¿Falta de presupuesto o exceso de corrupción?
Variedad de imágenes han transmitido por estos días los medios de comunicación con ocasión de las marchas estudiantiles que se llevaron a cabo lo largo y ancho del país, en defensa de la educación pública. Marchas que transcurrieron con normalidad, salvo casos aislados de vandalismo muy seguramente orquestados por algunos desadaptados que piensan que el reconocimiento de derechos se consigue de esta forma.
La protesta, además de ser válida, resulta necesaria como escenario para plantear soluciones a un problema que va más allá de la adición de recursos a barriles sin fondo.
El planteamiento del problema no se puede centrar únicamente en una cuestión de estilo, ni de gustos, ni mucho menos de plataformas políticas, como quiso hacer cierto excandidato presidencial, en la plaza de Bolívar el día de las manifestaciones.
Aquí hay una cuestión de fondo que se encuentra enquistada dentro de las universidades y es el flagelo que ya todos conocemos, la corrupción, solo que la luz del proyector se centra más en los entes territoriales o en las altas cortes y el Congreso, mas no en estos centros de conocimiento que además de tener una autonomía importante, manejan presupuestos nada despreciables.
El índice de transparencia de las entidades públicas es una iniciativa ciudadana que realiza informes bianuales sobre la capacidad para mantener pública la información financiera de las Entidades, la evaluación de desarrollo de procesos y procedimientos administrativos para evitar el exceso de decisiones discrecionales, así como la inoperancia de los controles internos para evitar la corrupción.
Para los años 2013- 2014, el índice de transparencia de las entidades públicas evaluó a las Instituciones públicas de educación superior, lamentablemente para los años posteriores se omitió analizar dichas instituciones, no obstante, los resultados arrojados para la época son más que dicientes.
En una escala de 1 a 100, siendo 1 el riesgo más alto de corrupción, las universidades públicas de manera consolidada obtuvieron un puntaje de 56,4, es decir, un alto riesgo de corrupción.
En dicho ranking por supuesto, se ubicó la Universidad Surcolombiana, ocupando el puesto 15 (de 32) con un riesgo medio de corrupción, la pregunta sería. ¿En los años que índice de transparencia no presentó un informe frente a las Instituciones de educación Superior, habrá empeorado el riesgo en la USCO?.
Recordemos que el año pasado se aprobó la famosa estampilla PRO USCO, que autoriza el recaudao de hasta 300 mil millones de pesos únicamente para la Universidad surcolombiana. Sería válido que los estudiantes (y demás miembros de la sociedad civil) que marcharon la semana pasada, también constituyeran veedurías ciudadanas con el firme propósito de velar porque los recursos públicos que le inyectan a las Instituciones Públicas se aprovechen al máximo y no terminen en los bolsillos de sus directivos, que terminan siendo en muchos casos, más políticos que académicos.
