Multan y obligan a alcalde de Neiva a ‘erradicar’ los ambulantes

Después de un singular incumplimiento de una sentencia proferida hace 15 años (11 de febrero de 1999) por el Tribunal Contencioso Administrativo, donde se obligaba a ‘erradicar las ventas ambulantes’ en Neiva, el mismo alto tribunal declaró en desacato al actual alcalde y lo multó.

La historia de esta providencia incumplida, viene desde los tiempos de gobierno del sacerdote Jorge Lorenzo Escandón Ospina, a quien se le sentenció en el término de 30 días a erradicar las “ventas informales y el estacionamiento de vehículos en las zonas prohibidas en el área conocida como microcentro de la ciudad de Neiva”.

Esta orden la incumplió no solamente el presbítero, sino Héctor Javier Osorio, Cielo González Villa, Héctor Aníbal Ramírez y el actual mandatario Pedro Hernán Suárez. Sin embargo, se hizo caso omiso a la sentencia hasta que el año pasado, el 12 de diciembre, el señor Javier Salcedo propuso el Incidente de Desacato argumentando que el espacio público del microcentro de la ciudad se “encuentra completamente invadido por vendedores ambulantes, situación que atenta contra el bien común de las personas que con dificultad se desplazan por las calles y vías peatonales de dicho sector, sumado al alto índice de inseguridad y la proliferación de  basuras que dicha ha generado”, afirma en apartes de la providencia.

Pues bien, el alto tribunal con ponencia del magistrado Gerardo Iván Muñoz Hermida, esta semana ordenó acatar la decisión de hace 15 años y condenó al alcalde de la ciudad a pagar dos salarios mínimos ($1.232.000) por haber incurrido en desacato. Esto no queda ahí, si el mandatario de la ciudad no paga la multa y no cumple el fallo, lo más seguro es que le ordenen un arresto, caso que seguramente evitarán impugnando la actual decisión.

¿Sacarán a los vendedores ambulantes?

Todo parece indicar que los vendedores ambulantes no los sacarán del microcentro de la ciudad, el secretario de Gobierno Municipal, José Ferney Ducuara, aunque afirmó que a él no lo han notificado del caso y que aunque desconoce la situación, el desalojo o desocupe del espacio público no se hará de manera inmediata.

“La administración municipal cuando contestó esta demanda, en compañía de la Secretaría de Movilidad y representados con la Oficina Jurídica del Municipio, se argumentó lo siguiente: desde el año 1999 a la fecha han pasado más de 15 años, y durante este tiempo, los fallos que han dictado las altas cortes (Corte Constitucional y Consejo de Estado) sobre la materia, son totalmente diferentes a ese fallo que dictó en el año 99 el Tribunal, ha evolucionado, en aquel momento se pidió el retiro de los vendedores bajo ninguna otra consideración. Hoy en día lo que han sentenciado las altas cortes es que los vendedores no pueden ser retirados solamente con acciones policivas sino que la administración debe brindarles alternativas de reubicación, económicas para que ellos puedan desarrollar una labor digna conforme al ordenamiento jurídico, pero en todo caso respetando el espacio público”, recalcó Ducuara.

¿Tribunal está desactualizado?

La providencia del Tribunal no desconoce la jurisprudencia nacional, simplemente concreta su argumento afirmando que hay una sentencia que no se ha cumplido y que pese a que la Alcaldía ha “diseñado todo un esquema para la recuperación del espacio público de los vendedores ambulantes, brindándoles alternativas y etapas para el cambio de la vida productiva de estas personas”, en el tiempo de más de dos años y medio de gobierno del actual alcalde Pedro Hernán Suárez “faltando tan solo voluntad política del burgomaestre municipal, invirtiendo en el proceso de recuperación más de la mitad del periodo constitucional de cuatro años sin metas apreciables de recuperación del espacio público de vendedores informales”, dice la  sentencia.

En otro de los partes del fallo se advierte que la administración municipal “ha dejado trascurrir demasiado tiempo sin que se adopte una decisión definitiva que resuelva de fondo el problema de invasión del espacio público”.

Desalojar: “un imposible jurídico”

Para José Ferney Ducuara la Administración desarrolló 10 alternativas económicas de reubicación para que esta población, “que se trata de seres humanos, de que de allí sacan el sustento familiar,  pudieran acogerse a estos programas y alternativas”, dijo.

“Si un juez de la República me dice quite los vendedores del centro de a la ciudad, pues ese fallo sería contrario al precedente jurisprudencial que tenemos en estos momentos en Colombia, hoy las altas cortes lo que han dicho sí, retírenlos pero ofrézcales alternativas económicas, y es lo que ha hecho la Alcaldía. Hasta tanto nosotros no tengamos un fallo en firme, ejecutoriado, con todas las garantías que le brinda el ordenamiento jurídico a la alcaldía también pues yo no podría hacer un pronunciamiento de fondo, si me dicen que saque todos los vendedores ambulantes del microcentro sería un imposible jurídico, porque no se pueden sacar así no más sino brindarles unas alternativas a los vendedores”.

RECUADRO

El trámite de la demanda

Hace 15 años quien interpuso la demanda de Acción de Cumplimiento fue el señor Hever Conde, en nombre propio y en representación de la ‘Asociación Microempresarial Los Comuneros, Asomilco, contra la Alcaldía con el fin de que se ordenara al Alcalde Municipal dar cabal cumplimiento de las normas constitucionales y adelantar las actuaciones necesarias tendientes a la recuperación del espacio público en el centro de la ciudad.