¿Tenemos política criminal?
En los sistemas democráticos tanto la sociedad como el Estado deben estructurar políticas públicas que se dirijan a satisfacer las necesidades colectivas, en el propósito de garantizar, entre otros, el indispensable equilibrio entre derechos y deberes.
Una de las más importantes es la que se refiere a la seguridad ciudadana dirigida a estimular y promover la sana convivencia social, la cual exige un sistema de justicia; unos organismos técnicos y científicos de investigación; una normatividad constitucional y legal que al tiempo de proteger al ciudadano debe también garantizar el debido proceso judicial del delincuente y su dignidad humana; y una fuerza pública que en sus diversas modalidades constituya la necesaria legitimidad del uso de las armas.
En tales condiciones la política pública criminal debe obedecer a criterios claros, consistentes y coherentes que, por una parte, prevengan el delito y disuadan al delincuente; y por otra parte, las penas señaladas en la legislación sean severas y consecuentes con la gravedad de la conducta y su grado de afectación a la sociedad.
Es también de singular importancia el que esa política pública tenga la capacidad de adaptarse a las cambiantes circunstancias de la criminalidad, pues ésta evoluciona con la creatividad del delincuente y exige por tanto que el Estado y la sociedad se adelanten previsivamente para poder neutralizarla.
Una mirada crítica al sistema actualmente vigente en Colombia permite sugerir diversas conclusiones.
La primera y quizá más importante, es que el sistema penal vigente ha sido arrasado por la actividad criminal, causando la aberrante impunidad que venimos padeciendo, hecho que sin duda alguna propicia y estimula, en muchos casos, el que se generalice la intención de “ hacer justicia por su propia mano”.
El sistema no ofrece un adecuado equilibrio entre las garantías procesales al sindicado o imputado con el de las víctimas, pues en muchos casos éstas no disponen del apoyo real de los organismos del Estado para hacer valer sus derechos a la reparación integral, teniendo que acudir a los servicios profesionales del abogado cuyos costos no están a su alcance. El Ministerio Público que ejerce la Procuraduría generalmente se dirige a vigilar la legalidad de la actuación, cuando su misión fundamental es la de proteger los intereses de la sociedad frente al delito que la agrede.
El sistema acusatorio descarga en la Fiscalía toda la responsabilidad de la investigación sin que ella disponga de los avances técnicos y científicos suficientes ni del recurso humano especializado en tan delicada función, cuando por otra parte, los más sofisticados criminales disponen de recursos económicos y de apoyo legal para defender sus intereses.
El principio de oportunidad, la colaboración eficaz y los estímulos para la delación han degenerado el sistema favoreciendo el entramado de intereses que hoy conocemos como el cartel de los falsos testigos.
Para completar la dramática situación, los conocidos escándalos del llamado “ Cartel de la Toga” han asestado un golpe mortal a la credibilidad y confianza en el sistema judicial, aumentando la confusión e incertidumbre que hoy se respira en todos los niveles de la población.
Capítulo aparte merece el sistema carcelario que no regenera al delincuente si no que lo especializa en su actividad criminal, además de que el hacinamiento y las condiciones del sistema atentan contra la dignidad humana.
En conclusión, el sistema vigente y la nueva Justicia Especial para la Paz, constituyen el mejor estímulo para la impunidad en donde el ciudadano queda inerme e impotente, razón por la cual, se hace realidad el que “ ser pillo paga”.
