el FONADE (Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo), que apadrinaron el CVC (Consorcio Consultoría Concesiones Viales de Colombia), quien era el encargado de estructurar los corredores viales: Puerto Salgar-Girardot-Neiva-Mocoa-Santa Ana. Con todo lo anterior, los ciudadanos abrazamos la ilusión de que, ¡por fin!, el valle del Magdalena volvería a sus épocas doradas de desarrollo, como cuando el olvidado “Caracolí” en la ciudad de Neiva, era un importante y reconocido puerto fluvial en el cual desembarcaba el progreso, gracias a lo conveniente y fluido que resultaba el transporte por nuestra arteria patria -el río Magdalena-.
Mientras todo esto ocurría, en el año 2014 iniciamos una Acción Popular que correspondió al Juzgado 4 Administrativo de Neiva, en el cual se solicitaba a la justicia “Garantizar y hacer efectivo los derechos colectivos al goce del espacio público, la seguridad y salubridad pública y goce de un ambiente sano”, consagrados el Artículo 88 de la Constitución Política y el Artículo 4 de la Ley 472 de 1998. Por aquella época le había advertido a las autoridades Nacionales y Departamentales que: “El transporte de Sustancias Peligrosas por nuestras carreteras, conocidas como ruta 45, no solo afectaría nuestro Medio Ambiente, la integridad y la vida de las personas, sino también, como en efecto viene sucediendo ¡las vías! ”. No fue necesario un atiborrado pergamino o estudio técnico para establecer la relación directa entre los vehículos de grandes dimensiones cargados de sustancias peligrosas, con el estado de nuestros desdichados y agonizantes caminos, que no soportan siquiera el transporte de carga ordinaria.
Adicionalmente, uno de los mayores indicadores de accidentes conexos con estos vehículos está relacionado con el mal estado de las vías, que a su vez es el resultado del abuso y poco mantenimiento de las mismas.
Finalmente, el Gobierno Nacional patrocinó hace unos meses un acuerdo de cesión de derechos entre las empresas de la familia Solarte (dueños de Aliadas) y William Vélez Sierra, quien representa los intereses el grupo empresarial antioqueño ETHUSS; hasta ahora pareciera la única solución para nuestro departamento, pero el “truco” nació con la Ley 1882 de 2018, que en su Artículo 20, dispuso: será aplicable a la liquidación de los contratos de concesión de infraestructura de transporte celebrados con anterioridad a la vigencia de la Ley 1508 de 2012, legitimando el fraude de los contratistas, pues en lugar de aplicar la ley en rigor -la caducidad contractual-, y así sancionar de manera firme y ejemplar a estos empresarios incumplidos, por el contrario, les da el beneficio de cesionar o liquidar los contratos, contribuyendo enormemente a la impunidad y el detrimento patrimonial, como también se evidencia ahora con las pretensiones del Grupo Aval por la Ruta del Sol y el famoso caso Odebrecht, pues increíblemente los Colombianos le quedamos debiendo a los corruptos .
