El departamento del Huila le adeuda a la Usco
Hace 46 años mediante la Ley 55 se creó el Instituto Técnico Universitario Surcolombiano (ITUSCO), liderado entre otros por el exmagistrado Reinaldo Polanía Polanía y por el congresista Guillermo Plazas Alcid, iniciando labores el 30 de marzo de 1970 con tres programas:

Tecnología en Administración de Empresas, Administración Educativa y Contaduría Pública, cuatro profesores de planta y 305 alumnos.ITUSCO se convierte en universidad en 1976, iniciativa liderada por Plazas Alcid, se crearon nuevos programas: Preescolar, Educación Física, Matemáticas y Física, e Ingeniería Agrícola. En 1983 nace Medicina e Ingeniería de Petróleos y al siguiente año abrió su primer programa de posgrado en matemáticas en convenio con la UNAL.
Hoy la universidad cuenta con 10.393 estudiantes, cuatro sedes: Neiva (8.879), Pitalito (807), Garzón (380) y La Plata (327), incluyendo tecnologías, pregrados, especializaciones y maestrías. En sus 44 años de existencia la universidad ha entregado al Huila y al país 28.662 profesionales en las diferentes disciplinas, de los cuales solo el 55% se queda en la región. La institución jurídicamente es del orden nacional, pero no se ha expandido al país, sus estudiantes son huilenses, pocos proceden del Caquetá y otras regiones.
Como todas las universidades públicas acusa problemas de financiación para atender el crecimiento en cobertura, infraestructura, nuevos programas y nivel de formación (maestrías y doctorados). No son suficientes los recursos asignados por Ley 30 de 1992 que en su artículo 86 estableció: “Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del Presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución. Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos vigentes a partir de 1993” (R. Mosquera, “Mayoría de Edad para la Universidad Colombiana”, Bogotá 1993).
Con indignación y sorpresa la comunidad académica recibió recientemente la noticia de que el Departamento se niega a pagarle a la USCO, $1.300 millones aun mediando providencia del Tribunal Administrativo del Huila. Actualmente la deuda acumulada con la universidad asciende a $22.000 millones que sucesivas administraciones se han negado a saldar. El argumento no es nuevo sostiene que la institución es del orden nacional y que por tanto corresponde a la Nación financiarla, desconociendo los alcances de la Ley 30 ya citada que comprometen también a los entes territoriales, así como el compromiso de la llamada clase dirigente (políticos y gremios) en preparar la región para la competitividad, potenciando el recurso humano al más alto nivel, haciendo competitivo al departamento lo cual es clave para cerrar las brechas sociales, superar los desafíos frente al mercado doméstico e internacional en la era de la globalización que impone nuevos retos a las regiones.
Recordemos que ya desde 1976, mediante Ordenanza 008 se había aprobado la destinación del 8% de recursos de regalías departamentales a la USCO. Posteriormente ascendería a 15% por Ordenanza 051 de 1981. Según el entonces rector Roque González, la suma de 80 millones asignada en el proyecto de presupuesto departamental para 1982 lesionaba los intereses de la universidad pues el déficit era de $53 millones. “El Gobierno departamental anunció la destinación de $150 millones para la vigencia de 1984. Sin embargo la universidad reclamaba el retorno del 15% de las regalías y seis estudiantes entraron en huelga de hambre a comienzos de noviembre de 1983. No fue suficiente la propuesta y finalmente el 15% desapareció” (J. Eliseo Baicué, 2009). En un intento por reparar esta medida arbitraria y desmontar el compromiso del departamento con su universidad se presentó un proyecto de ley que autorizaba a la Asamblea del Huila para emitir una estampilla Pro Desarrollo Universidad Surcolombiana, sedes Pitalito, Garzón y La Plata, así como el fortalecimiento de la investigación (Ordenanza 077 -Ley 367 de 1997).
Entre los retos que tiene el departamento está el de sustituir la renta petrolera que tuvo por más de 50 años, la perdida de la represa Betania, la necesidad de crear una cultura empresarial que supere la tradicional economía basada en el capital patrimonial y la captura de los cargos burocráticos como fuente de empleo. El Índice Departamental de Competitividad (IDC) elaborado por el Consejo Nacional de Competitividad y la Universidad del Rosario (2014) ubica al Huila en el puesto 16 entre 22 departamentos, utiliza la metodología del Foro Económico Mundial (FEM) que considera 12 pilares: Instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud y educación primaria, educación superior y capacitación, eficiencia en el mercado de bienes, eficiencia en el mercado laboral, mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación empresarial, e innovación. Esta posición deshonrosa delata la inercia de la dirigencia regional si se tiene en cuenta que vivió la “bonanza petrolera” por más de cinco décadas. Los sectores que registran peores resultados son: Infraestructura (puesto 11), tamaño de mercado (21), salud (12), medio ambiente (10), educación superior (12), eficiencia del mercado (17), diversificación (21) e innovación (17). Colombia ocupa el puesto 66 entre 144 países, es evidente que las regiones atrasadas como el Huila junto a Chocó, Guajira, Córdoba, Magdalena, Sucre y Cesar contribuyen a este resultado.
Si buscamos mejorar en competitividad es necesario privilegiar la inversión en infraestructura, salud, educación e innovación cuyos resultados son más rentables en el largo plazo, que la minería o la construcción. Si queremos inclusión social, se necesita apoyar la educación pública, la Universidad donde alrededor del 85% de los estudiantes pertenecen a estratos de bajos ingresos que no pueden acceder a la universidad privada. Con razón la reelecta presidenta Michelle Bachelet señalo que el gran adversario de Chile es la desigualdad, e impulsa una reforma a la educación que garantice gratuidad educativa con calidad: “El lucro no puede ser el motor de la educación, porque esta no es un mercancía y porque los sueños no son un bien de mercado. Es un derecho de todos y de todas”.
Pero la universidad también está en deuda con el Huila, como lo señala su misión:“Formación integral de ciudadanos profesionales que aborden eficazmente la solución de los problemas del desarrollo humano integral de la región sur colombiana con proyección nacional e internacional…”. Desarrollar investigaciones que aborden los impactos económicos, ecológicos y ambientales de la explotación petrolera, la generación de energía (Quimbo, Betania), la piscicultura, agricultura (café), y como interpretar el conflicto, preparar la región para la reparación de las víctimas y reinserción para que la paz sea una realidad. ¿Qué evaluación autocrítica tienen sus directivas, profesores, egresados y su comunidad académica? El departamento tiene un saldo en rojo con la USCO, pero también la comunidad académica tiene una responsabilidad ética y profesional como corresponde al “intelectual orgánico”, que según A. Gramsci busca la relación entre organización y las masas como una relación entre educadores y educados, que se invierte dinámicamente al papel de los intelectuales para crear las condiciones de esa nueva hegemonía y la transformación de la sociedad civil”. Actuar como agente activo en una sociedad que se prepara para el posconflicto,construyendo caminos en el hoy porque el sendero del mañana es demasiado tarde.