¿Quién miente en el municipio?
En manos de la Procuraduría General de la Nación, del Gobernador Carlos Julio González Villa y de la Contraloría, quedó la legitimidad del Acuerdo por el cual el Concejo autorizó al alcalde de Neiva para endeudar al municipio por 30 mil millones de pesos.
Y no es precipitado mencionar, que probablemente la Fiscalía tendrá que dilucidar si existe falsedad documental, que puede ser falsedad ideológica, si se establece que lo dicho en la plenaria por el concejal Juan Carlos Perdomo, es verdad, y el Acuerdo 0019 de enero de 2019 fue alterado y nació con vicios de ilegalidad, como según parece, para encapuchar el posible delito cometido por funcionarios del municipio.
El propio concejal Juan Pablo Perdomo, aseguró y alertó ante la plenaria que la reunión del Consejo de Política Económica, Comfis, en el cual se le dio aprobación al proyecto de endeudamiento presentado al Concejo Municipal fue realizado el día 16 de enero, cuando el alcalde encargado Rafael Yepes Blanco, aún no tenía facultades, porque su encargo comenzaba desde el 18 de enero.
De acuerdo con el decreto 0019 de 2019, por el cual se nombró a Yepes Blanco como alcalde encargado, al decir del Concejal Perdomo, quien exhibió el documento antes sus colegas y yo estuve presente, estaba fechado el día 16 de enero y ordenaba que las facultades como alcalde encargado comenzaban únicamente desde el día 18 de enero de 2019.
Con sorpresa vemos que hoy aparece en la página oficial de la alcaldía el mismo decreto 0019 de 2019, fechado el día 15 de enero y ya no está escrito que las funciones comenzaban desde el día 18 si no “a partir el 15 de enero y hasta el tiempo que dure la ausencia del titular” Rodrigo Lara Sánchez, de quien se aseguró estaba el 16 en el Ministerio de Defensa y Coldeportes.
Señor concejal Perdomo y alcalde Lara ¿Quién dice la verdad o quién miente?, pero la situación no puede quedar oculta porque están en juego nada menos que 30 mil millones de pesos, con los que el municipio de Neiva quedará endeudada en los próximos 10 años y, los siguientes tres alcaldes no tendrán capacidad de endeudamiento y se estancará la inversión social en Neiva.
Esta situación tiene especial importancia, porque el mandatario o los funcionarios que se atrevan a alterar documentos públicos, destruyen la verdad y la Corte Suprema de Justicia en diferentes sentencias ha dicho, que este delito plasmado en el Art. 289 de Código Penal, “es una violación de peligro” que afecta el interés general de la comunidad, por la confianza que se deposita en estos.
Testigos de lo que estoy diciendo están los concejales que asistieron al segundo debate y el Concejo tiene las grabaciones correspondientes, ojalá no las vayan a alterar, porque será peor para los responsables.
Llama la atención esta delicada situación en el Gobierno de Rodrigo Lara, que presentó “la mejor hoja de vida” y es necesario que se aclare quien dice la verdad, si los funcionarios del municipio alteraron el contenido autentico, o el concejal Perdomo, mintió.
En esas condiciones, cobra especial interés el Control de Advertencia elevado ante la Procuraduría General de la Nacional por el Concejal Juan Carlos Ramón, miembro de la Comisión de Presupuesto, para que ejerza control preventivo antes de que el alcalde contrate el empréstito con la banca privada, por cuanto no se circunscribe al Plan de Ordenamiento Territorial, POT vigente, ni al Plan de Desarrollo, ordenado expresamente por la Ley.
Además está en manos del Gobernador Carlos Julio González, el control de legalidad del acuerdo que autoriza a alcalde a comprometer los 30 mil millones, que entre otras cosas, se invertirán en bombillería, como plata privada en las Empresas Publicas, como si esta actividad estuviera priorizada y no se pudiera ejecutar gradualmente en la medida de los ingresos por el servicio de alumbrado público.
Además, hay concejales que dicen ser ambientalistas y ni siquiera priorizaron la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, que ya tiene medida cautelar judicial.
Inclusive, la Veeduría Ciudadana para el alumbrado público, ha hecho las observaciones al alcalde y los concejales para buscar alternativas y evitar que se endeude al municipio y se manejen los recursos sin un control efectivo.
Como se denuncia que no existe un análisis profundo de la alcaldía sobre la conveniencia y justificación para endeudar al municipio, como nunca antes se había hecho, es necesario que el Gobernador, la Procuraduría y la Fiscalía, tomen cartas en el asunto y no permitan un posible detrimento patrimonial que todavía se puede evitar.
