¿Política criminal en veremos?
Por: Néstor Pérez Gasca
Los delitos y la criminalidad vienen creciendo de manera desmesurada y alcanzan niveles inesperados en América Latina; es por esto que es imprescindible continuar buscando personas idóneas y expertas que ayuden a solucionar esta clase de conflictos sociales que afectan la tranquilidad y sana convivencia de los ciudadanos.
La alta peligrosidad en nuestro continente se ve claramente reflejada en la percepción de inseguridad con la que convivimos diariamente; y no es para menos, según “Retos y desafíos del derecho penal y la criminología en América Latina” la tasa de homicidios en la región se coloca en 21.5 por cada 100 mil personas, por arriba de la tasa global, de 7 por cada 100 mil. Asimismo, según las estadísticas del Banco Interamericano de Desarrollo, un 36% de los latinoamericanos aseguraron haber sido víctima de algún tipo de crimen.
Por otra parte, las consecuencias de la pandemia de COVID-19 ha venido impactando de manera negativa la sociedad y la economía sin discriminar los estratos sociales, vemos como prósperos empresarios han quedado a la deriva por culpa de la gran recesión económica y, ni hablar de las personas que en nuestro país viven o vivían del rebusque (ahora sobreviven). Teniendo en cuenta que el delito en la mayoría de eventos nace por una necesidad social, estos cambios abruptos influirán y darán insumos al crimen organizado, es posible que estemos ad portas a nuevas modalidades delictivas y nuevos militantes de estas estructuras, lo curioso del asunto es que el “populismo punitivo” que consiste en aumentar las penas parece no dar resultado porque paradójicamente lo delitos siguen incrementándose.
Una de las grandes falencias en la historia de Colombia ha sido que algunas reformas penales se han adelantado bajo los “estados de excepción” en donde el ejecutivo prescinde del legislativo para ajustar a su antojo la política criminal. Pero sin duda la mayor catástrofe seguirá siendo el “coitus interruptus” entre los expertos académicos y los sectores políticos que son los encargados de legislar y gobernar. En Colombia la Ley 65 de 1993 y el Decreto 2055 de 2014, creó y reglamentó respectivamente el Consejo Superior de Política Criminal y formó con carácter permanente la Comisión Asesora de Política Criminal. Entre las funciones que se le asigna a este último organismo se encuentran la de “adelantar estudios e investigaciones sobre las causas y las consecuencias del fenómeno criminal en Colombia”. De igual manera la Corte Constitucional (sentencia T-762 de 2105), ordena que las reformas penales cuenten con un concepto del Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal, sin embargo, al parecer no ha habido un buen “maridaje” entre los expertos académicos y los asesores de los gobiernos de turno, quizás sea una gran debacle nuestro tortuoso e inacabable conflicto armado.
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