Acuerdo por lo superior

Aun retumban las palabras del relecto presidente Juan Manuel Santos el día de su posesión: “A Colombia en paz con equidad y educada no la frena nadie, acompañado del anuncio de que se invertirán $28,9 billones en 2015, por primera vez en la historia se destinan más recursos del presupuesto nacional para educación que para seguridad y defensa, ofrece 400.000 becas en educación superior para mejores bachilleres de niveles 1 y 2 del Sisbén. Aspira a que en 2025 el país sea el más educado de América Latina, mejorar calidad e intensidad de la educación estableciendo la jornada de 8 horas que iguala al sector privado eliminando un factor de desigualdad. Fortalecer el Sena y cobertura educativa para menores de 0 a 5 años (“Programa de cero a siempre”).

Nos recuerda el énfasis en los tres pilares Paz, Equidad y Educación, a la presidenta chilena Michelle Bachelet cuando asumió su segundo periodo: “El único gran adversario de Chile se llama la desigualdad”, impulsa una gran Reforma a la Educación para crear un sistema educativo público, gratuito y de calidad: “El lucro no puede ser el motor de la educación, porque esta no es una mercancía y porque los sueños no son un bien de mercado. Es un Derecho de todos y de todas”. Por su parte Dilma Rousseff, ante las movilizaciones  sociales  se comprometió con una inversión en educación del 10% del PIB, por encima del 6,5% actual, para erradicar el analfabetismo y la universalización de la educación infantil, primaria y secundaria (US$ 8200 millones en 2014  a US$ 50.000 millones durante los próximos años).

Un país no puede progresar económica y socialmente si su sistema educativo no está vinculado a las necesidades reales, teniendo en cuenta los recursos humanos, estructurales y tecnológicos. Según Eoric A. Hanushek, de la Universidad de Stanford: “Una mayor calidad se traduce para las personas en un mayor ingreso de por vida. Además, una sociedad con una fuerza laboral que haya recibido más educación puede esperar un mayor crecimiento económico, aunque es posible que los resultados tarden años en materializarse. La calidad, medida en función de las aptitudes matemáticas y científicas, puede atribuirse a una serie de factores, como el entorno familiar, la salud y la escolaridad” (Finanzas y Desarrollo, 2005).

Por su parte la Unesco propone 6 objetivos para la educación, con una inversión del 20% de los presupuestos estatales, alfabetización universal y aumentar el número de adultos en educación continua o técnica. Extender y mejorar la educación  de la primera infancia, velar porque antes del 2015 todos los niños y niñas pertenecientes a minorías étnicas tengan acceso a enseñanza primaria gratuita y obligatoria de calidad sin discriminar género garantizando parámetros elevados en lectura, escritura, matemáticas y competencias prácticas. (Unesco: Hacia la educación de calidad para todos al 2015).

En Colombia dados los desastrosos resultados en pruebas PISA-2012 en matemáticas, lenguaje y ciencias, y en las de educación financiera  hay  consenso respecto de mejorar calidad en el sector público como  privado. El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) creado por la Ley 30 del 1992, como organismo gubernamental vinculado al Ministerio de Educación Nacional (MEN), coordina, planifica,  y asesora las políticas de la educación superior. Lo integran 16 representantes de instituciones de educación superior pública y privada, Estado, sector productivo, profesores y estudiantes, presidido por el MEN. Luego de debatir la política educativa durante los últimos años presentó el “Acuerdo por lo Superior 2034-Propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de la paz” (04-08-14).

Le antecede el Gran Diálogo Nacional por la Educación Superior que realizo 150 encuentros públicos, evaluaron cerca de 450 documentos elaborados por expertos nacionales e internacionales: “Es el más grande movimiento social que la educación superior colombiana ha tenido en toda su historia" (María Fernanda Campos).

El Acuerdo por lo Superior presenta 136 propuestas en 10 temas de política pública: Acceso e inclusión, formación de calidad, generación de conocimiento en tecnología e innovación, regionalización, articulación de la educación media y superior, nuevas modalidades educativas, comunidad universitaria, internacionalización, estructura del sistema, gobernabilidad, internacionalización y sostenibilidad financiera. Se pretende alcanzar una cobertura del 84% en 2034, crear una Agencia Nacional de Cooperación e Internacionalización, encargada de la autoevaluación, registros calificados y acreditación. Creación de la Superintendencia de Educación garante de transparencia y calidad. El fomento de la investigación propiciando alianzas y centros  regionales, doble titulación, movilidad de profesores, investigadores y estudiantes, homologación de saberes y bilingüismo. La asignación de recursos con equidad entre las instituciones públicas, reiterando  que no habrá ánimo de lucro y buscará la progresiva gratuidad.

El ambicioso Acuerdo (dos décadas) se convierte en un reto dadas las enormes desigualdades e inestabilidad político-económica, un conflicto de más de 50 años que no concluye  y la ausencia de un bloque histórico que se comprometa con el largo plazo, que dista mucho de los acuerdos entre partidos que manejan el presupuesto con criterio clientelista. No es la primera vez que se hacen rimbombantes anuncios, sesudos estudios y diagnósticos que coinciden en sus nobles propósitos de ampliar cobertura, mejorar calidad e impulsar la ciencia y la tecnología. Recuérdense estudios como el realizado por la Misión de Ciencia y Tecnología (MEN, DPN y FONADE -1990) que lideró la Universidad Nacional (tres tomos), definió la ciencia y la tecnología como un propósito nacional. Las recomendaciones de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, la “Misión de Sabios” (1994) con el célebre discurso de García Márquez, “Colombia al filo de la oportunidad”, para quien la educación es un proceso que se inicia desde la cuna hasta la tumba.

Este Acuerdo por lo Superior trasciende el inmediatismo y proyecta un horizonte del largo plazo que sienta  las bases para las grandes transformaciones que requiere el país no solo en el ámbito educativo. El gobierno Santos y el nuevo Congreso tienen la obligación de convertir este acuerdo y sus propuestas en leyes que asignen presupuestos, transforme instituciones y las priorice en el Plan de Desarrollo para convertirlas en acción. Ello demanda gran flexibilidad pues hay temas como lo reconoce el CESU que deben trabajarse más y otros donde caben los disensos .La gobernanza de las universidades (consejos superiores, consejos académicos), garantes de la autonomía universitaria  deben ser integrados por personas idóneas y con ética  académica. La elección de rectores por consulta, no elecciones que escamotean calidades y proyecto académico. La financiación de la universidad pública siempre será insuficiente ante la creciente demanda educativa, costos de la investigación y la inversión en infraestructura en un mundo globalizado y competitivo.

Hay voces inconformes como la MANE que en documento público con 12.000 firmas critica lo limitado del debate, desconoce el déficit de $12,5 billones de la universidad pública, costos de los créditos educativos y la cartera morosa del ICETEX (34%). Demanda gratuidad de la educación superior a lo cual la ministra respondió: “La gratuidad de la matrícula universitaria desde el punto de vista fiscal, es imposible de lograr, a lo que debemos apuntar en este momento es a la equidad, puesto que sería lesivo para el sistema y profundamente injusto que las personas que provienen de entornos económicamente favorables no paguen nada. Este beneficio debe ser para los menos favorecidos.” (El Tiempo, 05-08-14). No cabe duda que la educación en Colombia será clave en el posconflicto, reparación a las víctimas, desmovilización, reinserción y para que la paz sea una realidad en Colombia.

* Exrector de la Universidad Nacional y la Universidad Surcolombiana. Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia.