El fiscal Mario Montes le ha dicho mentiras al Huila: Marín

POR GERMÁN HERNÁNDEZ VERA

Diario del Huila, Neiva

En medio de todo este lio jurídico, lo claro es que hay una interpretación de la Fiscalía y otra de parte de la defensa sobre la forma como se realizaron estos contratos. ¿Es factible llegar un consenso?

No es fácil aclarar en una entrevista toda una circunstancia que implica la contratación oficial  (Ley 80 de 1993), pero lo cierto es que también tenemos la Ley 100 de 1993, que es la Ley de salud que guarda unos criterios en América Latina y el mundo, en donde en la ley 100 de 1993 expresamente se enuncia que toda contratación del régimen subsidiado de salud se rige por el derecho privado, no por el derecho público. Partiendo de allí, de esa orden legislativa, de esa configuración legislativa del Congreso que quiso darle esos visos jurídicos a la contratación en salud para lograr la libre competencia y así facilitar la cobertura y el pronto y oportuno servicio de salud con calidad, pues naturalmente le permitió competir con otras entidades del sector para favorecer a las personas que necesitan realmente de la salud, como las más pobres y vulnerables que requieren de un servicio subsidiado.

Entonces frente a esas interpretaciones, que por que se trata de recursos del Estado que manejan entidades particulares, pues el criterio general es que todos los bienes del Estado se rijan por el derecho público (contratación oficial o Ley 80), pero como le digo, frente a esta ley 100 de 1993, surge una especie de dicotomía, un enfrentamiento, una colisión entre los dos derechos para saber cuál es la que rige.

¿Pero hay jurisprudencia al respecto?

Sí. La doctora Miriam Paredes Guerrero que fue Consejera de Estado, tiene una decisión del año 2009 en donde claramente establece que todo el tema de régimen subsidiado de salud se rige por el derecho privado, pero hay que reconocer que existen otras interpretaciones. Quizá la Corte Suprema le dio una definición distinta, aun cuando hemos advertido que la contratación se rige por el derecho privado pero la responsabilidad de las personas en su actuación con el manejo de algunos de estos recursos -en esta materia penal- se rige por el derecho público, pero son dos situaciones y dos momentos diferentes que ojalá pudiéramos explicar mejor.

Este proceso ha sido muy mediático. ¿Cree que a la Fiscalía se le fue la mano en lo que ha salido a decir a los medios?

Es correcto. Estamos en la obligación a través de este importantísimo diario, objetivo en sus apreciaciones de siempre, de contarle al departamento del Huila y a todo  Colombia, como nos han puesto en un escenario supremamente fastidioso, en donde se nos ha dicho por parte del señor Fiscal 22 Seccional de la Unidad Anticorrupción, doctor Ciro Castilla y también del doctor Mario Montes, coordinador de esta misma Unidad, quienes han venido al departamento del Huila a hacer ruedas de prensa antes de la audiencias públicas, sin tener en cuenta que es precisamente en las audiencias (eso lo deben tener muy claro) en donde debe discutirse y debatirse estos temas y no a través de imputaciones mediáticas, eso lo hemos censurado y lo repito que como nos han atacado de esta manera, nosotros tenemos el derecho de reaccionar.

Asombra la cifra económica supuestamente faltante a la que se refiere la Fiscalía a la hora de hacer la imputación, lo que significaría que en todo ese tiempo de ejecución del contrato no atendieron a ningún paciente y que los contratos fueron más grandes. ¿Es eso cierto?

El doctor Mario Montes le ha dicho mentiras al departamento del Huila a través de los medios de comunicación. Yo reitero que no es responsabilidad de los medios que han difundido mal la información,  sino del señor Mario Montes y Ciro Castilla, ambos fiscales, quienes han mentido sistemáticamente diciendo que se perdieron 35 mil millones de pesos de una contratación que hubieran hecho el Alcalde de Garzón y dos alcaldes de La Plata con la Clínica Medilaser, a través de la EPS Comfamiliar, bajo la representación legal de doctor Armando Ariza Quintero.

Eso es completamente falso. En el periodo de cinco años que ellos ubican (2006 a 2011), la contratación no fue de 35 mil millones como lo están afirmando perversamente, fue de apenas 3.800 millones de pesos para los dos municipios.

