¿Condenada la justicia?
Perdimos la cuenta los colombianos de las tantas veces que nos han frustrado la reforma estructural del sistema judicial. Todo indica que los poderosos intereses que se mueven en las altas cortes, en connivencia con un amplio sector de congresistas de todos los partidos e incluso de ciertos sectores empresariales; insisten en mantener un sistema judicial que ha colapsado por completo por sus altos índices de morosidad, congestión y conductas de corrupción como la conocida del “ cartel de la toga “.
Es triste reconocerlo, pero la manida frase de hace tantos años según la cual “... la justicia es para los de ruana” cobra todavía plena vigencia, sobretodo en el sistema penal que se transformó de inquisitivo a acusatorio, dejando una estela de impunidad que comparten sin justificación alguna entre la Fiscalía y los jueces.
Desde luego es indiscutible que el colapso empieza por la ausencia total de una política pública de justicia; pasa luego por los Códigos y leyes que los políticos aprueban en el Congreso; sigue después por el criterio politiquero y de privilegios excluyentes adoptado en el funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura; se acentúa luego en la nefasta intervención postulante y nominadora de los magistrados para los cargos de Fiscal y Procurador; terminando con el sistema de elección interna de sus miembros de listas previamente elaboradas en el C.S.J.
La línea vertical de simpatías y compadrazgos se extiende luego a los Magistrados de los Tribunales Superior, Administrativo y de las Salas Seccionales del C.S.J; los que en muchos casos nominan Jueces eludiendo las normas de carrera judicial.
No es gratuito que toda ésta sinfonía de componendas concluya en un sistema carcelario en el que el delincuente no se regenera socialmente si no que perfecciona su habilidad delictiva. Nadie desconoce que por desgracia nuestros establecimientos carcelarios, en su gran mayoría, han terminado siendo escuelas y universidades del crimen organizado, donde la dignidad del ser humano se degrada y los sindicatos del Inpec administran al tiempo privilegios y sobornos.
La morosidad excesiva que se registra en las otras jurisdicciones; civil, laboral, familia, contencioso administrativa; está llegando a niveles insostenibles donde un litigio dura hasta 8 y 10 años en resolverse, causando desconcierto y pérdida de confianza en el sistema judicial.
Por otra parte, la calidad académica y jurídica de muchos de los funcionarios judiciales deja mucho que desear, evidente debilidad que se manifiesta en la falta de gerencia de sus despachos; en la escasa solidez jurídica y jurisprudencial de sus providencias; y en la ineficacia de su sagrada tarea que pretenden justificar por la congestión de sus despachos.
Curiosamente la implementación de la oralidad derivada del nuevo Código General del Proceso, viene develando la deficiente preparación de nuestros jueces y la consecuente degradación de la justicia que aplican en sus sentencias.
Es desolador el panorama. Si se mira hacia la Justicia Especial de Paz producto del Acuerdo con las Farc; es evidente que tampoco muestra signos claros de transparencia y eficacia, pues el caso de Santrich y la no comparecencia de muchos de sus destinatarios así lo revela.
No queda otra alternativa que apelar a los mecanismos extraordinarios previstos en la Constitución para impulsar la indispensable y muy urgente reforma estructural de la Justicia. Una sociedad y un Estado que no ofrezcan pronta, eficaz y transparente justicia, se tornan irremediablemente inviables.
En tales circunstancias, vale preguntarse si los señalados actores y sus respectivos intereses nos habrán condenado la Justicia?
