¿Es en serio o es más demagogia?

Comienza en firme la campaña política y electoral que habrá de renovar la democracia regional en gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradoras locales. Las reglas de juego están ad portas de ser modificadas en virtud de la reforma que hace tránsito en el Congreso.

Algunos partidos y sus voceros se oponen a las modificaciones que buscan sanear los mecanismos de selección de candidatos, financiación y transparencia de las campañas, pretendiendo mantener el estatus quo que les permita beneficiarse del clientelismo rampante que ha degenerado en la aberrante corrupción que nos agobia.

Sentada esta premisa, es indispensable que la feria de los avales llegue a su fin, para que se implemente la democracia interna en los partidos y ella permita entonces escoger los candidatos más idóneos por sus capacidades y transparencia ética y moral; para lo cual solamente existen dos mecanismos legales eficaces. Ellos son las consultas populares internas y la recolección de firmas, éste último sin la talanquera inadmisible de la costosa póliza que excluye y discrimina por su alto valor que exige capacidad económica para conseguirla.

Otro elemento indispensable en éste propósito de limpiar la política, lo constituye la financiación estatal de las campañas, incluyendo desde luego el costo del transporte de los electores, pues de ésta manera es que realmente se podría garantizar una competencia equitativa y sobretodo, eliminar la nefasta influencia de los diversos carteles ilegales que se han adueñado del poder regional financiando a manos llenas ciertas candidaturas.

Lo inaudito y más grave es que tales recursos económicos tienen su origen en la corrupta contratación proveniente del patrimonio público.

Desde luego el remedio complementario para superar ésta profunda crisis institucional, ética y moral; debe estar focalizado en la eficaz vigilancia de los organismos de control del Estado, Procuraduría, Contraloría, Control Interno, Veedurías Ciudadanas, medios de comunicación objetivos, veraces e independientes y autónomos; con un sistema de judicial ágil, oportuno y riguroso que castigue ejemplarmente el despilfarro, la politiquería y la corrupción. Ya existen suficientes normas legales para tan vitales propósitos.

Pero sin duda alguna, otro indispensable mecanismo, es el de hacer real y concreta la severidad legal que castigue el incumplimiento del voto programático; con el cual se obtendría el enorme beneficio de eliminar la mentira, el engaño y la demagogia populista que ha caracterizado a la llamada clase política.

En éste amplio contexto vale la pena hacer una simple pero contundente reflexión. Si en verdad se trata de corregir los errores del pasado que nos han colocado en la lamentable situación que padecemos, es imperativo e ineludible que les exijamos a los diversos candidatos un programa serio, coherente, aterrizado y responsable fiscalmente.

Es imperativo exigirles en sus respectivas propuestas programáticas a los aspirantes a gobernador y alcaldes que formulen como primera prioridad; el ordenamiento territorial y buen uso del suelo, pues ello permitirá alcanzar parámetros reales y concretos del desarrollo sostenible. Nada sacaríamos con lograr eficaces índices de desarrollo físico en infraestructura, producción y competitividad, sin que nos garanticen planificar adecuadamente la conservación y sostenibilidad de nuestros valiosos recursos naturales.

La demagogia del dogmatismo ambientalista es el peor enemigo del desarrollo sostenible.  ¿Qué sacaríamos con seguir estigmatizando la explotación petrolera, la minería y los proyectos de generación hidroeléctrica a filo de agua, es decir sin embalses, si en verdad no nos preocupamos sinceramente por la deforestación y la urgente recuperación de nuestras valiosas cuencas hídricas? ¿Qué proponen al respecto tales candidatos? ¿Son candidaturas serias o persistentes en la demagogia?

COLETILLA. Dicen que la ministra de justicia envió su carta de renuncia por 4-72 y por eso el presidente Duque no la ha recibido.