¡Qué vergüenza de justicia¡

A la entrada del edificio que alberga la gran mayoría de nuestros despachos judiciales se lee el epígrafe que expresa “ justicia es dar a cada quien lo que le corresponde “.

Como complemento a la necesidad de garantizar una sana convivencia social y el valor supremo de la Paz, nació lo que ahora se conoce como el Derecho Penal, el cual se ejerce a través de un sistema que integra tales normas y de los órganos que lo administran.

El protagonista es el Juez o Magistrado que valora la conducta y decide la condena o la absolución. Desde luego, quien es sometido a la investigación y el juicio, es asistido por un defensor, quien se encarga de controvertir y/o aportar los elementos probatorios dirigidos a obtener la absolución del implicado.

Por encima de ellos, Juez o defensor, existen las garantías constitucionales que aseguran un juicio justo. Cabe advertir que como ocurre hoy en Colombia, donde se aplica el llamado sistema acusatorio, existen las etapas de la investigación o acusación y la del juicio. No obstante, las garantías deben aplicarse en cada una de ellas.

Antes del Acuerdo de Paz la cúpula estructural del sistema era la Corte Suprema de Justicia pero hoy dicha preeminencia le fue cercenada, pues la comparte con la llamada Justicia Especial de Paz “ JEP “, hecho que agravó la crisis del sistema.

Para garantizar el principio constitucional de la doble instancia a que tenemos derecho todos los ciudadanos, la Constituyente del 91 excluyó de tal principio a los congresistas, bajo el criterio que, por su excepcional condición de ser legisladores, su conducta debería ser mucho más transparente, distinguiendo entre si el hecho delictivo se realizara durante el ejercicio de sus funciones o fuera de ellas.

Recientemente la Corte Constitucional en su función de guardiana de la Carta, decidió que tal principio de la doble instancia también debe aplicarse a los aforados que son los congresistas y altos dignatarios del Estado, beneficio que se discute si tiene o no aplicación retroactiva y que dejó a la competencia del Congreso.

Mientras ello ocurre, avanza como un tsunami la ola de corrupción en la política, en la administración pública y en el sistema judicial; es decir, en los altos niveles de quienes dirigen las tres ramas del poder público. Sin duda, la mayor indignación se focaliza en el llamado “ Cartel de la Toga “; pues como dice la frase bíblica “ si la sal se corrompe …“ vendrán la disolución y la anarquía.

Para colmo de la vergüenza, están quedando en libertad por la figura procesal de vencimiento de términos, personajes como el exmagistrado Ricaurte, Palacino el de Saludcoop; Reynoso el de Reficar, entre otros, presuntos responsables de multimillonarios desfalcos al tesoro público. 

Con el llamado a indagatoria al expresidente y Senador Uribe por los magistrados de la Corte, se agrega un nuevo elemento de indignación, pues si bien es cierto tal figura es una oportunidad de conocer las imputaciones y de rendir los descargos, también es verdad que por el indiscutible liderazgo que éste representa y además en medio del debate electoral, lo prudente y sensato era haberle permitido una versión libre, reiteradamente solicitada y así mismo negada de plano por la Corte.

No habría de extrañar que los millones de seguidores del expresidente acuñen y hagan viral la siguiente frase: “ Santrich libre-  a Uribe lo quieren preso Santos y el “ Cartel de la Toga “. ¿ Y de Odebrecht cuándo se sabrá la verdad?.