¿Habrá  nuevas casas en el aire en Teruel?

Fue en el año 2011, cuando se destinan recursos del departamento, por medio del Fondo de Vivienda del Huila, Fonvihuila para que con la unión de los aportes del municipio de Teruel y de varias familias, se pudiera construir un complejo de viviendas de interés social, en donde cerca de 90 familias sin muchos recursos económicos pudieran cumplir el sueño de tener un techo propio.

El problema se da cuando casi siete años después, la obra en el mejor de los casos está inconclusa, ya que según como los afirman fuentes oficiales tomada directamente de la mesa deliberativa adelantada, en un primer proyecto en el que se tenía presupuestado construir 52 viviendas funcionales, sólo se han intervenido 19 viviendas, de las cuales sólo una de ellas está al 100%. Mientras que en un segundo convenio, en el que se tenía previsto construir 38 casas se han intervenido 20 unidades, sólo cuatro se encuentran en el 100%. De acuerdo a este informe de Fonvihuila de las 90 casas, sólo se ha intervenido 39 casas, algo menor al 50% y que se hayan terminado sólo cinco lo cual es sumamente preocupante, ya que supone un alto riesgo de que las casas para estas personas sean pura fantasía.

Además de esto existe un tercer proyecto que se hizo con el objetivo de construir 10 soluciones de viviendas para reubicar a las familias damnificadas por la ola invernal que sucedió en el año 2011 en la zona rural de Teruel, de la cual no se han terminado en su totalidad.

Por este motivo hace algunos días, La Contraloría Departamental del Huila en cabeza de Adriana Escobar Gomez, llevó a cabo una mesa deliberativa en el municipio de Teruel, con el objetivo de realizar un control social participativo, para escuchar a todas las partes involucradas en la construcción de las viviendas y poder llegar a un feliz término en donde sobre todo las familias afectadas, puedan tener la vivienda que tanto anhelan, luego de escuchar que el Fondo de Vivienda del Huila quiere que se devuelvan dineros de este proyecto que no se hayan liquidado.

Actores

Los actores que participan directamente en este convenio son: Fonvihuila, El Municipio de Teruel quien por la figura de administración delegada realizo la ejecución del proyecto, un interventor, las familias afectadas.

Administración delegada

Marlio Mañosca Cabrera, representante de la administración delegada, quien se encargó de la compra de materiales y todo lo relacionado a los costos de construcción, afirmó que en el estado de obra de las 10 casas para los desplazados de la ola invernal, está en un 100% y que se liquidaron los contratos con la administración y con la interventoría y se presentaron todos los soportes de liquidación de los contratos. En cuanto a lo de la escrituración explicó que ´por orden del municipio en ese entonces no se daba escrituras sino una resolución.

Expresó en dicha sesión que de los 160 millones que fueron aportados para el proyecto, se hizo un desembolso de 118 millones de pesos, los cuales se invirtieron en gastos de interventoría: $5.400.000 pesos, $13 millones en administración, 2.250.000 en material de formaleta, 9.300.000 en ladrillos además de muchos otros gastos y que esta plata nunca fue girado a título personal sino que fue entregada a cada uno de los proveedores de los materiales de construcción.

Contexto de los proyectos

Según Mañosca Cabrera, las diferencias de presentaron cuando Fonvihuila llega y hace las visitas preliminares, que son avances de obra y obra terminada pero no encuentra esto, ay que para que se pueda realizar este proyecto debe haber una administración delegada, algo por lo cual su empresa fue elegida y quien en la actualidad explicó en que se invirtieron los recursos y porque no alcanzaron los materiales para las casas lo cual fue causado por la falta de dinero de los demás actores del proyecto.

En el proyecto de las 38 casas al contrato de obra de mano civil, se giraron 36 millones de pesos y esto se puede expresar como obra ejecutada y que se ha contrastado con la Interventoría en donde sólo se evidencian algunas discrepancias muy leves como lo es un máximo de 1.900.000 pesos.

