El martes anterior, tuvimos la oportunidad, los contertulios del Botalón, de interactuar con Carlos Alberto Cuéllar Medina, Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), sobre el llenado del embalse El Quimbo por parte de la empresa multinacional Emgesa, que ha generado divergencias entre los directivos de la misma y las fuerzas vivas del departamento. Es importante destacar que la Empresa Generadora y Comercializadora de Energía se creó el 23 de octubre 1997, como resultado del proceso de capitalización de la Empresa de Energía de Bogotá, mediante el aporte en especie de la misma y el aporte en efectivo del Grupo Endesa, inversionista estratégico. El 14 de diciembre del 2006, esta organización con la EEB, acordaron fusionar las sociedades Emgesa y la Central Hidroeléctrica de Betania, manteniendo EEB el 51,51% de la sociedad fusionada. Posteriormente la firma Italiana Enel, adquirió el resto de las acciones.

Cuando se inició la construcción de la Central Hidroeléctrica del Quimbo hace 6 años, se crearon muchas expectativas para los huilenses sobre los beneficios que se irían a obtener, una vez entrara en funcionamiento la generación de energía. Para lo cual se firmó un acta de compromiso entre Emgesa, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), gobernación del departamento, donde se establecían 30 puntos que debía cumplir la organización responsable de la construcción y puesta en marcha de la represa. El Director de Relaciones Interinstitucionales de Emgesa, Camilo Castrillón Quintero, nos explicó el pasado 28 de julio, en la sesión de la Tertulia del Botalón, cada uno de los puntos que están relacionados con las compensaciones que recibirían las comunidades huilenses que se encuentran ubicadas en la zona de jurisdicción del embalse. Según la empresa ha cumplido en su totalidad los compromisos adquiridos y los que están por desarrollar se comprometen a terminarlos una vez las instancias regionales se pongan de acuerdo sobre algunos aspectos técnicos y logísticos que conduzcan a ejecutar las inversiones previstas en el documento en comento.

Pero la posición expuesta por el Director de la CAM, en la sesión de la Tertulia el martes anterior, fue totalmente diferente a lo manifestado por el Doctor Castrillón. El Plan de contingencias y manejo del riesgo ambiental no ha sido presentado ni tiene aprobación de la Corporación. La Fundación Natura, quien ha sido piloto para la restauración ecológica en el BST, en 4 años sólo ha desarrollado 140 hectáreas con una inversión de 7.200 millones de pesos; inició tareas en el mes de junio del año anterior. La pregunta que nos nace es ¿Cuál va a hacer la sostenibilidad futura de la administración del área a restaurar de las 11. 079 hectáreas?

Frente a las compensaciones, se encuentra que Emgesa no ha adquirido todos los predios que se comprometieron, ni los municipios han adquirido la administración de los predios. Además no tiene establecido el impacto regional económico del costo/hectárea en el proceso de adquisición. Otro aspecto es que la educación ambiental no la iniciado el Sena que es la entidad ejecutora. Frente a la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, no se han iniciado en las veredas Rio Loro y Umbría en jurisdicción del municipio de Gigante; en el Agrado no han empezado los procesos de descontaminación de las quebradas la Yaguilga y Buena Vista y se encuentran pendientes de la aprobación de la Anla.

Mediante nota comunicada a la Anla, la CAM informó, en el mes de junio de 2015, sobre el incumplimiento de Emgesa frente a la minería del material de arrastre, y que con expediente LAM4090 se le informa sobre la incorporación y evaluación del trámite sancionatorio ambiental. A la fecha no se ha recibido respuesta alguna de la entidad nacional. Igualmente sobre el debilitamiento del dique auxiliar, la CAM informó al Ministerio de Minas y al Anla, en enero de 2015, que Emgesa no ha informado sobre las acciones emprendidas para corregir las fallas estructurales de esta obra.

La CAM ha impuesto nueve sanciones sobre las irregularidades detectadas por la entidad en la construcción de la represa del Quimbo, de acuerdo a su competencia que otorga la Ley. Pero el Anla ha desconocido estas decisiones e inclusive, dos han sido revocadas sin tener en cuenta el análisis y la evaluación que ha realizado la Corporación. Frente a la reubicación de los asentamientos de las familias afectadas, en el área de influencia de los municipios de Altamira, Paicol, Tesalia y Gigante han cumplido la concertación previamente estipulada. En Garzón y el Agrado, se encuentran pendientes del cumplimiento de la normatividad vigente. La entidad mediante Resolución 237 de 2014, liquidó a Emgesa, por TAF, $16.701.302.444; solamente han cancelado $3.648.980.522 y el resto fue demandado en el Tribunal Administrativo del Huila, la nulidad de este mandamiento de pago.

Frente al aprovechamiento forestal, para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1791 de 1996, el embalse presenta un área de 266.178 metros cúbicos de los cuales 18.428 son de guadua. Los informes de Emgesa no reportan la extracción del inventario. Ademàs la recolección de la biomasa la empezaron apenas el año anterior y ya empezaron a llenar el embalse sin terminar este proceso. Inclusive una máquina retroexcavadora de biomasa quedó sepultada en el fondo del embalse, con las consecuencias de la contaminación del aceite y el resto de la máquina para el río Magdalena, de acuerdo a lo expresado por el Director General de la CAM.

Por la limitación de espacio de la presente columna, no pudimos expresar todo lo planteado por el directivo de la Corporación. Pero lo que sí es claro para todos los contertulios del Botalón, es que Emgesa, ha buscado burlar todas las recomendaciones que les ha impuesto la máxima autoridad ambiental del departamento y que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y las demás instancias gubernamentales nacionales siempre han respaldado a la empresa multinacional para ejecutar el proyecto hidroeléctrico, sin interesarle el bienestar de los huilenses. Además la clase política y los dirigentes que han ocupado los espacios burocráticos en la toma de decisiones, se ha confabulado en otrora para permitir estas fallas.