¡No más obras de papel!
Por: Néstor Pérez Gasca
En Colombia, a través del documento Conpes 3856 de 2016, se estandarizaron los proyectos para buscar una mejor eficiencia, calidad y administración de los recursos públicos desde el sector central. Antaño, la administración de las regalías les correspondía a los entes territoriales, pero con la nueva directriz, cargada de tecnicismos, se incluyen nuevas metodologías, guías e instrumentos técnicos y legales ajustados desde el Gobierno central (pliegos de condiciones, términos de referencia, contratos). Todo lo anterior instituido con el objeto de impedir el detrimento patrimonial del tesoro público y para garantizar la eficiencia en la ejecución de los proyectos, en palabras lacónicas: para que no se “hurtaran” ni dejaran abandonadas las obras aprobadas por la Nación y financiadas por las entidades descentralizadas.
Las expectativas de la política “neo-centralizadora” era ahorrar alrededor de 700 mil millones de pesos (cerca de 250 mil millones anuales) debido a que: “los diseños y estructuraciones serian estandarizados y financiados por una sola vez por el gobierno nacional”.
Pero en el “País del Realismo Mágico”, como suele suceder, la estrategia del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), no ha avanzado de manera exitosa, puesto que la maniobra para la estandarización de proyectos para los años 2016-2018 ¡solo quedó plasmada en el papel! como una “guía” para el progreso, copiada de Países desarrollados con diferentes problemas, con diferentes imaginarios colectivos, lugares donde quizás lo público no represente una fuente de enriquecimiento particular.
Por ejemplo, según información proveniente del Departamento de Planeación (DPN), en el Departamento del Huila existe actualmente una veintena de proyectos cofinanciados, suspendidos por “Peligro inminente” o por “no ejecutar acciones de mejora”. En consecuencia, hay menoscabo de al menos $ 60.354.774.600 millones que están estancados por negligencia de las contratistas, pero sobre todo de los corregidores (alcaldes y gobernador) quienes deben velar por el cumplimiento de las cláusulas contractuales.
Mientras que el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, faculta a la Administración para declarar la caducidad contractual por algún incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista por medio de un acto administrativo; poco o nada se hace para que las obras no queden inconclusas, inclusive ni si quiera llama a las aseguradoras a responder y ¿entonces? ¿para que se pagan esas millonarias pólizas?
