Violación al DIH en Colombia, unas de cal y otras de arena

Redacción
Diario del Huila

Luego de iniciadas las conversaciones sobre el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, el Comité Internacional de la Cruz Roja en su último informe ‘Retos humanitarios 2017’ correspondiente a la vigencia 2016 expresa que aunque indudablemente la violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) ha disminuido considerablemente en todo el país, aún se siguen presentado casos significativos que plantean la necesidad de generar nuevas estrategias.

El informe data que durante el año 2016 se registraron 838 posibles casos de infracciones al DIH y otros principios humanitarios y la reconfiguración de los actores armados que afectaron a más de 18.671 personas en donde el 40% se centró en incidentes que afectaron a mujeres y niños, causando una gran preocupación en la sociedad civil en general. (Gráfico 1)

Se destaca por ejemplo que las regiones donde se  documentaron más infracciones fueron Chocó, Antioquia, Norte de Santander y nuestro vecino departamento del Caquetá.

En lo que respecta al Huila, del total de violaciones al DIH también relaciona los ataques que antes de la firma del acuerdo se presentaron a personas que pertenecían a misiones médicas que tenían el objetivo de velar por una asistencia a personas víctimas del conflicto.

En este ítem, el documento revela que fueron 232 infracciones e incidentes los que pusieron en riesgo el trabajo de la Misión Médica, de este gran total el Huila ocupa el tercer puesto con 24 infracciones. (Gráfico 2)

Violencia sexual

En este punto una de las preocupaciones más importantes que se tiene en el país para que se pueda tener una reparación efectiva, esta las secuelas dejadas por el silencio y el temor que rodean a los afectados de la violencia sexual en el marco del conflicto armado, lo cual se representa en un oscuro subregistro en la información ya que como lo expresan las víctimas las cicatrices emocionales y físicas dejadas por estas prácticas son casi imposibles de borrar.

Según  cifras  de  la  Unidad  de  Víctimas,  entre  los  años  80  y  diciembre  de  2016  han  sido  registradas  cerca  de  17.100  mujeres  y  niñas  que  sufrieron  de delitos contra su libertad e integridad sexual en el marco del conflicto armado. El hecho de que se tenga poca documentación de víctimas hombres o personas con otras identidades sexuales no implica que la violencia sexual contra ellos no exista, sino que la invisibilidad del fenómeno es aún mayor (Gráfico 3).

En el informe del CICR recoge una muestra de 100 casos en Colombia entre 2014 y 2016 que indican que varias de las víctimas atendidas padecieron más de un episodio  de  violencia  sexual  en  su  vida.  En  un  41  por  ciento  de  los  casos hubo más de un perpetrador y fueron comunes las violaciones colectivas  cometidas por entre tres y ocho personas.

No es anómalo encontrar a víctimas que refieren que también sus madres, hermanas, hijas o abuelas han sufrido agresiones de este tipo. Es decir, se trata de un fenómeno recurrente y que afecta a varias generaciones dentro de una misma familia, lo que está relacionado con la persistencia del conflicto y la violencia armada en el país.

Entre las víctimas de violencia sexual que se acercaron al CICR, se registró una mayor afectación de las mujeres afrocolombianas y campesinas (40 y 35 por ciento respectivamente).

Artefactos explosivos

En cuanto a los artefactos explosivos, este aspecto configura otra consecuencia que han tenido que sufrir miles de colombianos al presentarse miles de estos artefactos improvisados y restos de cargas de la guerra convirtiéndose así en un peligro latente para las personas que viven en estas zonas. Aunque es significativo que en muchas zonas del país se han llevado a cabo varios procesos de desminado, esto tomará en el mejor de los casos décadas para poder ser removido completamente al no contarse con datos exactos de la dimensión y la ubicación de estas amenazas.

Tras  el  Acuerdo  de  Paz,  esta  problemática  es  una  de  las  más complejas para el país. En el marco de las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC se llegó a un acuerdo sobre desminado humanitario. A enero de 2017, se habían priorizado 207 municipios, 22 de los cuales  están  en  operaciones  de  desminado.  Sin  embargo, dada la enorme extensión de terreno afectado por la presencia de estos artefactos, la gran dificultad radica en conocer con certeza dónde están ubicados.

La  Dirección  para  la  Acción  Integral  contra  Minas  Antipersonal  (DAICMA)  registró  63  heridos  y  11  muertos  por  la  detonación  de  estos  artefactos  durante  2016.  Tres  de  cada  diez  personas  que  perdieron  la  vida  fueron  civiles y los otros siete, militares.  (Gráfico 4).

Perspectivas y retos futuros

Entre los desafíos más importantes que se tiene están por un lado que en los años venideros se cuenten los estragos de la violencia armada en donde  hay presencia de diversos actores armados en regiones como el departamento de Antioquia y el Valle del Cauca la cuales fueron las más golpeadas; por otro lado está que va más allá de la firma del Acuerdo de Paz, en el sentido de lograr el esclarecimiento de miles de personas que han desaparecido y que siguen desapareciendo, lo que presenta un agravante adicional el cual consiste es que es imposible calcular la magnitud real de este fenómeno y que mientras el Registro Nacional de Desaparecidos tiene documentadas a 24.900 víctimas de presunta desaparición forzada, un informe de Centro de Memoria Histórica reporta más de 66.000.

El DIH sigue vigente en el post acuerdo

Si bien el Derecho Internacional Humanitario (DIH) se aplica a las partes en un conflicto armado, estás normas pueden tener vigencia aún tras la firma de un Acuerdo de Paz. Además el Estado Colombiano sigue en conflicto con varios actores armados como lo son el Ejército de Liberación Nacional –el cual se encuentran en negociaciones con el gobierno- Las Autpodefensas Gaitanistas de Colombia- (AGC) y el Ejército de Liberación Popular (EPL).