Abren investigación contra exsecretaria de Desarrollo de Neiva

La Contraloría de Neiva halló méritos suficientes para abrir indagación contra la exsecretaria de Desarrollo Social de Neiva, Elizabeth Collazos, así como contra dos funcionarios más de la Alcaldía de Neiva, por las presuntas irregularidades detectadas en desarrollo de dos contratos, cuyo objeto fue la elaboración de cartillas “Semilleros para un Buen Ciudadano”.

El trabajo inicial fue adelantado por el Grupo de Reacción Inmediata, GRI, de la Contraloría, que al evidenciar las irregularidades hizo traslado del material probatorio a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.

Según estableció DIARIO DEL HUILA, los resultados de la indagación dejan mal parada a la exsecretaria de Desarrollo, quien renunció al cargo luego que saliera a la luz pública un video en el que ella le pide a un contratista la suma de diez millones de pesos, los que dijo -en el video- estarían destinados “para pagar unas deudas, tres millones más para entregarlos a un periodista y otros 800.000 para devolverlos a su esposo”, quien asegura en el mismo audio, “prestó el dinero para legalizar dicho contrato”.

Pues aunque ese solo video representa una evidente anomalía que como era de esperarse le costó el cargo, la Contraloría fue más allá y analizó el objeto del contrato por el que la entonces funcionaria estaría pidiendo las dádivas.

Se trata del contrato de compraventa No. 1190 del 2013, cuyo objeto fue el suministro de las cartillas “Semilleros para un Buen Ciudadano”. Dice el mismo que el contratista debía entregar 4000 ejemplares y que estos serían destinados a una campaña que adelantarían en colegios y escuelas públicas del municipio.

Sin embargo, al realizar la inspección a la Alcaldía, la Contraloría encontró dos tipos de cartillas con el mismo título, donde cambian algunos elementos mínimos. En total fueron halladas 4400 ejemplares, es decir 400 más de las contratadas, algo que generó suspicacias.

Pero al revisar la contratación de la vigencia 2012, la Contraloría hizo el hallazgo que dejo clara la irregularidad.

Se trata del contrato 782, cuyo objeto fue el “suministro de 4000 ejemplares de la cartilla ‘Semilleros para un Buen Ciudadano’, para la estrategia Semilleros de Participación Ciudadana en el Municipio de Neiva” por valor de $20’000.000.

No fue coincidencia. El contrato de 2012 y el de 2013 son idénticos, con el mismo valor y el mismo objeto.

Lo que se sabe es que las cartillas elaboradas en el 2012 no se entregaron y al parecer se pretendían distribuir como si fueran del contrato celebrado en el 2013.

En el despacho de la Secretaría de Desarrollo fueron halladas dos tipos de cartillas, donde cambia el papel, algunos colores, los créditos de quien diseña y se conservan otros aspectos, como algunos errores ortográficos. En términos generales es evidente que se trata de la misma cartilla.

“De lo anterior se puede establecer que existió una inadecuada e incorrecta gestión fiscal, toda vez que es evidente la falta de control y seguimiento en la ejecución del contrato, el cual no cumplió estrictamente con lo pactado, así las cosas presuntamente se contravino lo establecido en el Artículo 83 de la Ley 80 de 1993, que reza: “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos”, algo que evidentemente no se realizó en desarrollo de estos dos contratos.

La investigación afecta a Elizabeth Collazos, exsecretaria de Desarrollo Social, quien renunció cuando se conoció el escandaloso video, así como a los actuales funcionarios -profesionales universitarios- Clara Eugenia Peña Perdomo y Carlos Gómez Badillo, quienes seguramente terminarán respondiendo por el monto de los dos contratos, es decir la suma de 40 millones de pesos.