Pero además lo más importante es que no se ha perdido un solo peso de esos dineros que llegaron con la destinación específica de la salud para las personas pobres y vulnerables. Tenemos todas las pruebas para acreditarlo ante el juez de conocimiento en su momento y si es necesario lo haremos ante un juez de control de garantías con funciones de conocimiento. Aquí  lo más importante de destacar es que no hubo apropiación ilícita de estos dineros por parte de ninguna de las personas detenidas.

¿Entonces dónde están esos millonarios recursos?

De esos 35 mil millones que dice el fiscal Mario Montes y el fiscal Castilla, que como le digo apenas fueron 3.800, todos se invirtieron a través de contratos de capitación y contratos por eventos, de tal forma que el departamento del Huila y la población huilense, pueden tener la absoluta certeza y tranquilidad que vamos a demostrar la transparencia de esos contratos y de la destinación  que llego a la salud. No es verdad lo que ha dicho el señor Mario Montes y esto tenemos que decírselo al señor Fiscal General de la Nación, a la Corte Suprema de justicia, a la Procuraduría General de la Nación y de ser necesario a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , porque no es correcto que se utilicen mecanismos criminales para decirle mentiras al departamento del Huila y al país, ellos merecen todo el respeto, y por eso nuestra vehemencia en decir esto claro, de manera precisa , probada, acreditada, que tenga evidencia de respaldo en nuestros aciertos.

Lo que uno escucha en cada reunión, sobre todo donde están presentes exalcaldes, es que todos están asustados porque en alguna medida durante sus administraciones realizaron este mismo tipo de contratación. ¿Esto daría pie para pensar que hay un vacío jurídico en ese tema de contratación y que serían muchos los alcaldes que terminarán en la cárcel?

No hay ningún vacío. Lo que firmaron los señores alcaldes, todos del departamento del Huila en tres periodos constitucionales, multiplíquelo por 37 municipios y luego por 3 periodos, más los 1033 municipios de Colombia, también multiplicado por tres periodos constitucionales, nos darían más de 3000 alcaldes, incluyendo al actual ministro Luis Eduardo Garzón.

Según la tesis de estos fiscales, deberían estar presos todos los 3.000 alcaldes. Resulta que lo que ellos firmaron fue un contrato que se denomina de aseguramiento, que es el que se realiza entre el alcalde de cada municipio de Colombia con las EPS (Entidades Promotoras de Salud) o las ARS (Administradoras del Régimen Subsidiado)  y era un contrato que no se elaboraba por parte del alcalde de cada municipio, ni de sus asesores, ni tampoco de los gerentes de las EPS, en concreto EPS Comfamiliar o ARS Cajasalud, en ese momento en representación legal del doctor Armando Ariza Quintero.

¿Entonces quién elaboraba el contrato?

Claro que no era un contrato elaborado por ellos, sino que venía elaborado por el Ministerio de Protección Social y de Salud, era el propio Ministro de Protección Social el que a través de sus asesores jurídicos realizaba este contrato que era una minuta que fue adoptada por el Ministerio a través del Decreto 3734 del año 2005, en donde adoptó ese documento como obligatorio y no podía ser modificada ni una sola clausula, ni se podía adicionarle clausulas, ni modificarle una coma, ni un inciso,  es decir es un formato que debían firmar los alcaldes con los representantes de las EPS en todo Colombia. Como ve es por ahí que meten a los alcaldes de Pitalito, La Plata y Garzón a la cárcel, y si mantienen el mismo criterio tienen que meter en la cárcel a todos los alcaldes del Huila y de toda Colombia. Como está claro aquí no hay ninguna discrepancia, porque fue el  Ministerio de Protección Social el que realizó los contratos y ellos tenían el carácter obligatorio para firmarlo y todos lo hicieron, de tal manera que ellos son los que menos tienen responsabilidad, aunque estos fiscales hoy les están indilgando como contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, que se llama así el delito. En concreto en el contrato no hay ninguna irregularidad porque es un contrato que viene del Ministerio de Salud.

