Ante injustificables atropellos

LIBARDO RAMÍREZ GÓMEZ

Diario del Huila, Bogotá

Ante el proyecto de construir una nueva y gigantesca hidroeléctrica en el Huila, denominada El Quimbo, luego de haberse puesto en funcionamiento la de Betania, con presentación muy positiva en toda Colombia, hubo, en general, entusiasta acogida a esa nueva obra. Sobre Betania pronto comenzaron fundadas críticas por la pérdida en la inundación de 3.000 hectáreas de excelentes tierras, por el poco beneficio para la región del fluido eléctrico, por el incumplimiento de adecuación de hectáreas para la producción agrícola como compensación de las inundadas.

Apenas iniciadas las gestiones de construcción de la nueva represa, comenzaron serias críticas, pero se tildó la oposición de intención política. Los defensores de esa empresa, desde el principio, recurrieron a toda clase de argumentos y ardides para defenderla a toda costa, y descalificaron toda crítica en contra, así fuera desde ponderados sectores de opinión.

Se hizo insistentemente la gran pregunta sobre si se había balanceado debidamente lo que se ganaría con esa hidroeléctrica y la inmensa riqueza de tierra que se sepultaba bajo sus aguas, así como sobre la hecatombe ecológica que con ella se iba a gestar y la afectación climática que surgiría. Se puso de manifiesto que era indispensable asegurar la necesaria justa recompensación económica para todos los humildes propietarios de las tierras que iban a ser anegadas. Toda advertencia fue ignorada, lo mismo, y más grave, los compromisos de una justa compensación ofrecida.

Múltiples advertencias hicimos desde distintos sectores de opinión sobre la gravedad de cuanto se estaba perpetrando, con buen despliegue p.e. acogió el DIARIO DEL HUILA (21-04-12) un reclamo mío de que, ante la ya imposibilidad de no llevarla adelante, pero que se la detuviera hasta que se asegurara que todo se efectuaría con los debidos cumplimientos en defensa de la ecología y justicia con los humildes agricultores desplazados.  Sesiones especiales dedicó el Parlamento y presentó esas mismas tan ponderadas exigencias, pero a todo fueron oídos sordos por parte de los ejecutores y de las entidades gubernamentales encargadas de vigilar y exigir detalles de definitiva trascendencia. Motivo de reflexión y alerta se dio por el gran Pontífice Francisco, en su sabia encíclica “Laudato Sí”, al hablar, expresamente, del sumo cuidado y consciente responsabilidad al realizar talas de bosques y embalses, teniendo siempre cuidado de no atropellar los derechos de los débiles (n. 35).

Pasando por encima de todos esos llamados, bajo la mirada impasible del Gobierno, se llegan a completar las obras hasta poner en marcha las turbinas de la hidroeléctrica. Se realiza ello con palpables incumplimientos en innumerables casos de justa compensación con centenares de humildes propietarios, a quienes se los ha trasladado a tierras inhóspitas, sin cumplirles con provisión de agua, ni siquiera con escritura pública de esos terrenos. También, grave injusticia al hundir bajo las aguas la venerada Capilla histórica de San José de Taperas, sin dar ninguna seguridad de cumplir en construir su reemplazo.

En esas condiciones, a ciencia y conciencia de esos graves incumplimientos por parte de la empresa constructora, el Gobierno Nacional, por encima de claras advertencias, da orden de poner en marcha la hidroeléctrica. Afortunadamente, Magistrados del Tribunal Administrativo, con coraje y gran carácter, salieron en defensa de los derechos de los humildes y dieron la orden, avalada por la Corte Constitucional, de detener el funcionamiento de la hidroeléctrica hasta que se garantice, realmente, el cumplimiento de la empresa con obligaciones de la más elemental justicia.

Pero se ha empeñado, luego, el Gobierno, cómplice de esas manifiestas injusticias, en buscar que se haga caso omiso de tan justificada medida y querer justificar los gravísimos atropellos cometidos, engrandeciendo los perjuicios que traería la detención del funcionamiento de la hidroeléctrica, con la pretensión de que su funcionamiento es indispensable para hacer frente al “fenómeno de El Niño”, y por grave envenenamiento de agua si no se la mantiene en funcionamiento. Con bien montada alarma de catastróficas consecuencias, quieren ahora, no contentos con la inundación de tierras, ahogar con manifiesto atropello, derechos justísimos de los más débiles.

Ante este ese magno e injustificable atropello, no se ha sentido al Gobierno intervenir en forma confiable, para que se cumpla por parte de la empresa a las gentes que están padeciendo grave injusticia, sino queriendo dejar de lado la medida que a favor de ellas se ha dado, y torciendo, también en esto, a la opinión pública, para que a la luz de toda Colombia se cometa injusticia de tan inmensa proporciones.

¿Qué hacer?, pues exigir a la empresa constructora que dé seguridad efectiva al cumplimiento de sus obligaciones, de lo contrario, ella y el mismo Gobierno son los culpables de los graves males, al no funcionar la hidroeléctrica, pues no se puede levantar la justísima medida de que funcione solo desde cuando se garantice el no atropello de los damnificados. Sin eso, debe seguir en firme la medida. Con dignidad, honorabilidad y real justicia, se ha de resolver este gran problema, y no con injustificables atropellos con evidente desmoralización, más grave que las catástrofes con que quieren chantajear a gentes humildes, y a todo el país. (*Expresidente Tribunal Ecco. Nal. Email: monlibardoramirez@hotmail.com