“Al Trote mar”

Por: Diego Fernando Caballero Medina

Con mucho beneplácito la ciudadanía conoció el interés del alcalde de Neiva de impulsar algunos cambios en la comandancia de la Policía Nacional de la capital Bambuquera de América, en efecto, ante el asecho de la criminalidad, dicha decisión resulta un analgésico mediato y penosamente mediático al clamor de los más de 350.000 habitantes de la ciudad que demandan no solo una autoridad de policía más efectiva en la lucha contra el delito, sino de una dirigencia municipal capaz de liderar desde el territorio los cambios sustanciales que exige la política criminal del Estado, pues si bien es cierto, resulta oportuno pedir a la fuerza pública su reinvención, por ejemplo, en temas de visibilidad PERMANENTE en la calle y no de unos pocos días post delito; no es menos ajustado señalar que las elevadas cifras de inseguridad ciudadana en la región y el país,  encuentra entre otros su origen en un ordenamiento jurídico flexible ante el agravio del delincuente, de ahí que sin desconocer la necesidad de que confluya mayores compromisos de la institución policial, se requiere además que los jefes de gobiernos territoriales, planteen en mesa de debate una nueva interpretación del Derecho Constitucional y Penal, en donde los derechos a la vida y la libertad no se conciban a partir  de la universalidad del derecho, de tal suerte que el Estado ante el error primario e incluso secundario, ofrezca oportunidades de resocializarse al infractor, sin embargo, ante la concurrencia excesiva en el delito, el mensaje de repudio del sujeto activo hacia al ordenamiento jurídico deba encontrar acciones de mayor rigidez como la limitación absoluta de los derechos mencionados, por cuanto la humanización extrema del ordenamiento jurídico a que esto conduce, ha llegado al punto de ser la mayor fuente de impunidad e injusticia; puesto que cimentar un sistema de justicia en normas maleables, permite que el victimario se beneficie de su actuar delictivo ante el perdón perpetuo de la justicia, degradando a la sociedad a una condición primitiva donde el más fuerte se impone sobre el más débil, auspiciando con ello la venganza privada como medio para acceder a un sentimiento incorrecto de justicia y  desconociendo el rol del Estado en la sociedad, relativo a igualar fuerzas entre sus asociados. En resumen, más allá de los réditos de imagen que la situación pudiese causar, son nuestros líderes los convocados a dotar de herramientas tecnológicas, operativas y jurídicas a los llamados a velar por el cumplimiento de la Ley como antesala a la reclamación de resultados.