¿Era de verdad el mejor posible?

La célebre frase con la cual el negociador De la Calle y el presidente Santos siempre pretendieron justificar el contenido de las 310 páginas del AF suscrito en el Colón, hace ya un año; según la cual “ era el mejor acuerdo posible”; ha quedado desvirtuada, desvelando además, la falta de sinceridad con que las  partes intentaron engatusar al pueblo colombiano.

Las decisiones de la Corte Constitucional sobre el FASTA TRACK y la reciente que avaló con condiciones la creación de la JEP, le abrieron la puerta al Congreso para que en uso de su autonomía legislativa pudiese debatir y modificar los textos relacionados con la implementación del AF, salvaguardando la competencia y legitimidad política del constituyente derivado.

Lo que acaba de ocurrir con el hundimiento de la Reforma Política con la cual se buscaba implementar el punto dos del AF; así como las sustanciales modificaciones en el texto de la Ley Estatutaria que reglamenta la JEP, constituyen una contundente evidencia de que en realidad NO era el mejor acuerdo posible.

Mención especial merecen dos decisiones trascendentes adoptadas por el Congreso. La primera; excluir de la JEP el conocimiento para juzgar la violación sexual de los menores para que la competencia pase a la jurisdicción ordinaria que permite penas muy severas con restricción efectiva de la libertad para sus autores; pues sin duda alguna en el rango de los delitos de lesa humanidad éste es de los más aberrantes. La segunda; la determinación de que los candidatos a ocupar las curules ofrecidas para viabilizar la participación política de las Farc, deberán previamente suscribir ante la Sala respectiva del Tribunal el compromiso de verdad, justicia, reparación y  de no repetición para poder asumir tales curules.

Al momento de escribir ésta columna se conoció la posición asumida en el Senado por la bancada del conservatismo, apoyada por CR y el CD, en el sentido de objetar las 16 circunscripciones especiales en las cuales solamente podrán competir por ellas las organizaciones de víctimas.

La argumentación que justifica tal objeción es perfectamente razonable, pues en tales circunscripciones que coinciden con las zonas territoriales en donde campean el narcotráfico, la minería ilegal, la encarnizada lucha por el dominio territorial que allí se presenta entre los diferentes actores armados al margen de la ley; no es el escenario adecuado que permita a las víctimas ejercer libremente su proselitismo electoral, dado que es apenas obvio pensar que estarán sometidas a la presión violenta de tales grupos, con lo que se corre el alto riesgo de que tales curules queden en poder de esas diversas bandas criminales. Esa previsible opción resultaría en una nueva victimización que contradice de manera flagrante el postulado del AF según el cual el centro del mismo es garantizar los derechos de las víctimas.

Con éste panorama está finalizando el período legislativo del fast track, en el cual, la implementación hasta ahora alcanzada deja un balance muy preocupante para el gobierno y las Farc  puesto que, por una parte, el grado de avance es precario; y por otra parte, la opinión ciudadana se muestra cada vez más indiferente y escéptica sobre la paz que con tanta vehemencia nos han promocionado.

Es curioso y paradójico. Las mismas mayorías parlamentarias de la Unidad Nacional que con tanta prisa y  obsecuencia refrendaron el AF, luego de su rechazo en el plebiscito, son ahora las que usando su autonomía legislativa, propiciada por la Corte, han demostrado que en realidad NO era el mejor acuerdo posible.

Es tal el desconcierto del negociador ahora convertido en candidato, que promete extinguir la mermelada, promesa con la cual demuestra que ésta sí estuvo presente durante todo el proceso. De igual forma, no extrañaría que mañana prometa acabar la corrupción. Vanas promesas en las que ya nadie cree.