Ordenan pagar $1300 millones a la Usco

Diez días tendrá el Departamento para transferir $1300 millones a la Universidad Surcolombiana, Usco, por concepto de la Ley 30, luego de que una Acción de Cumplimiento ordenara este pago.

El año pasado tras una demanda que amenazó congelar el presupuesto departamental para la vigencia 2013, se apropiaron recursos para este año con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la ley. De esta forma, el gobernador expidió el Decreto 1824 de 2013  y en la sección 0203  aforó este valor.

Sin embargo, el departamento hizo caso omiso a esta apropiación por lo que el 11 de febrero de este año la universidad presentó una solicitud dirigida al gobernador del Huila, con el fin de constituir la renuencia.

“A título de respuesta, el 4 de marzo de 2014 el Departamento Administrativo Jurídico -Gobernación- denegó la petición, argumentando que frente a ese asunto se encuentra en trámite un proceso judicial en la jurisdicción contencioso administrativa”, afirma la Providencia del Tribunal Administrativo.

Fue entonces cuando la Oficina Jurídica de la Usco, en cabeza entonces de Vladimir Salazar, presentó la Acción de Cumplimiento que ahora obliga al departamento a pagar.

La respuesta a la demanda

Ante esta acción judicial el departamento presentó una oposición tajante, afirmando que la Universidad Surcolombiana es una institución de educación superior del orden nacional, por lo tanto a quien le corresponde realizar los aportes a los que se refiere la Ley 30 de 1992 es a la Nación.

Para la Gobernación la universidad interpreta equivocadamente los actos administrativos presuntamente incumplidos “porque la apropiación de los recursos al ente universitario se hizo con el fin de cancelar una posible condena relacionada con la interpretación del artículo 86  de la Ley 30 de 1992. Por ese motivo el concepto de gasto se justificó como una simple ‘transferencia’ y por ese motivo no se puede considerar que exista textualmente una obligación clara, expresa y exigible que constriña al ente territorial a realizar el pago de esos recursos”, afirmó el departamento en la defensa.

De esta forma el 25 de agosto de 2014 el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Neiva declaró que el departamento del Huila efectivamente había incumplido. En consecuencia le ordenó al gobernador dar efectivo e inmediato cumplimiento a lo señalado en dichas disposiciones en el término de 10 días.

Esta sentencia fue concurrida por el departamento y ahora fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Huila. De modo que la gobernación no tiene otro camino sino el de pagar los $1300 millones.

Lo que dijo el Tribunal

Para el Tribunal Administrativo del Huila no solo afirmó de la pertinencia de la demanda, sino que afirmó que con esta acción judicial “no se pretendía establecer un gasto sino ejecutar uno que ya fue  establecido siguiendo la normatividad que regula la formación del presupuesto del departamento”.

“No es de recibo aceptar que el argumento de que la referida suma se apropió para satisfacer una eventual condena, en primer lugar, porque en la sentencia de primera instancia que profirió la Sala Primera de Decisión Oral (…) se declaró la nulidad del Decreto 1486 de 2012, a través del cual se expidió el presupuesto para la anualidad 2013”, afirma el Tribunal.

El alto tribunal además señaló que en la demanda de nulidad y restablecimiento del Derecho del 24 de abril de 2013, se nulitó el acto administrativo que negaba el pago de aportes correspondientes a las vigencias desde 1992 a 2012, y se ordenó el pago de 22.000 millones de pesos.

Por último la corporación judicial dijo que si se pretendía apropiar estos recursos ante una eventual demanda, para eso se debía haber estimado esa partida en el denominado rubro de sentencias y conciliaciones.

RECUADRO

“Gobernador le ‘rapó’ la estampilla a la Universidad”

Vladimir Salazar, quien hasta hace poco fue el jefe jurídico de la Universidad Surcolombiana, no solo destacó la calidad profesional de los juristas que lograron estas pretensiones (Diana Mireya Salas, Samir Aljach y Mario César Tejada), sino que “estos dineros  son muy necesarios, pues por concepto del mismo secretario de Hacienda, el gobernador le "rapó" la estampilla a la Universidad, lo cual ha generado un déficit en los recursos de inversión, hecho que también fue demandado por la Universidad y proceso en el que esperamos que se dé   un fallo favorable para la educación que es el futuro de los huilenses y la única herramienta para que algún día derrotemos a la politiquería”, afirmó.

Para Salazar “esta acción -respuesta de la Gobernación- no correspondió a un intento transparente por cumplir la ley, sino a una estrategia con el fin de burlar a la justicia, pues nunca hubo intención de girar los recursos a la universidad, simplemente se simulaba dicha intención con el objeto de impedir una nueva demanda en contra de la ordenanza presupuestal vigente, pero es claro que no pensaba ejecutar dicho proyecto”.