En estas elecciones hay alto riesgo de fraude: MOE

El reciente informe de la Misión de Observación Electoral –MOE– realizó seguimiento riguroso al proceso electoral, en donde recogió inquietudes e información sobre posibles anomalías e irregularidades que afectan el certamen democrático que se avecina.

En el documento se advierte sobre la importancia de tres temas relacionados con la transparencia electoral que preocupan los cuales son: La ausencia de reportes de financiación de campañas a mes y medio de las elecciones, la participación indebida de funcionarios públicos y  las implicaciones del riesgo de trashumancia electoral.

No han reportado financiación de campañas

De acuerdo con datos entregados a la MOE por el Consejo Nacional Electoral, al 10 de septiembre del presente año, tan solo 559 candidatos (el 0,47% del total de candidaturas inscritas) han reportado en Cuentas Claras algún tipo de ingreso a las campañas. Ninguno de los partidos políticos supera reportes de más del 1% de sus candidatos. Un comportamiento muy similar se evidencia frente a los gastos, pues 426 candidatos (el 0,36% del total) registran gastos en la plataforma. En suma, tan solo 594 de las más de 117.000 campañas han hecho uso de la herramienta de Cuentas Claras.

La Misión de Observación Electoral señaló el riesgo de que, detrás de los  fenómenos de fraude y violencia que se presentan en el país, exista un interés de los criminales de permear las campañas políticas.  

Indicó que es urgente que se exija a los candidatos el reporte a tiempo real de los ingresos y gastos de sus campaña, y que el CNE y el Tribunal Seccional de Garantías Electorales, con ayuda de otras autoridades como la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) investiguen la veracidad de los reportes para identificar posibles casos de violación de topes o de financiación de campañas con fuentes prohibidas.

La entidad advierte que se deben evitar que los fenómenos como el narcotráfico y la corrupción ingresen a las campañas electorales y sean utilizados para tergiversar la libre expresión de los ciudadanos a través de las urnas.

Asimismo, la MOE expresó su preocupación por el poco o nulo control que se está haciendo a la financiación de las campañas electorales.

Ante este panorama, pidió a las autoridades y a los representantes de los partidos políticos que aclaren a todos los candidatos la obligatoriedad de reportar semanalmente al aplicativo Cuentas Claras los ingresos y gastos de la campaña.

Participación indebida en política por parte de funcionarios públicos

En el aplicativo ‘Pilas con el voto’, vinculado a la URIEL, la MOE indica que ha recibido un total de 1.297 reportes sobre presuntas irregularidades electorales entre el 27 de octubre de 2018 y el 13 de septiembre de 2019, procedentes de 29 departamentos más Bogotá y 456 municipios (41% del país). La información se ha concentrado principalmente en irregularidades referentes al comportamiento ilegal de los funcionarios públicos para favorecer una determinada candidatura, la publicidad ilegal y distintos mecanismos que terminan afectando la libertad del votante, ya sea por presiones y amenazas o por compra de votos.

Por su parte, la MOE alerta sobre la cantidad de reportes que la ciudadanía ha dado a conocer a través de ‘Pilas con el voto’ sobre participación indebida en política por parte de funcionarios públicos, con un total de 321 reportes; ciudadanos provenientes de 26 departamentos más Bogotá en 196 municipios. Lo anterior, en la medida en que se convierte en la principal causa de afectación a la transparencia del proceso electoral, que además genera un claro desbalance en la contienda y afecta la gestión y utilización de los recursos públicos.

También, aseguró que es de vital importancia considerar la posibilidad de que en ocasiones este tipo de conductas se materialicen debido a la falta de claridad frente a las restricciones que tienen los funcionarios públicos desde la misma legislación, razón por la cual es indispensable que la Procuraduría determine de manera clara los lineamientos y restricciones en las actuaciones de los funcionarios públicos frente a su participación en política.

Municipios con alta inscripción de cédulas y antecedentes de disturbios

De otro lado, la MOE indicó que se debe prestar especial atención a los 15 municipios en los que se evidencia inscripción de cédulas atípicamente alta para este proceso electoral y que presentan antecedentes de disturbios en elecciones pasadas.

Agregó que contrastó con los 212 municipios señalados por tener niveles atípicamente altos de inscripción de cédulas en el noveno informe de inscripción de cédulas de la MOE, con los 72 municipios en los que se registraron disturbios durante las elecciones de 2015, encontrando una coincidencia de ambos fenómenos en 15 municipios (Ver Tabla 2).

Frente al fenómeno de la trashumancia éste genera un malestar en la población, en tanto es un suceso notorio, los ciudadanos observan la llegada masiva de personas que no residen en el municipio y consideran grave que sujetos ajenos elijan a sus mandatarios. Por lo cual se pueden presentarse manifestaciones y disturbios, ante esto la MOE les señala a las autoridades la importancia de tomar medidas efectivas frente a posibles casos de trashumancia electoral para prevenir perturbaciones al certamen democrático.

Violencia contra candidatos

Desde el pasado 27 de julio hasta el 16 de septiembre, el monitoreo de la MOE arroja 54 candidatos víctimas de violencia: 40 amenazados (5 de ellas mujeres), 2 secuestrados, 5 víctimas de atentados (una de ellas mujeres) y 7 asesinados (una de ellas, mujer).

De los 17 partidos con personería jurídica, 14 tienen candidatos víctimas de violencia (MIRA, AICO y el Polo no tienen víctimas hasta ahora). La mayoría de las víctimas pertenecen a coaliciones, y 4 de los candidatos víctimas fueron avalados mediante firmas.

