Las cifras del posconflicto

El que Estados Unidos y Cuba restablezcan relaciones diplomaticas genera un ambiente favorable para que las FARC y otros grupos guerrilleros abandonen las armas y se inicie un proceso de paz, lo cual goza de simpatía internacional pues el terrorismo y la violencia fatigan a la sociedad moderna dado los costos económicos y en vidas que traen aparejados. Pero no se trata solo de silenciar los fusiles sino de iniciar un proceso de reconciliacion nacional, de inclusion social y de eliminar las barreras sociales que generan inequidad, pobreza y desempleo. Las cifras dadas a conocer por el DANE, según encuesta de Goce Efectivo de Derechos (EGED) 2013-2014 realizada a 27.727 hogares señalan que luego de medio siglo de conflicto armado el Estado no ha podido garantizar que casi 6 millones de víctimas de desplazamiento forzado ejerzan sus derechos, aunque hay timidos avances en la lucha contra la pobreza (33%) y la pobreza extrema (63%), lo cual se traduce en una pesada carga para el Estado colombiano.

En algunos indicadores del estudio se observan avances como en educación (87,8% de la población entre 5 y 17 años asiste regularmente a algún nivel de educación preescolar, básica o media); en vivienda hay una deuda social, pues solo el 21% de los hogares cuenta con vivienda digna y el 5,3% reconoce algún nivel de satisfacción, es decir el campo no solo es una bomba de tiempo para el postconflicto sino que delata la existencia de dos colombias como señalara el expresidente López Michelsen: la pauperizada rural y la urbana que tiene retozos de modernismos, con unas capas medias y unas minorias ricas que disfrutan los avances del capitalismo.

Colombia es el segundo país del mundo por víctimas del desplazamiento forzado y primero en Latinoamérica por este flagelo. La pregunta que nos hacemos los colombianos aun concretando los acuerdos de La Habana es: ¿se cuenta con los recursos suficientes para la reparación de las víctimas del conflicto? El documento Conpes 3712 - Plan de financiación para la sostenibilidad (ley 1448 – 2011) señala que no. Los $54.903 miles de millones fueron calculados con base en estimaciones para las que no se tenía información suficiente, es decir, fue subestimada la inclusión de nuevas víctimas.

Al comienzo del proceso era imposible cuantificar el costo del posconflicto. Hoy, dado el vuelco que ha dado la coyuntura de “bonanza económica”, se tiene claro que no se trata de una suerte de revolución por contrato sino de las condiciones objetivas para superar la desigualdad social con reformas económicas y sociales aplazadas por decadas. Se tienen  voces autorizadas como la del exministro Juan Camilo Restrepo afirman que de momento en relación con el postconflicto rural, la cifra oscilaría entre los 80 y 100 billones de pesos en el transcurso de 10 años o, los $54 billones que el presidente Santos reveló como posible costo (1% del PIB anual). El hecho es que no queda claro de dónde provendrán los recursos que el Banco de América estima en $187 billones, como necesarios para la proxima decada, 50% de ellos para la reparación de víctimas y el excedente para programas rurales.

¿Cuántas reformas tributarias puede costar el posconflicto? ¿Cuántas reformas aguantan nuestros empresarios? Y si estan dispuestos asumir las nuevas cargas tributarias léase impuestos al patrimonio. ¿Qué hacer con los alrededores de 7000 excombatientes que quedarán desempleados y si los empleadores estan dispuestos a vincularlos a sus empresas? Con la tasa de desempleo ya existente y la informalidad es claro que se tienen serias dificultades para una insercion laboral. La experiencia de países como Guatemala y El Salvador debe ser tenida en cuenta, pues los problemas de pobreza e inequidad que alentaron la lucha persisten despues de ser firmada la paz. Fedesarrollo ha sido enfático al afirmar que los exmiembros de estos grupos pueden reforzar las filas de las bandas criminales, lo cual implica reducciones en el gasto militar  que pasará a hacer parte del aumento del pie de fuerza policial.

“Los derechos de las víctimas no son negociables”, ha dicho el presidente Santos al recordar que se han reparado 426.000 víctimas, se trata de casi 6 millones. Poniendo los pies sobre la tierra, ¿será posible que el gobierno cumpla su meta? La Universidad de Harvard ha dado a conocer un documento donde encuentra que un proceso de reparación como el que se está gestando en Colombia no tiene parangón en ningún otro país que haya sufrido un conflicto como el colombiano: en Marruecos no existe registro de víctimas, Sudáfrica tiene 22.000 víctimas registradas desde la comisión de la verdad, Indonesia no tiene registro, Guatemala 54.000 desde la comisión de la verdad y Perú 182.350. Se trata de una meta muy ambiciosa.

El país no pasa por el mejor momento, según el Fondo Monetario Internacional (FMI) pues inmerso en una region que solo crecerá por encima del 2% este 2015; con precios internacionales del petróleo a la baja, han dado al traste con todo el pronóstico anterior a la independencia energética de EE. UU. gracias al uso de la técnica de fractura hidráulica y la menor demanda de crudo de la China, segunda economía del mundo. A comienzos del 2015 el precio del barril del crudo cerró en US $48,36  (WTI), mientras que el presupuesto nacional había estimado en US $90 el barril, lo cual genera un desbalance en la cuenta corriente de la nacion, afectando de esta manera las cuentas fiscales (tributación y dividendos de Ecopetrol –las acciones han perdido más de un 12% de su valor este año-), pues se esperaba un precio de 98 dólares por barril este año.

Pero no se trata solo de petróleo, también están cayendo los precios del carbón y el níquel, el primero es el segundo commodity por volumen de exportación de Colombia (12,1%) a septiembre de 2014. Colombia sigue dependiendo en gran medida de las dinámicas de la región, de la recuperación de la economía de los EE. UU. y Europa, y esperanzada en la Alianza del Pacífico que amplía el mercado interno y nos abre las puertas a las economías del Asia Pacífico. Así las cosas, los analistas esperan que la tasa de cambio se devalúe 20% en el largo plazo, que el crecimiento económico se rezague 13% y que el desempleo se incremente en 0,8% para los próximos 6 años.

Las promesas y concretamente las negociaciones de paz deben estar sustentadas por el crecimiento de la economía que hoy esta apalancada en la inversion en infraestructura (vías y puertos), vivienda y en el sector servicios especialmente el comercio y la banca, lo cual exige dinamizar el mercado interno y generar mayor gasto esto es una política keynesiana que estimule la demanda.

No olvidemos que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo (0,539) y que a pesar de los denodados esfuerzos del Gobierno por revertir esta realidad, aunque significativos a nivel global, son avances muy débiles, por lo cual se requiere el concurso de toda la sociedad que debe rodear al Gobierno, es decir empresarios, sociedad civil y la propia guerrilla desmovilizada que debe converger en un gran bloque histórico que siembre la paz y se disponga asumir las grandes reformas económicas y sociales que en parte están discutidas y consensuadas en la agenda de La Habana. Quizás así podríamos entender lo que un dia dijo el ex jefe de la guerrilla de las FARC, Manuel Marulanda Vélez alias Tirofijo: el problema no es humanizar la guerra sino acabar con ella.

* Exrector de las Universidades Nacional y Surcolombiana. Profesor Asociado Universidad Nacional.