Las posibles y necesarias reformas políticas

DELIMIRO MORENO

Diario del Huila, Neiva

Los comicios que acaban de culminar con la reelección del presidente Juan Manuel Santos  Calderón y su bandera de  la  paz  que tendrá que ser firmada con las Farc y el ELN, también  han  significado un compromiso de emprender una profunda reforma  política, que garantice el perfeccionamiento de  nuestra  escuálida democracia con la participación  más efectiva del pueblo en las decisiones que van a definir su suerte.

En  primer lugar,  eliminar la nefasta reelección impuesta por el señor Álvaro  Uribe Vélez en  su ánimo de eternizarse en el poder. Desde los tiempos de la  Independencia se consideró como un principio democrático esencial la alternabilidad en el poder, para atajar  ambiciones autocráticas de imperiales caudillos como Mosquera, Núñez, Reyes y Uribe. Como contraprestación a esto, se propone ampliar el periodo presidencial a seis años pues se considera que cuatro son pocos  para desarrollar un programa serio y de profundas consecuencias. Esto lleva a considerar también la ampliación de los periodos de gobernadores y alcaldes a los mismos seis años, unificando la iniciación de los mandatos de todos para evitar la realización de elecciones permanentes que tanto daño le causan al normal desarrollo de las actividades nacionales.

Pero para que la opinión popular pueda expresarse por lo menos cada tres años, se debe pensarse en realizar elecciones de “mitaca” cada tres años, para Cámara de Representantes, asambleas departamentales y concejos municipales, lo que permitirá saber si las políticas administrativas desarrolladas por los ejecutivos nacional, departamental y municipal, es decir por el presidente, los gobernadores y los alcaldes, cuentan con la aprobación popular, o será necesario hacer un cambio en ellas.  

Esto significaría también la necesidad de una reforma en  la integración, elección y funciones del Senado de la República para que no siga siendo un  duplicado de la Cámara de Representantes (lo  que ha llevado a proponer suprimir ambas cámaras y reemplazarlas por una  única o Asamblea Nacional),  y se  distinga claramente de ella.

El Senado, pues, sería elegido como el presidente, por seis años; dos elegidos por cada departamento (lo que daría 68), a los que agregarían diez elegidos por circunscripción nacional, cinco por afrodescendientes y cinco por indígenas auténticos, no mestizos disfrazados de tales, como está ocurriendo ahora. La Cámara estaría formada por 90 o 100, elegidos, uno por cada 500.000 habitantes o fracción superior a 250.000, en cada departamento, y diez elegidos nacionalmente, cinco por las negritudes y cinco por los  auténticos  indígenas. El Senado, que podría ser presidido por el vicepresidente de la República para romper su número par aquí planteado, con derecho a voto solo cuando haya empate en  una votación, elegiría el Procurador General de la República, cuyas funciones deberán ser replanteadas quitándole el derecho a sancionar funcionarios elegidos popularmente, y actuaría como juez del presidente de la República acusado por la Cámara de Representantes;  tendría el derecho a presentar mociones de censura a los ministros que, censurados, deberán  renunciar a sus cargos, y a  negar su aprobación a  leyes adoptadas por la Cámara, pero no a presentar  proyectos de  ley, lo que sería función exclusiva de la Cámara. El Senado, igualmente, tendría la función de elegir la Corte Suprema de Justicia, mientras la Cámara elegiría la Corte Constitucional, y ellas dos  el Consejo de Estado y el Consejo de la Judicatura.

La Cámara, como vocero del pueblo (el Senado lo será de los departamentos), elaborará las  leyes propuestas por sus miembros y por el Ejecutivo, en particular las  presupuestales, de su exclusiva iniciativa. Aprobadas serán  enviadas al  Senado y en  caso de que esta Cámara las niegue volverá estudiarlas y sin son ratificadas, deberán ir a la firma del presidente de la República sin ninguna otra condición. La Cámara de Representantes, tras la decisión de su Comisión  de Acusaciones, que hará un inicial estudio de las acusaciones, pero cuyo informe podrá ser variado por ella, acusará ante el Senado de  la República al presidente por delitos cometidos en  el ejercicio  de su cargo.

Las asambleas departamentales acusarán por sus delitos cometidos en ejercicio de su cargo ante el Tribunal Superior del Departamento al gobernador y lo mismo harán los concejos municipales respecto a los alcaldes. Asambleas y concejos podrán aprobar mociones de censura a los secretarios del despacho respectivo, y los que las sufran deberá renunciar a sus cargos y el Ejecutivo reemplazarlos.

Otras decisiones en  la Reforma política serían la implantación del voto electrónico obligatorio; la eliminación del voto preferente y la definición de las listas de candidatos a corporaciones públicas y a cargos del Ejecutivo por convenciones democráticas, municipales, departamentales y nacionales, reglamentadas por la Ley. Finalmente, la financiación total de las campañas debe ser hecha por el presupuesto nacional; debe ordenarse la prohibición expresa de contribuciones privadas a ellas, y la celebración de las elecciones en  dos días laborales, ampliando los horarios de votación hasta que el último elector que  haya acudido a los sitios de votación  pueda hacerlo.

Si se aplicaran estas reformas, tendríamos un régimen político más democrático, pero obviamente todas son ideas para discutir.