La salud está ‘enfermando’ a Comfamiliar

Si Comfamiliar del Huila no hubiera incursionado en el negocio de la salud (régimen subsidiado) hoy sería una de las cajas de compensación más prósperas y boyantes del país.

El descalabro para Comfamiliar Huila y todas las EPS del régimen subsidiado, inició en el año 2012 cuando el Gobierno nacional igualó el plan de beneficios del régimen subsidiado con el régimen contributivo, sin equiparar la prima de aseguramiento. Hoy todas las Cajas que incursionaron en el negocio buscan el mecanismo para salir de él, sin embargo, no ha sido una tarea fácil.

El panorama actual es tan sombrío que en los últimos 90 días la Superintendencia Nacional de Salud ha liquidado cuatro EPS (Comfacor, Cruz Blanca, Salud Vida y Emdisalud) y otras tres, entre las que se encuentran Comparta, Medimás y Coomeva, perdieron su licencia para operar en ocho departamentos. Según la Superintendencia Nacional de Salud, de 37 EPS evaluadas, solo 9 cumplen con las condiciones financieras y de solvencia para asumir la atención en salud de millones de colombianos. Adicionalmente, de 29 EPS que manejan régimen subsidiado en el país, tres se encuentran en intervención forzosa y en proceso de liquidación (Solidaria Mutual, Comfacor y Salud Vida) y 15 más, entre ellas la EPS de Comfamiliar del Huila, están en “vigilancia especial”.

Hoy, con la aprobación de la Ley 1949 de 2019, la Superintendencia Nacional de Salud consiguió el poder y las herramientas para liquidar el mayor número de EPS y dejar solamente las que cumplan los indicadores.

Una larga batalla

Desde su llegada a la gerencia de Comfamiliar -hace tres años y medio- uno de los grandes retos de Luis Miguel Lozada, actual director Administrativo, ha sido buscar el mecanismo que permita a Comfamiliar liquidar la EPS. Peticiones al gobierno nacional, alianzas con otras cajas, lobby político y hasta las tutelas han sido infructuosas. Actualmente Comfamiliar, en unión con otras Cajas de Compensación, trabajan en una propuesta que deben presentar a la Superintendencia antes del 31 de diciembre, la que esperan sea aprobado para terminar de una vez por todas con esta pesadilla que se llamada salud.

En la actualidad Comfamiliar presta el servicio a 570 mil usuarios (régimen subsidiado), en los 37 municipios del Huila y en 70 de los 123 municipios que integran el departamento de Boyacá, registrando pérdidas acumuladas desde 2012, calculadas en $199 mil millones, (sólo en el año 2019 superan los $24 mil millones) y que la mantienen, por orden de la Superintendencia Nacional de Salud, en ‘Medida preventiva de vigilancia’.

Con cierre a junio de 2019, la EPS Comfamiliar registra activos de $62,452 millones, un pasivo de $266.693 millones, y un patrimonio negativo de $204.241 millones. Hoy el Estado adeuda a Comfamiliar cerca de 30 mil millones por concepto de medicamentos y procedimientos no post.

 “El área de la salud es la única dificultad que hoy tiene la Caja, es un problema estructural, un problema nacional que el Gobierno debe mirar y tomar decisiones rápidas para apoyar las diferentes EPS del país”, indicó Luis Miguel Lozada director administrativo de la entidad.

Y es que desde su llegada a la dirección de Comfamiliar, Lozada ha tratado de cerrar esa ‘vena rota’ con algunos logros que, aunque menores, en mucho han ayudado. “Teníamos 20 mil usuarios que atendíamos en el departamento de Vichada, específicamente en el municipio de Cumaribo, una población en su mayoría indígena, dispersa en unos 38 mil kilómetros cuadrados, lo que hacía muy compleja y nada rentable la operación.  Tomamos la decisión de entregar esta población y nos fue avalada y aceptada por la Superintendencia Nacional de Salud, este es sin duda un gran logro”, indicó Lozada.

Pero entregar Huila y Boyacá no ha sido posible. En el 2015, con la aprobación del Consejo Directivo, Lozada Polanco solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud la entrega de los afiliados de Huila y Boyacá, argumentando que el valor por UPC (Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado) no alcanzaba para subsanar el pago a cada uno de los prestadores en el departamento. Pese a que se trataba de una solicitud perfectamente soportada, la Superintendencia no aceptó. Ante la negativa y seguros de lo que estaban haciendo, lo intentaron por vía tutela, pero la acción judicial tampoco prosperó.

