La nueva demanda contra Colombia por parte de Nicaragua

Marcelino Triana Perdomo

El también llamado Palacio de la Paz, de estilo neo renacentista, fue construido e inaugurado en 1913, con fondos donados por el magnate del acero americano de origen escocés, André Carnegie y en sus alrededores se encuentra el monumento denominado Llama Mundial de la paz, que permanece encendida las 24 horas del día y que está rodeado por el llamado Sendero de la Paz, compuesto por 197 piedras debidamente clasificadas, donadas por los países que se unieron para crearlo en el año 2004: así por ejemplo, hay un trozo de piedra del muro de Berlín y unos pocos de la Isla Robben, donde Nelson Mandela estuvo durante muchos años en prisión y una señalada como colombiana, que a propósito, pienso debió haber sido una porción de morralla y no un pedazo anónimo, que puede ser de cualquier lugar del mundo.

El anterior preámbulo me lleva a referirme a la situación en extremo preocupante que enfrenta el país, como consecuencia de las pretensiones de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que no se contentó con  haber logrado despojarnos de más de 72.000 kilómetros cuadrados de mar territorial; adelantar una queja contra el país, por el no cumplimiento de ésta  sentencia y,  lo que es más grave,  desde el 16 de septiembre de 2013: "Nicaragua inició una demanda contra Colombia para determinar la delimitación de las fronteras entre la plataforma continental de Nicaragua más allá de las 200 millas náuticas y la plataforma continental de Colombia", dijo la CIJ mediante un comunicado; lo que en términos reales significa una solicitud para extender hasta las 350 millas náuticas su plataforma continental en la parte suroccidental del Caribe, de conformidad con la Convención del Derecho del Mar, esto es, lograr soberanía hasta aguas cercanas a Cartagena.

El pasado mes de agosto,  el presidente Santos, en relación con la respuesta a ésta nueva pretensión Nicaragüense, aseguró que Colombia presentó a la CIJ un escrito que en el lenguaje diplomático se conoce como "Demanda de Excepciones Preliminares" solicitándole a la Corte "declararse sin competencia para conocer la demanda interpuesta por Nicaragua" argumentando que dicha demanda es inadmisibley añadió que los fundamentos que sustentan este pronunciamientos están en un escrito sólido y contundente.

Al  efectuar un estudio del caso, desafortunadamente para el país y para los colombianos, las perspectivas no son nada halagüeñas y sin caer en el pesimismo, distan mucho de ser optimistas, pues a mi modesto entender, la mitad de esta nueva batalla ya está perdida.

En efecto, la CIJ asumió esta nueva competencia para conocer estas nuevas y desmesuradas  pretensiones de Nicaragua, porque a pesar de que Colombia un día antes de que Nicaragua presentara la demanda con la que nos quitó los 72.000 kilómetros de mar territorial, renunció a la Competencia de la Corte; la Convención de Viena  prevé que dichas renuncias solo tienen efectos un año después de efectuadas y la Corte fundó además su competencia en el Tratado de Soluciones Pacíficas, conocido como el Pacto de Bogotá, que también nos amarra a su competencia, y al que Colombia renunció sólo varios meses después de producirse la sentencia de la CIJ, lo que quiere decir, que para ésta nueva demanda también invocará su competencia, pues para el 13 de septiembre de 2013 (nueva demanda de Nicaragua), no había transcurrido un año de la renuncia al Pacto de Bogotá (Denunciado el 27 de noviembre de 2012).

Pero lo peor aún es que  CIJ ya se pronunció sobre la pretensión de Nicaragua a la declaratoria de su plataforma extendida de 350 millas, cuando en el anterior litigio aceptó tácitamente su competencia y la procedencia de la petición, pero la desatendió por no contener los requisitos necesarios, ni contar con la información disponible prevista en el artículo76 de la Convención del Mar, que aplicaría, invocándola, como derecho consuetudinario, no obstante que Colombia no hubiere ratificado ésta Convención, que prevé en  su artículo 296 numeral 1. que: "Toda decisión dictada por una corte o tribunal que sea competente en virtud de esta sección será definitiva y deberá ser cumplida por todas las partes en la controversia."

Contrario a lo que ha hecho Colombia, Nicaragua ha venido calculando y ejecutando fría y estudiadamente, cada uno de los pasos que ha venido dando, desde cuando en 1980 el gobierno Sandinista, decidió por -si y ante sí- desconociendo el Derecho Internacional, que el tratado Bárcenas-Esguerra, de 1928, ratificado por el congreso de Nicaragua en 1930 era “nulo e inválido"; que incluyó en sus libros de texto el archipiélago de San Andrés como suyo; invitó compañías petroleras a negociar la exploración y explotación petrolera en el mar contiguo al archipiélago; que manifestó por medio de su embajador, cuando se estaba tramitando la anterior demanda: que una sentencia no favorable a la petición de su país no se aceptaría, etc.

Mientras tanto, Colombia, que ha contado siempre con un flamante Ministerio de Relaciones Exteriores, debió desde 1980, preparar cuidadosamente la estrategia para enfrentar debidamente las pretensiones expansionistas de Nicaragua, atendido entre otras, las recomendaciones de muchos tratadistas nuestros de derecho internacional, que solicitaron insistentemente, el retiro de la competencia de la CIJ y del pacto de Bogotá, más aún cuando éste, en ésta materia contradice el artículo101de la Constitución Política del 91que dice que "los límites de Colombia son los establecidos  en tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación. Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República", lo cual excluye el que se acuda a tribunales internacionales para definir asuntos limítrofes del país.

Pero en lugar de ello, nuestro proceder ha estado lleno de torpezas e incongruencias, como cuando una vez presentada la demanda de 2001,  se envía una  delegación de la Cancillería encabezada por la Viceministra de Relaciones Exteriores: Clemencia Forero Ucrós, a hacerse presente en la posesión del presidente Nicaragüense Enrique Bolaños, y el  presidente Álvaro Uribe, en  República Dominicana, en la Cumbre de países del Grupo de Río del año  2008,  le promete al  presidente  Daniel Ortega  respetar la decisión de la Corte internacional de Justicia; o cuando como lo dijo María Elvira Samper en el Tiempo,  dentro de los miembros de CIJ que nos quitaron los 72.000 kilómetros de mar territorial, "...formó parte un juez neozelandés íntimo amigo de Nicaragua, y un brasileño muy enemigo de Colombia porque su esposa, colombiana ella, fue despedida de mala manera de nuestra Cancillería.”

Es un lugar común que en  nuestra cancillería y en la diplomacia colombiana no existe una verdadera carrera diplomática, pues  se caracteriza más  por el clientelismo, el  pago de favores políticos, el amiguismo, etc.

A los cargos consulares y diplomáticos llegan en la mayoría de los casos personajes que no conocen  ni el idioma del país al que son enviados, ni tienen el bagaje de conocimientos, ni la cultura general para representar adecuadamente a nuestro país; pues siguen siendo, con raras excepciones puras “corbatas”.

Y es  que desafortunadamente no ha cambiado mayormente la situación que existía en el manejo de nuestra diplomacia, para cuando el presidente Carlos Lleras Restrepo le ofreciera el Consulado en Barcelona a García Márquez, quien lo rechazó manifestando:

“Las corbatas no las uso ni en la vida real. Puedo servir a mi país sin servir a mi gobierno y si servirme de él, y en la única forma honrada que puedo hacerlo: escribiendo”.