El Gobierno solo piensa en la gloria de firmar la paz: Castro

Jorge Parga Vanegas
Diario del Huila

Partidario de una Asamblea Constituyente para reformar no solamente la justicia, sino otros temas coyunturales del país, se declaró el exministro y exalcalde de Bogotá Jaime Castro.

El constitucionalista, padre de la descentralización en Colombia, coincidió con quienes atribuyen a la Corte Constitucional el poder de legislar, y afirmó que el alto tribunal va mucho más allá.

Frente a la participación en política de las FARC, se mostró en desacuerdo con que a esa organización guerrillera se le adjudiquen curules a dedo.

Para el exministro Castro, el procedimiento democrático y políticamente correcto para la refrendación de los acuerdos de paz es el referendo.

DIARIO DEL HUILA pulsó la opinión del exalcalde de los bogotanos sobre la contextualización del proceso de paz y la posición del Gobierno y las FARC, de cara al poder territorial y nacional.

¿Qué concepto le merece el fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible parte del Acto Legislativo del Equilibrio de Poderes, relacionado con la Sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura?

Con su fallo sobre la sala administrativa del Consejo de la Judicatura, la Corte deja de ser órgano de control de constitucionalidad para convertirse en asamblea constituyente, porque actúa como cuerpo soberano en materia constitucional. Si haber suprimido la citada sala administrativa es sustituir la Constitución, con mayor razón, la Corte decidirá, si mantiene su línea jurisprudencial, que la jurisdicción especial para la paz (JEP), que crearon en La Habana, sustituye la Constitución en todo lo que tiene que ver con la organización y el funcionamiento de la Rama Judicial.

En su opinión, con este fallo de inconstitucionalidad y la resurrección del Consejo Nacional de la Judicatura, ¿la Corte estaría entonces legislando?

Como dije, la Corte va más allá de legislar. Hace las veces de asamblea constituyente.

Algunos juristas han dicho que la decisión del alto tribunal es un golpe de Estado. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación?

No es golpe de Estado, porque no reemplaza los gobernantes ni cambia el régimen político.

Ante ese panorama, ¿cree que debe convocarse a una Asamblea   Nacional Constituyente para reformar la justicia?

La asamblea constituyente debe convocarse, pero no sólo para reformar la justicia, sino para muchos otros temas.

¿Considera usted que el acuerdo especial firmado en La  Habana es inconstitucional?

El único acuerdo firmado en La Habana que se conoce es el que creó la jurisdicción especial para la paz (JEP). Es inconstitucional porque, como dije antes, sustituye la constitución. Mientras no se conozcan los otros acuerdos, no se puede calificar su validez jurídica.

 Usted dijo que el Congreso de la República, con los acuerdos  de  La  Habana, había adquirido una categoría inferior a la de cualquier oficina notarial. ¿Cómo explica eso?

El 12 de mayo, el Gobierno y las FARC desde La Habana, le pidieron al Congreso que incorporara en el séptimo debate de un proyecto de acto legislativo, el texto del artículo que le enviaron entrecomillado, en virtud del cual el Acuerdo Final que algún día se firme, hace parte de la Constitución colombiana. El congreso cumplió el encargo que recibió: aprobó el artículo sin ninguna modificación. El tal Acuerdo Final no lo conocen ni quienes lo firmarían ni los congresistas que le dieron carácter de norma constitucional.  Si usted va a una notaría a pedir que le conviertan en escritura pública el documento que crea una sociedad, lo menos que le pide el notario es que entregue el texto de ese documento.

Si no lo entrega, no le hacen la escritura. Los congresistas no pidieron que les mostraran el Acuerdo Final. Fueron menos responsables que el notario de Aipe o Campoalegre.

Es partidario usted de que los alzados en armas, en este caso las Farc, ¿tengan derecho de manera directa a curules en el Congreso?

Que se hagan elegir como cualquier otro candidato. Si fuere del caso, que compren las curules, como lo hace buen número de elegidos. No soy partidario de que les adjudiquen las curules a dedo.

¿Cree usted que la Corte Constitucional que debe hacer el control de constitucionalidad a los acuerdos de paz?, finalmente los avalará…

Soy miope. No veo qué pueda ocurrir la semana entrante. Con mayor razón, sin conocer el texto de los acuerdos que negocian hace ya cerca de 4 años.

Lo pactado en La Habana establece que habrá más autonomía regional. ¿Eso es bueno para el país?

Soy católico, apostólico y descentralista. Por eso, soy decidido partidario de la autonomía regional. Pero ese tema no hace parte de la agenda que negocian. A las FARC no les interesa el poder territorial sino el nacional. Al Gobierno, tampoco le interesa. Sólo piensa en la gloria que cree le representa firmar el Acuerdo Final en Cuba.

¿Para usted como constitucionalista, jurídicamente qué es lo más viable para la refrendación de los acuerdos de paz, el plebiscito o la constituyente y por qué?

El procedimiento democrático y políticamente correcto para la refrendación de los acuerdos es el referendo. Fue el plan A del Gobierno. Para lograr que se votara el pasado 25 de octubre, conjuntamente con la elección de alcaldes y gobernadores, consiguió que el Congreso aprobara la ley 1745 de 2014. Sorpresivamente, abandonó esa propuesta. El Presidente Santos dijo que “el referendo era un suicidio político para el Gobierno”. No explicó por qué. Se pasó al plan B, que es el plebiscito. Si la Corte tumba este último, el senador Roy Barreras tiene plan C (la séptima papeleta) y plan D (la consulta popular que financie el partido de la U).