La pelea siguió. Este año, debido a la precaria situación de la EPS, Comfamiliar presentó a la Superintendencia de Subsidio Familiar un proyecto de reorganización institucional, el que fue aprobado en todas sus partes y que permitía aliviar la carga de la EPS, creando alianzas con otras dos cajas del país (Sucre y Cartagena) que también manejan recursos del régimen subsidiado y contributivo. Nuevamente la Superintendencia Nacional de Salud negó la posibilidad.

Un nuevo intento

La última carta se la jurarán la próxima semana, antes de que termine el 2019.  Con la información que arroje una consultoría contrata por Superintendencia de Subsidio Familiar, las nueve cajas que hoy maneja régimen subsidiado y que están en las mismas condiciones que Comfamiliar, presentarán un nuevo proyecto a la Superintendencia Nacional de Salud.

“Debemos presentar un nuevo proyecto que busca entregar o que otra entidad pueda manejar estos afiliados (Huila y Boyacá) sin que se cause un mayor detrimento al patrimonio de Comfamiliar”, agregó Luis Miguel Lozada.

En resumen, la propuesta estará encaminada a que Comfamiliar del Huila se quite definitivamente el problema de la salud (régimen subsidiado), recuperando parte del millonario pasivo existente. Hoy la EPS está valorada en unos $79 mil millones, que sería el valor que debería pagar la entidad que asuma la prestación del servicio a los 570 mil usuarios.

Adicionalmente Comfamiliar espera recuperar unos $60 mil millones que hoy están en un fondo creado por la Ley 1929 de 2018 (Recursos Fosfec), cuyo objetivo es repartir entre las Cajas que tengan dificultades (caso Comfamiliar), para lo cual es necesario que la Superintendencia de Salud apruebe el plan que ahora le presentarán.

“Seguimos en la tarea y no descansaremos hasta lograrlo, pues con esto estamos defendiendo el patrimonio de Comfamiliar que es de todos los trabajadores del Huila”, indicó Luis Miguel Lozada, director Administrativo de la entidad.

Algunas cifras positivas

Hoy la Caja de Compensación Familiar, en su parte misional, está cumpliendo con todo lo que la ley los obliga, como la cuota monetaria, los servicios de recreación, educación y los convencidos con diferentes entidades estatales, entre otros.

Y siguen generando proyectos importantes para beneficio de los 114.034 trabajadores afiliados a la Caja y los 185.614 personas a cargo. En total son 10.306 las empresas afiliadas hoy a Comfamiliar del Huila.

Durante el presente año han entregado 506 subsidios de vivienda por un valor de $11.477 millones. En educación (Colegio Comfamiliar Los Lagos) presta el servicio a 1.291 estudiantes, logrando además un reconocimiento nacional por la alta calidad en la mayor parte de los procesos.

Hoy la totalidad de los afiliados tienen acceso a recreación en tres grandes parques (Los Lagos, Playa Juncal y Termales), catalogados entre los mejores del país, así como a una red de bibliotecas y gimnasios que brindan bienestar a sus afiliados a muy bajos precios.

Dos grandes proyectos

Para Luis Miguel Lozada, Director Administrativo, hay dos prioridades para el 2020: La construcción de la “Ciudadela de la Felicidad” en Neiva, en un lote de terreno de 10 hectáreas localizado en la parte alta de la ciudad, en el sector conocido como El Chaparro.

El proyecto contempla la construcción inicial de 550 viviendas tipo VIS y VIP, con lo que esperan aportar a la reducción del déficit de vivienda que registra el municipio.

Otro de los proyectos prioritarios será la construcción de un moderno Parque Temático en Pitalito, que beneficiará a los trabajadores del sur del departamento. El moderno parque será construido en un lote de terreno de 11 hectáreas, localizado en la vía que de Pitalito conduce a Guacacayo.

De estos dos importantes proyectos ya están listos los diseños, permisos y demás trámites, por lo que se espera el inicio de los trabajos durante el primer semestre de 2020, según explicó Luis Miguel Lozada, director de la entidad.