Otro de los señalamientos de la Fiscalía que sorprendió a los huilenses es que Comfamiliar contrató con una tal “Clínica Revivir” que dicen no existió, que es de papel. ¿Está esto probado?

A este respecto quiero informarle al departamento del Huila que la Fiscalía ha partido de unos elementos jurídicos en donde tal vez esté actuando de buena fe, creyendo que se han cometido unos delitos que no lo son. Lo primero que dicen es que la Clínica Revivir IPS Valle de Laboyos no existió, que era una clínica de papel, que era una clínica cerrada, que no presto servicios y que entonces hubo una contratación de 1.225 millones por capitación y de 1.800 millones que se perdieron porque se giraron los dineros pero que no se sabe a quién.

Esto no es cierto, la Clínica Revivir IPS Valle de Laboyos tuvo no solamente existencia material que se puede acreditar a través de una inspección judicial, unas fotografías de la sede que creo aún está en pie y que viene desde el año 1998, así que la clínica en su infraestructura es perfectamente visual, lo cual nos lleva a los defensores a decir que la clínica sí existió.

¿Existió físicamente, pero está comprobado que prestó servicios?

Pero claro, para confirmar su funcionamiento tiene que tener una habilitación para prestar los servicios, esa habilitación consistía simplemente en hacer un registro de unos servicios que se iban a prestar y evidentemente ese registro se hizo y existe ante la Secretaria de Salud del Huila. Está comprobado que empezó a prestar sus servicios, al punto que fue visitada por la propia Secretaría para hacer algunas recomendaciones y observaciones en el servicio. Con esto demostramos que si hay registros de que fue visitada por la Secretaria de Salud, fue porque sí existía, pues para esa verificación era necesaria la visita física, en la que al parecer incluso encontraron algunas falencias de orden físico, y fue por eso que hicieron algunas recomendaciones, algunas de las cuales corrigieron, otras no y en una segunda o tercera vista, en junio de 2010, ordenaron suspender tres servicios de los 20 o más que tenían, pero contra esa decisión cabían recursos y los interpusieron, entonces siguieron prestando todos los servicios, esto para comprobar que la clínica sí estaba habilitada y eso lo acreditamos a través de una presentación que le hicimos a la señora Juez Cuarta Penal Municipal en audiencia, trayéndole 10 cajas con unos 5 mil documentos de historias clínicas, facturas y soportes, donde se demuestra que sí se prestó el servicio a las personas pobres y vulnerables de esa parte del departamento, que hubo contratos con médicos, con laboratorios, que habían aparatos especializados, de tal forma que está plenamente comprobado que sí existió la clínica, que sí se prestaron los servicios y por lo mismo que no hubo tal detrimento ni pérdida económica como lo quieren hacer ver los señores fiscales. En Pitalito la gente tiene claro que la clínica sí existió.

¿Entonces está comprobado que estos recursos tampoco se perdieron?

Debo reafirmar que esos tres mil millones de pesos que dice el doctor Mario Montes que se perdieron y que los ahora detenidos se apropiaron, también es una falacia, es una gran mentira y hoy les aseguro que la verdad saldrá a flote allá en el estrado judicial, en donde en principio tenemos el respaldo de todos los contratos por los 1225 millones de pesos que dice la Fiscalía, todos por capitación. Entonces surgirán preguntas como dónde están los otros 1.800 millones y qué pasó, si se los robaron o dónde fueron a parar. Pues le aseguro que no es cierto, esa otra parte corresponde a la modalidad de contrato por evento y de eso también está el respaldo y el sustento completo, sin duda.

Después de conocer sus explicaciones suena exagerado el pronunciamiento de los fiscales y del propio presidente Santos cuando hablaron de lavado de activos y extinción de dominio. ¿Qué pruebas ha presentado la Fiscalía al respecto?

