Campaña presidencial: verdades y mentiras

La Unidad Nacional (Partido de la U, Liberal y Cambio Radical) despertaron del letargo de la primera vuelta y ganan aliados en la izquierda como Marcha Patriótica de Piedad Córdoba, Unión Patriótica de Aida Abelló, Clara López y líderes del Polo, Alianza Verde de Claudia López y Navarro Wolf, parte de Opción Ciudadana, un sector del partido Conservador, el ex presidente Belisario Betancur, y un bloque de intelectuales. El Centro democrático del exmandatario Álvaro Uribe, aliado con Marta Lucia Ramírez y parte del conservatismo que apoyan a Zuluaga, luego de los escándalos del hacker Sepúlveda y la guerra sucia contra la campaña Santos y negociadores de La Habana comienzan a dar volteretas para ganar votos, pues es contradictorio sostener que las Farc son “una organización terrorista y principal cartel de drogas del mundo” y al tiempo pensar en un proceso de paz que pone inamovibles e ignora el conflicto interno. En política exterior se regresa a la agenda del narcotráfico y el terrorismo, etapa superada del belicismo frente a los vecinos (Venezuela-Ecuador) y aislamiento de la comunidad internacional donde se ha logrado eliminar la visa en varios países, extenderla a 10 años con EEUU y ser candidatos a ingresar a la OCDE.

Los debates recientes señalan verdades y mentiras entre los candidatos. El atraso en competitividad, puesto de presente desde la apertura en el gobierno de Gaviria, que según el Foro Económico Mundial (FEM) considera: instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior y capacitación, entre otros, es cierto el rezago, que exige programas de largo plazo, políticas de Estado y no de gobierno. En infraestructura ocupamos el lugar 130 entre 148 países (según el FEM) y el puesto 113 en red férrea, el 96 en aérea y el 110 en infraestructura portuaria, según el Informe de Competitividad Mundial del  2014, por lo cual el gobierno Santos ha iniciado las vías de la Cuarta Generación, por un monto de $47 billones que incluyen también la recuperación del rio Magdalena y las vías férreas.

En educación las pruebas Pisa-2012, arrojan un deshonroso puesto 62 de 65 países, tendencia en la última década cuando en pruebas Timms (Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencia) en 1998, obtuvimos el penúltimo puesto entre 41 países; en Pisa-2006 ocupamos el 61 de 65, en 2009 subimos al 52; y, en pruebas PIRLS-2011, en comprensión de lectura, el 60% de los estudiantes estaban en nivel inferior (Bajo y Muy bajo) y solo un 10% en el nivel superior y avanzado. Nótese que estos estudiantes fueron admitidos y evaluados en periodos que le anteceden al actual gobierno, por tanto es falso atribuirle esta responsabilidad, que German Vargas, fórmula vicepresidencial de Santos, señaló el interés desde la primera infancia, gratuidad en la educación (8.9 millones de colombianos dejaron de pagar pensión, matrícula y costos educativos), duplicar el presupuesto para infraestructura en los colegios públicos con respecto a los ocho años del gobierno Uribe, con una inversión de $27 billones en educación, el 4.8% del PIB, el mayor crecimiento en estos años.”

En salud, luego de varias reformas, la Ley 100 de 1993, gestionada por el exsenador Álvaro Uribe, mercantilizó el sistema e hizo difícil el acceso a personas de bajos ingresos, se conoció el “paseo de la muerte” y la corrupción del sector. Con la aprobación de la Ley Estatutaria de Salud (Mayo 2014) se recuperó la condición de derecho fundamental autónomo, integralidad, urgencias sin autorizaciones, no más atenciones según listados POS, medicamentos accesibles y baratos, reviviendo la relación médico-paciente, con la tutela como garante de este derecho. El exrector de la UN, Fernando Sánchez Torres, vocero de la Gran Junta Medica Nacional, la considera como la “realización de un sueño que hemos venido acariciando los médicos, que somos quienes valoramos en toda su magnitud el significado que tiene” y critica “el modelo sanitario que trajo consigo la Ley 100 que dejo muchas enseñanzas, buenas unas, malas la mayoría, lo cual obliga a no preservar los errores que la llevaron al fracaso” (Habemus ley estatutaria, El tiempo, 06-06-14).

El problema agrario que remite a la redistribución y tenencia de la tierra, caldo de cultivo para el surgimiento de guerrillas, organizaciones de terratenientes armados (paramilitares) y narcotraficantes ha sido tratado en La Habana como uno de los puntos acordados que eliminaría un factor generador de violencia. Cabe recordar la fallida Ley de Tierras y los problemas de corrupción del programa “Agro ingreso seguro” que beneficiaba a grandes propietarios.

Con relación a la desigualdad se marca una diferencia entre los candidatos, mientras Zuluaga invoca la “confianza inversionista” que privilegia al gran capital, el candidato Santos es partidario de la inclusión social y la necesidad de cerrar la brecha en los términos formulados por Piketty. Según este académico que revoluciona la economía hoy, la desigualdad es una características inherente al capitalismo, expresada en que el 1% de las familias del mundo concentra el 46% de la riqueza, mientras el 80% de la población global (5600 millones de personas) posee solamente el 6%, lo que exige subir impuestos a los grandes patrimonios partiendo del 0.1% al 0.5% para capitales de menos de un millón de euros, del 2%, entre 5 y 10 millones, y entre el 5% y 10% para los capitales por encima de estos rangos. También sugiere un impuesto del 80% para ingresos mayores de 500.000 dólares (ver Capital in the Twenty-First Century, 2014).

Según las propuestas del candidato-presidente la firma de la paz aportaría 2 puntos de crecimiento del PIB que representarían 15 billones de pesos, con lo cual se financiaría educación, vivienda y salud. Los costos estarían distribuidos en 16 billones para el subsidio a la tasa de interés, 12 billones a la construcción de 300.000 viviendas gratis, estimular la industria a través de impulso a la innovación con 8 billones, bajar los costos de energía, laborales, carga tributaria y logísticos, sin aumentar impuestos, pues estarían apalancados con los puntos del PIB ganados por la paz.

Los buenos indicadores económicos que ha presentado el actual gobierno son contundentes: crecimiento del PIB por encima del 4% durante los últimos 3 años, gracias a los buenos precios de los commodities, caída en la tasa de desempleo a un digito (8.9%),  coeficiente Gini bajo del 0.557 en el 2009 al 0.54 en el 2013, inflación controlada y con el menor registro en el 2013(1.98%) disminución de la pobreza y de la población en condición de indigencia.

Una reflexión pensando en los intereses de la nación, apartado de sectarismos que no reconoce enemigos sino contradictores podría definir la suerte de Colombia y la posibilidad de conseguir la paz tras 50 años de conflicto. Así lo sostiene la principal revista de análisis internacional The Economist:“La posibilidad de una paz duradera está a la vista si los votantes otorgan a Juan Manuel Santos un segundo mandato el 15 de junio” (The Economist, 05-06-14).