Los mayores niveles de letalidad hasta ahora se han concentrado en Antioquia (2 asesinatos y 1 atentado contra candidatos), el norte del Cauca (2 asesinatos), Valle (1 asesinato), sur de Bolívar (1 asesinato), Catatumbo en Norte de Santander (2 atentados y 1 asesinato), Magdalena y Cundinamarca (1 atentado cada uno). En Chocó y en Nariño han secuestrado a candidatos (1 caso en cada uno).

También, recordó los ataques como el ocurrido en Suárez, Cauca, contra la candidata Karina García del Partido Liberal, quien contaba con el mayor esquema de protección posible, demuestran que las demás entidades del Estado deben complementar las medidas de la UNP con políticas de prevención.

Enfoque de género en la violencia política

En lo corrido del calendario electoral (27 de octubre de 2018 a 10 de septiembre de 2019) los departamentos más afectados por la violencia política contra la mujer son Antioquia, Arauca, La Guajira, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Este último es el departamento donde han asesinado más lideresas, resaltando el municipio de Samaniego donde este año han asesinado a una lideresa social y a la Personera Municipal.

Se registraron 30 mujeres lideresas políticas víctimas de violencia durante el año. Algunos casos sucedieron en época preelectoral: (1) Claudia López precandidata a la Alcaldía de Bogotá fue amenazada y (2) Sonia Rosero González, precandidata a la Alcaldía de Puerto Asís, Putumayo, fue asesinada.

Tras el inicio de la campaña electoral (27 de julio de 2019) se registran los siguientes asesinatos hacia mujeres candidatas: el asesinato de Karina García Sierra, candidata a la alcaldía de Suárez (Cauca) por el Partido Liberal.

De igual manera en el mismo periodo en mención, se registraron los siguiente atentados: Betsaida Montejo Pérez candidata por firmas a la alcaldía de San Calixto (Norte de Santander) sufrió un atentado.

Y amenazas: (1) Luz Polo, candidata al concejo de Pereira por ASI, (2) Yolanda Wong, candidata a la alcaldía de Cartagena por el Partido de la U, (3) Rubiela Mosquera candidata del Centro Democrático a la alcaldía de Condoto (Choco), (6) Leila Ardila, candidata a la alcaldía de Arauquita (Arauca) por coalición entre la U, Cambio Radical y MAIS, y (7) Mónica Ferreira, candidata al concejo de Bucaramanga (Santander) por Cambio Radical.

Por otro lado, se registraron al menos 4 casos en el que se presentan un ataque de carácter simbólico a la representación política de las mujeres. Es el caso de Rosalbina Valdés, candidata a la alcaldía de Patía (Cauca), quien recibió comentarios discriminatorios y afirmaciones sexistas por parte del Congresista del Partido de la U Jhon Jairo Cárdenas. Rosalbina, en las últimas semanas, ha sido también víctima de violencia psicológica, pues ha recibido amenazas en repetidas ocasiones.

Finalmente, recomendó que se integre el enfoque de género en la investigación penal de la violencia política contra la mujer, incluyendo la integración de más mujeres investigadoras y fiscales en los casos respectivos. Así mismo, contemplar el enfoque diferencial en las medidas de protección otorgadas por la UNP, incluyendo medidas como la asignación de mujeres escoltas y la consideración de los factores de riesgo específicos para la mujer.

Compra de votos, atentado a la democracia

La jurisprudencia ha calificado la compra de votos como un atentado grave que carcome y desgasta los pilares del modelo de Estado, abusando de ciudadanos desprotegidos, marginados y necesitados, que por dinero venden sus conciencias.

Esta fue la conclusión con la que la Corte Suprema de Justicia condenó a 15 años de prisión a la excongresista Aída Merlano, también fue encontrada responsable de los delitos de concierto para delinquir y tenencia de armas de fuego y municiones.

“La acusada se valió de medios tan reprochables para llegar al poder que infringió varias veces los mecanismos de participación democrática, utilizando idéntico procedimiento de corrupción en las elecciones del 2014 para acceder al Congreso; en las del 2015, apoyando la elección de quienes integraban la organización al Concejo Municipal, a la Asamblea Departamental y a la Gobernación del Departamento de Atlántico, y en las del 2018, que la llevaron a obtener un asiento en el Senado de la República”, agregó el fallo.

En este punto aclaró que los resultados lesivos que perpetre cada uno de los coautores para la realización del plan común son imputables a todos los demás, incluyendo aquellas contribuciones que individualmente consideradas no sean constitutivas de delito.

También precisó que este tipo penal se realizó en tres ataques sucesivos a los mecanismos de participación democrática, que desde el punto de vista jurídico representan una unidad de acción materializada en un delito continuado en lo que tiene que ver con cada certamen electoral, pero en concurso homogéneo sucesivo respecto de las tres elecciones, pues se configuraron los elementos requeridos de esta figura: Pluralidad de comportamientos que realizan un mismo tipo penal, unidad de designio, vulnerabilidad gradual del bien jurídico y prisión domiciliaria.

Por otra parte, la defensa de Aída Merlano solicitó la prisión domiciliaria, por ser madre cabeza de familia de dos hijos que supuestamente dependían exclusiva, económica y afectivamente de ella.

Sin embargo, la corporación no accedió a esta solicitud. En primer lugar, indicó que no toda mujer puede ser considerada madre cabeza de familia por el solo hecho de estar a su cargo la dirección del hogar, ya que debe reunir los presupuestos fijados por la Sentencia SU-388 del 2005 de la Corte Constitucional y en segundo lugar, es necesario satisfacer los requisitos del artículo 10 de la Ley 750 del 2002, a fin de corroborar la prevalencia de los intereses superiores del menor que depende del acompañamiento y ayuda también permanentes, sobre los fines de la ejecución de la pena.