Mototaxismo en Neiva, un negocio que mueve $2.700 millones al mes

Las cuentas son claras y contundentes. La Secretaría de Movilidad de Neiva indica que son cerca de tres mil los vehículos que están dedicados al ilegal negocio del mototaxismo en la ciudad capital.

Lo que se sabe es que, en promedio, cada uno gana 30.000 pesos al día -que es el equivalente a 15 carreras de dos mil pesos- es decir que los tres mil mototaxistas de Neiva mueven cerca de 90 millones de pesos al día. Y si esta cifra se multiplica por los 30 días, da como resultado que la ilegal actividad mueve al mes, sólo en Neiva, la no despreciable suma de 2700 millones de pesos.

Esto explica por qué el mototaxismo sigue creciendo en Neiva y en todo el país, convirtiéndose en uno de los negocios ilegales más lucrativos, donde ya hay personas adineradas invirtiendo en motos y alquilándolas, pese a la tajante prohibición y a la implícita ilegalidad de estos vehículos como medio de transporte público.

‘Empresario’ del mototaxismo

DIARIO DEL HUILA conoció el caso de un hombre, paradójicamente pensionado de la Policía, quien confesó ser el propietario de una flotilla de 20 motos, todas dedicadas al mototaxismo en Neiva.

“Yo la entrego al primer conductor a las 6:00 a.m. y se la recibo a las 2:00 p.m.; luego la entrego a otro conductor que la devuelve a las 9:00 p.m. y cada uno me debe entregar $25.000, es decir, cada moto me genera una ganancia diaria de $50.000”, narra el ilegal empresario, quien por obvias razones pidió no revelar su identidad.

Teniendo en cuenta que el hombre manifiesta que tiene una flotilla de 20 motos, todas trabajando en dos turnos y que cada una le genera 50.000 pesos por día, eso equivale a decir que este “emprendedor” se está metiendo al bolsillo diariamente, la no despreciable suma de un millón de pesos, es decir 30 millones al mes, es decir el doble de lo que se gana un magistrado de la Rama Judicial y unos millones más de lo que se gana un honorable senador de la República.

¿Cómo contrarrestar una actividad que es tan lucrativa en una ciudad donde existe desempleo y donde muchos derivan su sustento de la informalidad (ventas ambulantes)?

Análisis académico

La Universidad Surcolombiana realizó en el año 2010 un completo estudio sobre la problemática del mototaxismo en Neiva, titulado “Análisis socio-jurídico del Mototaxismo, una aproximación al fenómeno en Neiva”, bajo la coordinación del profesor Germán Alfonso López Daza.

El texto resalta en la parte resolutiva que una de las causas para el surgimiento del mototaxismo, es el deficiente servicio del transporte público legal que se presta en todo territorio nacional, que para el caso de Neiva es más que deficiente.

Colectivos viejos y en precarias condiciones sanitarias, sin aire, en rutas demoradas y con baja frecuencia, con un valor económico que no se equipara con la pésima calidad del servicio y una nula atención al pasajero.

Pero además el usuario que más utiliza el servicio del mototaxismo es de estrato bajo, el que vive en la periferia y en barrios o asentamientos donde el transporte público no llega.

Entonces el mototaxismo se convierte en una solución para este segmento de la sociedad, en la eficacia de un servicio que se presta puerta a puerta, a bajo costo, en forma rápida, aunque poco segura, esto último un tema que definitivamente no  preocupa a quienes utilizan a diario el servicio.

Pero en el fondo, más que el impulso por la búsqueda de un mejor y más eficiente servicio, el mototaxismo surge por una condición eminentemente cultural e inherente a los colombianos, como lo resalta el estudio de la Usco.

“El fondo del problema radica en la cultura de la ilegalidad que reina en Colombia… La legalidad es un componente indispensable para una sana convivencia y una vida en comunidad. En un estado de derecho, el imperio de la ley exige la subordinación a ella de todos los ciudadanos así como de las autoridades, para asegurar que se tome en cuenta el interés general”, dice el estudio de la Usco en sus conclusiones.

“En el caso del fenómeno del mototaxismo, así como en otros usos socialmente aceptados (v.g. compra de objetos robados, de contrabando, la trampa en los exámenes, no hacer fila, la ley del más astuto y el fin justifica los medios, etc.), son manifestaciones de una sociedad a la que le ha faltado más educación en valores, en la observancia de la ley, en el respeto a la legalidad”, agrega el documento escrito por expertos académicos.

Como vemos el problema es más de fondo que de forma, con otro agravante y es nuestra justicia eminentemente garantísta, lo que tiene maniatada a la autoridad, que no puede  adelantar controles que acaben con el mototaxismo, pues en todo caso una norma o disposición se entiende o se interpreta como violación a los derechos fundamentales, como violación al derecho al trabajo, a la libre movilización, etc.

Nunca será legalizado

El vehículo denominado motocicleta de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito y Transporte no se encuentra homologado para prestar el servicio público de pasajeros.

La Ley 769 de 2002 establece sanciones para el conductor de una motocicleta por prestar un servicio no autorizado, que va desde la multa, inmovilización del vehículo y suspensión o cancelación de la licencia de conducción.

Recientemente el Gobierno Nacional con el ánimo de ayudar a las autoridades locales erradicar la prestación del servicio público con este tipo de vehículo, expidió el Decreto 2961 de 2006, el cual faculta a los municipios o distritos para restringir la circulación de las motocicletas con acompañante o parrillero donde se presenta la prestación ilegal del servicio público de pasajeros.

Así mismo el decreto prevé una presunción de hecho cuando el conductor o propietario de una motocicleta circula con acompañante o parrillero dentro de las zonas y horarios objeto de prohibición, lo cual conlleva a aplicar la sanción prevista en la Ley 769 de 2002. La disposición nacional no hizo otra cosa que recordarle a las autoridades locales que el servicio público en motocicletas es ilegal y por lo tanto se debe erradicar, para lo cual les facilitó el medio de prueba para determinar el servicio no autorizado.

Son, entonces, las autoridades locales las llamadas a dictar las normas necesarias para restringir el uso de la motocicleta.