Es hora de que el Congreso entre al juego

Santiago León Pineda***

En Colombia, el escenario económico se estaba nublando por cuenta del desplome de los precios del petróleo ocasionado por el rompimiento del acuerdo entre los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Rusia y Arabia Saudita.

Esa guerra de precios del crudo -que aún se mantiene- aumentó la tasa de cambio notablemente y en particular, incrementó súbitamente valor del dólar en nuestro país, y, por consiguiente, las finanzas públicas se han visto golpeadas al encarecer el servicio de la deuda externa.

Frente a ello, el Banco de la República realizó en marzo y por primera vez en la historia, un programa de expansión monetaria (quantitative easing) por 10 billones de pesos y que consistió, básicamente, en la compra de activos para inyectar dinero a la economía.

Frente a la crisis generada por la pandemia del coronavirus o COVID-19, el emisor también decidió bajar sus tasas de interés a 3.75% para estimular la economía. Una decisión necesaria de provisión de liquidez, tanto en pesos como en dólares, que pretende aliviar la carga financiera de las empresas y los hogares; que tiene como finalidad contribuir a la recuperación de la demanda interna futura. Una medida de este estilo no se veía desde 2014.

Esta situación ha generado múltiples opiniones entre los analistas: Mauricio Cabrera propone que se aplique el Artículo 373 de la Constitución Política, por el cual se habilita al Banco de la República para otorgar crédito al gobierno. Claro está, con la anuencia de todos y cada uno de los codirectores de la junta directiva. Esta operación puede generar inflación. Sin embargo, la inflación vía especulación en este momento es quizá más peligrosa.

De otro lado, el Congreso de la República de Colombia continúa de vacaciones después de casi tres meses de descanso, lo cual constituye un enorme problema porque se paraliza el trámite de proyectos de ley y pone en riesgo varias iniciativas legislativas que pasan a último debate en este periodo. El hecho de que no se esté sesionando es problemático porque se pierde la función constitucional de control político al gobierno nacional.

Ese control político cobra aún más importancia dada la actual declaratoria de estado de emergencia económica y social por parte del presidente Iván Duque, quien se encuentra facultado para expedir decretos con fuerza de ley, que pasan directamente a control automático en la Corte Constitucional.

Y, teniendo en cuenta que estos decretos se evalúan en la alta corte sin que nadie los haya demandado previamente, ¿valdría la pena aprovechar la situación para realizar las reformas socioeconómicas que el país requiere hace tanto tiempo?

Política económica en el mundo

En el escenario internacional, el Congreso de Estados Unidos aprobó el 27 de marzo un paquete de ayudas económicas por un valor de dos billones de dólares; un estímulo fiscal que se constituye como el más grande de la historia de ese país y que es equivalente a la mitad del presupuesto anual del gobierno estadounidense. Tanto así, que el congresista republicano Addison Mitchell catalogó la medida como “una inversión de nivel de tiempos de guerra”.

Dicho paquete estará dirigido fundamentalmente a personas adultas, a través de un pago de USD 1.200, además de otras ayudas económicas a las microempresas, para que estas puedan cumplir con sus compromisos salariales. Entre las medidas económicas para mitigar el impacto, también se han destinado fondos para hospitales, paquetes económicos de rescate, nuevos préstamos y devolución de impuestos.

La iniciativa legislativa fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes la ratificó un día después. El presidente de ese país, Donald Trump firmó ese mismo día al caer la noche la medida que se tomó justo después de que se conociera que Estados Unidos es el país con mayor número de contagios por COVID-19 en el mundo con más de 550.000 casos, de acuerdo con los cálculos de la Universidad Johns Hopkins.

Por su parte, Alemania -por iniciativa del ejecutivo en cabeza del ministro de finanzas Olaf Scholz y debido a la cuarentena en la que permanece la canciller Angela Merkel- aprobó un plan de rescate sin precedentes por un valor 750.000 millones de euros, equivalente al 22 % del PIB del país teutón. Esa política fue respaldada de manera mayoritaria por la cámara baja (Bundestag) y fue secundada, por parte de la cámara alta del parlamento que representa a los estados federales, pues se estableció la suspensión de las restricciones constitucionales al endeudamiento.

