Ilusiones de paz y realidad del posconflicto

De esa reunión salió la primera guerrilla” (Molano, A. 2007).

Han transcurrido 65 años desde el nacimiento de las Farc en 1949 y 18 años desde que este grupo fue declarado organización terrorista por el Departamento de Estado de USA. Ya la UE había definido como terrorismo “la intimidación grave a una población u obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a hacer o a abstenerse de hacer algo, o a desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o una organización internacional”, luego de los ataques del 11 de septiembre de Ben Laden.No obstante un Acuerdo de Paz con esta guerrilla está cerca y podríamos iniciar la búsqueda del tiempo perdido para lograr el desarrollo con equidad.

En las negociaciones de La Habana han sido abordados cinco temas fundamentales: La política de desarrollo agrario, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas y víctimas. Al comienzo de las negociaciones el escepticismo reinaba, el 74% de los colombianos según encuestas creían que las FARC nos engañan y un 64% que los diálogos fracasarían, (Datexco 2012); Hoy las cosas  han cambiado y fue precisamente el proceso de paz lo que hizo la diferencia en la urnas permitiendo la reelección de Santos.

Es contradictorio que Colombia registre un crecimiento económico constante a pesar de la guerra interna y el terrorismo; según Cárdenas (2001) encontró que el crecimiento del PIB anual cayó 2% entre 1980 y 2000 consecuencia  del conflicto armado. Por otra parte diversas investigaciones concluyen que en lo corrido de los años 90 los costos del conflicto representaron entre un 1,5% y 4% del PIB anual (Castro, Wartenberg & Celis, 2000; Trujillo & Babel, 1998; Granada & Rojas, 1995).

Según el Banco Mundial el gasto militar  Colombiano es 3.3% del PIB en 2013, sin incluir los costos directos del conflicto que según Álvarez y Rettberg (2008) incluyen vidas humanas, destrucción de infraestructura (eléctrica, telecomunicaciones, vial); secuestro y extorsión, desplazamiento forzado, minas antipersona y gasto en defensa y seguridad. Agréguense los costos indirectos referidos  a la fuga de capitales y caída en la inversión tecnológica, instituciones, empleo, pobreza y desigualdad,  deterioro de la productividad y los costos ambientales por derrames de crudo.

Pero firmar la paz es solo el comienzo de un largo proceso, como el vivido por Guatemala y El Salvador. El 29 de diciembre de 1996 fue firmado el Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el gobierno de Guatemala con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), luego de 10 años de negociación (1987-1996) en un clima de  desconfianza de militares y empresarios. Esta guerra tuvo más de 200.000 víctimas que aún esperan verdad, justicia y reparación.

En la guerra civil salvadoreña de los años 80 se enfrentaron el Estado y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), en medio de la desigualdad, la pobreza y la impunidad frente a los crímenes de la fuerza pública.  Luego de 12 años de conflicto, el primero de enero de 1992 se firmó la paz en Nueva York en sesión de la ONU acordándose reducción de las FF.AA a 20.000 miembros,  democratización y transferencia de tierras, así como llevar a juicio a los responsables de violaciones a los derechos humanos; un mes después el FMLN hace un cese al fuego definitivo. En el ‘pulgarcito’ centroamericano continua la delincuencia común, al persistir problemas como  pobreza e inequidad.

La experiencia de Colombia se remonta al 9 de marzo de 1990, cuando el  Movimiento 19 de abril (M-19) firmó la paz con el gobierno Gaviria. Sus integrantes tenían en su haber la toma del Palacio de Justicia, el secuestro de Álvaro Gómez y el asesinato de Raquel Mercado, a pesar de ello se trataba de una guerrilla con ideología que honró  los pactos, haciendo confiable y exitoso  el proceso.

La guerra continuó en el país con otros actores y otras víctimas del desplazamiento forzado, que según datos de la oficina del Alto Comisionado supera los 5 millones entre 1985 a la fecha,  más de un millón de hogares,   cifras que colocan al país en el primer lugar en Latinoamérica y segundo en el mundo respecto de este flagelo.

Entre los factores que explican  la presencia de las guerrillas  en el país es evidente la ausencia del Estado en algunas zonas apartadas, junto al narcotráfico convertido en un negocio rentable económicamente  y que empobrece cualquier pretensión de ideología revolucionaria.

¿Se cuenta con los recursos suficientes para la reparación de las víctimas del conflicto? El documento CONPES 3712 -PLAN DE FINANCIACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD (ley 1448 – 2011) señala que no. Los $54.903 miles de millones fueron calculados con base en estimaciones precarias que subestimaron la inclusión de nuevas víctimas. Los cuantiosos recursos saldrían de incrementar la  carga tributaria por medio de impuestos al patrimonio que pasaría del 1,5% al 2,25% para poder cumplir en temas como educación, salud, vivienda, inversión agraria e infraestructura. ¿Tendrá el Estado la capacidad suficiente para reincorporar a los excombatientes a la vida civil? Las lecciones de el Salvador y Guatemala no debieran repetirse (surgimiento de Maras), es decir, trasladar el conflicto  de las selvas a las ciudades con el aumento de la delincuencia y el crimen organizado.

Según Fedesarrollo, en informe de febrero de 2014, un eventual fin del conflicto, en un lapso de 8 años considerando la disminución de homicidios colectivos, retenes, extorsiones, actos terroristas, secuestros, asociados a la guerra, el PIB se aceleraría 0,97%, pero además reduce en un 70% el consumo intermedio del sector de servicios de seguridad, lo cual acelera el crecimiento económico potencial en 0.8%, teniendo efecto sobre la generación de empleo (6,5% de los ya existentes), incluso podría absorber el 50% de la PEA. En efecto, el desmantelamiento de los grupos armados, disminuye costos que pueden orientarse a la inversión social como salud, educación y vivienda.  Por el contrario

Según el Fedesarrollo se  pueden  reforzar las filas de las bandas criminales, lo cual implica reducciones en el gasto militar  y deban ser sustituidas por inversión en mayor pie de fuerza policial.

El conflicto no acaba con la firma de un Acuerdo de Paz, es un proceso que compromete a todos Estado y Sociedad Civil, tienen que crear entornos favorables para la convivencia pacífica, el ejercicio de la democracia y la reconstrucción del tejido social. ¡Si los colombianos hemos pagado el costo de la guerra, porqué no asumir el costo de la paz!