¿Fina estrategia o dura realidad?

Muchos colombianos estamos sorprendidos con los acontecimientos que venimos presenciando en torno al gobierno, cumplidos ya los primeros 4 meses de su gestión y con el final de la primera legislatura del Congreso.

En el sistema democrático que nos rige el gobierno y el Congreso actúan como espejos que reflejan de manera recíproca lo que en el desarrollo de la política ocurre al interior de cada uno. Ello explica que el sistema presidencialista tenga la iniciativa de la labor legislativa y al mismo tiempo, el Congreso concite en su propia dinámica las mayorías que aprueban o desaprueban los proyectos sometidos a su consideración. Esta relación hace parte del llamado “equilibrio de poderes” muy propio del sistema democrático.

Por su parte, la rama judicial, tercer componente del sistema de división de poderes, que presuntamente actúa con total autonomía e independencia de los dos anteriores, mantiene con ellos insanas relaciones que han contribuido a la desnaturalización del sistema y a acrecentar los fenómenos de corrupción que estamos padeciendo. El hundimiento de la reforma a la justicia mantendrá ésta viciosa relación.

Las anteriores consideraciones permitirán establecer si en verdad el presidente Duque tiene la firme intención de gobernar sin clientelismo, es decir, sin construir mayorías legislativas que apoyen sus iniciativas a cambio de puestos y prebendas.

La reciente frase según la cual “ soy yo el que nombra los ministros”, en específica y contundente respuesta al reclamo formulado por importantes voceros del partido de gobierno, nos conduce a pensar que efectivamente su intención es la de mantener plena autonomía e independencia frente al Congreso.

Pero, por otra parte; el evidente fracaso de la reforma a la justicia, así como la negación y aplazamiento de otras importantes iniciativas del gobierno, permite deducir que las mayorías del Congreso también desean mantener su postura independiente.. La aprobación en primera vuelta de la reforma política sin la eliminación del voto preferente, constituye sin duda alguna la muestra más eficaz de su postura, no obstante haber aprobado, con significativas modificaciones, la llamada ley de financiamiento que es en el fondo una nueva reforma tributaria que afectará a todos los niveles sociales.

En éstas circunstancias es oportuno preguntarse si ésta relación constituye una fina estrategia del gobierno que le permita su gobernabilidad o si terminará siendo una dura realidad que frustre sus promesas electorales. Me explico.   

Si es lo primero, claramente el presidente Duque hace una apuesta audaz que seguramente le podría dar réditos de favorabilidad en la opinión, pero que de todas maneras le significaría un desgaste de gobernabilidad en el Congreso. Si es lo segundo, la realidad política del país se vería sometida a una incertidumbre permanente, pues el loable cambio en tal relación endurecería las posiciones de los partidos en el Congreso, paralizando la actividad legislativa y de contera bloqueando las promesas electorales del presidente.

Lo curioso o paradójico de éste escenario, es que en cualquiera de las dos situaciones, la incertidumbre afectaría la marcha de la economía, incentivaría la polarización política ya no entre santistas y uribistas, sino entre petristas y antipetristas, la confianza inversionista se vería disminuida y el hueco fiscal aumentaría; factores que inexorablemente incrementarían las protestas sociales que ya hemos observado.

Mucho me gustaría estar equivocado pero el ambiente que se percibe es de desconfianza, pesimismo e incertidumbre. Escenario perfecto para la anarquía y el desorden o para que el presidente decida decretar una emergencia económica y social que busque morigerar tales efectos. Amanecerá y veremos.