Realmente le confieso que los abogados de la defensa estamos asombrados con la forma como llega la amenaza de que van a investigar a nuestros clientes por esa clase de delitos. Entonces pongo esto de la siguiente manera: Creo que al señor Presidente de la República le llegaron con esa versión y él mismo ordenó que extinguieran los bienes de las personas que se robaron los 35 mil millones de pesos de la salud en el Huila. Claro si yo me apropio de 35 mil millones de pesos del Estado, es muy posible que tenga grandes inversiones en inmuebles, títulos y demás, entonces es natural que el Estado lo diga y actúe. Pero aquí que no existió apropiación, no sé de dónde saca la Fiscalía el criterio para iniciar un proceso por lavado de activos por 35 mil millones de pesos, o de extinción de dominio por el mismo monto y uno más por 3 mil millones de pesos. Lo que va a pasar es que cuando le comprobemos que no hay detrimento, el daño irreparable contra estas personas capturadas ya estará hecho y la Fiscalía no tendrá con qué pagarlo, le va a costar mucho dinero. Aquí estamos frente a procesos indebidos y eso la Fiscalía tendrá que reparar más adelante, no solo al doctor Armando Ariza, sino a los exalcaldes y exgerentes de las EPS. Hoy podemos decir que moralmente ya están condenados y económicamente no le alcanzará a la Fiscalía para reparar a tantas personas, además porque si insisten en capturar a más personas, pues tendrán que llevar a la cárcel a más de tres mil alcaldes.

Usted hoy es defensor, pero en años anteriores ha sido fiscal y ha tenido en sus manos grandes investigaciones. ¿Cómo califica la actuación de estos dos fiscales?

La verdad tengo que confesar que estoy supremamente preocupado por la actuación de dos fiscales de la talla de los doctores Ciro Castillo y Mario Montes, personas que llevan muchos años en la Fiscalía y la verdad lo que están generando es un pánico colectivo frente a la manera como están utilizando técnicas de investigación criminal, pero manipulándolas para convertirlas en técnicas criminales de investigación, lo cual es algo diferente pero además muy preocupante. Yo creo que la reserva de las investigaciones amerita se realicen en el lugar apropiado como lo es la audiencia pública, entre dos contendientes, fiscal y defensor, dialécticamente hablando y frente a un juez imparcial, en ese lugar, no en la prensa a dar este tipo de amenazas y anuncios que generan una complejidad en la comunidad. Esto parece como la época de las camisas negras de Mussolini o las épocas de la policía secreta de Hitler, en donde utilizaban procedimientos y tratos inhumanos, crueles y degradantes los cuales están prohibidos en Colombia. Nosotros como fiscal y juez que hemos sido (incluyo al doctor Yesid Ramírez Bastidas) en el departamento del Huila, jamás utilizamos esos procedimientos. Usted ve que los fiscales y jueces de acá son mesurados y no salen a dar este tipo de ruedas de prensa, como si lo hacen los fiscales de Bogotá que en palabras del periodista Felipe Zuleta, un gran comunicador, donde él dice cómo las cosas se le pueden volver contra el servidor público que abusando de sus funciones excede los límites de su competencia, creyendo que utilizando a un periodista para dar chivas, va a ser una persona que siempre estará ponderada. Falta que salga del cargo esa persona, entregue los carros blindados, los escoltas, para volver a ser una persona normal, con algunos enemigos grandes por las injusticias cometidas. Y con esto no estoy llamando a que el fiscal sea amigo de los procesados, pero lo claro es que tampoco puede ser el enemigo, por eso llamo a la mesura como se lo dije al Fiscal en la audiencia.

¿Cuál es la condición del doctor Ariza y de los demás capturados en desarrollo de este proceso?

Pues como dice la canción, la jaula aunque sea de oro sigue siendo prisión. Es una condición inhumana, como en toda cárcel, particularmente cuando uno tiene la convicción de la inocencia, cualquier restricción de la libertad, en el lugar que sea, no es nada agradable. Él está en una jaula acompañado de otro preso, en una situación complicada.  Recientemente le solicité al señor director de la cárcel, a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, para que investigaran las amenazas que le hicieron al doctor Armando Ariza. Fue por esto que el señor director lo mantuvo aparte, en un corredor y en una habitación de lo más sencillo posible, procurando preservar su seguridad, pero fue tanta la presión que lo trasladaron a una jaula con rejas, en una situación humillante. Afortunadamente el doctor Ariza es hombre de grandes principios y valores y por eso ha soportado con estoicismo esta complicada situación.