Se conoce que las medidas están orientadas, fundamentalmente, a la creación de un fondo de estabilización económica que otorga 100.000 millones de euros en créditos a las empresas, 100.000 millones de euros de ayuda al Banco de Inversión Pública KFW y 400.000 euros como garantía para las deudas de las compañías. Además, el gobierno federal entregará 50.000 millones de euros en subvenciones a las microempresas. Finalmente, el paquete también contempla 3.500 millones de euros de auxilio al sistema de salud y otros 55.000 millones de euros que estarán disponibles en función de las necesidades que vayan surgiendo a lo largo de esta coyuntura.

De manera similar a dichos países, se espera que el congreso colombiano, empiece rápidamente, así sea por medio de sesiones virtuales, a contribuir con el país en medio de esta difícil situación, pues es la única rama del poder público que no está trabajando al ritmo que se espera. En cierta medida, es por culpa del Congreso que no haya caja suficiente para atender la emergencia en el futuro, gracias a las exenciones tributarias aprobadas en la pasada Ley de Crecimiento Económico.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que el mundo entero entró en recesión y que esta crisis será peor que la del 2008, e incluso, de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC), las consecuencias económicas podrían ser peores que en la Gran Depresión. Una noticia que pone de presente que las economías más afectadas serán las de los países emergentes, como Colombia, pues el margen fiscal es mínimo, las exportaciones se reducirán radicalmente y la fuga de capitales será enorme.

El FMI estima que esos países requerirán inicialmente unos fondos cercanos a los 2.5 billones de dólares para contener la recesión. Por fortuna, Colombia, cuenta con una relación con el organismo multilateral buena y fluida, y con seguridad, gracias a la ortodoxia en el manejo prudencial de las medidas macroeconómicas, la respuesta ante el eventual pedido de apoyo económico, será favorable; caso contrario a lo sucedido con Venezuela que solicitó un préstamo a la entidad.

Nuevas medidas

Para contrarrestar los efectos que pueda causar esta crisis, el Estado colombiano puedes acudir al financiamiento externo por parte de un organismo internacional, bien sea el FMI, el BID, la CAF, o el Banco Mundial, así el saldo de la deuda pública externa sea relativamente alto (cerca del 50 % del PIB, unos 138.000 millones de dólares).

Además, no parece sensato endeudarse con la emisión de bonos externos o con la banca comercial internacional (con tasas de interés comparativamente más altas), pues la difícil coyuntura internacional haría que el financiamiento que se consiga sea muy costoso. Sin embargo, lo óptimo sería que, en estas circunstancias excepcionales, se contemple la opción de decretar la moratoria de la deuda externa con la anuencia de los organismos internacionales.

Otra alternativa plausible para sortear este difícil momento, puede ser la que tomó Dinamarca para ayudar a su población: nacionalizó las nóminas privadas para la preservación de la fuerza laboral. La medida del país nórdico está acompañada de una ampliación del sistema de seguro de desempleo, al tiempo que reserva un monto de dinero para ayudar a las empresas en dificultades.

Lo que se necesita no es precisamente un estímulo fiscal para la reactivación de la actividad económica, sino un rescate integral para las personas más vulnerables y perjudicadas, así como el esfuerzo que vienen adelantando Estados Unidos y Alemania, entre otros, para aliviar la situación de sus conciudadanos.

Esto permite considerar la suspensión de la Regla Fiscal, o al menos, modificar su objetivo al medir el máximo del déficit fiscal y se pase a medir el nivel máximo de endeudamiento.

Todo indica que, gracias a la pandemia mundial, el reconocido economista británico John Maynard Keynes -de gran influencia después de la crisis económica de 1929- ha regresado al debate económico. El rol del Estado es y será fundamental para superar la crisis a través de políticas contracíclicas que estimulen la demanda en esta inminente recesión. Superada la crisis, las cosas no volverían a ser iguales.

*** Economista de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Estudiante de la Maestría en Estudios Políticos (IEPRI), miembro del grupo de investigación en Economía, políticas públicas y ciudadanía (FCE).