Expresó además que en caso de que se fuera a liquidar los proyectos en el tema del de las 38 casas se deberían tener 13 casas que garantizaran 207 millones de pesos invertidos, mientras que en el proyecto de las 52 casas se deberían tener 17 viviendas, para que diera un total de 30 casas en las dos fases del Proyecto Villa Prado, pero lo que pasó es que no arrancaron con 30 casas sino con 37, a causa de que el listado que pasó la asociación del convenio fue de 17 familias y se aspiraba a filtrar los recursos de los usuarios, algo que nunca se pudo hacer porque no se permitió tocar ese dinero.

“No se tuvo acceso a los recursos de la obra, estos, llegaban a la cuenta que puso el acalde lo que produjo una problema en cuanto a la cantidad de materiales para seguir con el proyecto y que no fueron tenidos en cuenta y por esta razón hubo la necesidad de conseguir materiales adicionales a los que se necesitaban en un principio, para poder llegar a un avance y así poder cubrir lo que no fue autorizado por Fonvihuila, algo que ellos no cubrieron lo que lleva a la conclusión de que nos quiere emproblemar  a nosotros cuando lo que hicimos es invertir la plata en materiales adicionales y por eso no se ha podido seguir con el avance y terminar la obra” afirmó Mañosca Cabrera.

Interventoría

El interventor, Alexander Arciniégas Guzmán en la reunión explicó que la función luego de que Fonvihuila expresara que quiere que sean devueltos los recursos, fue presentar el informe y avisarle a la alcaldía, en donde se hicieron todos los requerimientos a la administración delegada, que contestó que iba a llegar con todas las explicaciones del caso. “Yo cumplí con entregar un informe con todas las novedades y los requerimientos exigidos por la ley, yo lo que quiero es que me liquiden el contrato, yo ya es esos problemas no tengo anda que ver ya que una cosa es que se le haya metido toda la inversión del valor de la casa y otra es que Fonvihuila lo acepte como está porque existe un valor contractual pero este no cumple con todos los ítems que se requiere por parte del Fondo” expresó Arciniégas Guzmán.

Fonvihuila

El director de Fonvihuila, el ingeniero Rodney Perdomo Hurtado expresó que la necesidad de este proyecto nace de la alcaldía, que presenta un proyecto con un enfoque inicial para realizar una obra de contrato civil a la cual le dieron la vuelta al crear una administración delegada y una interventoría y comenzaron con la adquisición de los materiales para dichas viviendas y es ahí cuando comienza el inconveniente porque el convenio que firmaron con Fonvihuila fue para una obra civil la cual transfirió al municipio el 80% con el objetivo de hacer los pagos a la administración y al respectivo contrato, pero cuando contrataron a la administración delegada involucraron los pagos referente al convenio con el municipio el cual se da es por casa terminada, que es la función que tiene Fonvihuila.

Explicó en la misma reunión, que además de eso su función no tiene nada que ver en como la administración municipal hace los pagos, y que esto ya es su función, razón por la cual la interventoría y la administración delegada se tiene que entender es con la alcaldía ya que su función, la de Fonvihuila, no es darle los recursos a los encargados del proyecto sino dárselos a las 90 familias bajo la figura de subsidios complementarios para construir la viviendas de este proyecto.

“La responsabilidad es de la alcaldía”

Perdomo Hurtado indicó que para poder liquidar el convenio y recibir las viviendas terminadas, la administración municipal tiene que entregar información en un informe detallado realizado por el administrador delegado en conjunto con el interventor para así poder saber cuántas viviendas se van a liquidar.

El problema actual es que la administración delegada no tiene la claridad de cuantas viviendas van a entregar, lo que supone un inconveniente a Fonvihuila, ya que al ser supervisor del convenio, es la entidad encargada de velar porque los recursos aportados por el gobierno departamental no se vayan a perder. “

“La alcaldía responde”

El asesor jurídico de la administración municipal de Teruel, Zamir Alonso Bermeo García por petición del alcalde explicó en la mesa deliberativa que en este proyecto se ha presentado una gran distorsión de las figuras utilizadas tanto en el convenio como en el contrato, lo que no ha permitido establecer cuáles son las obligaciones de cada una de las partes y en donde se ha desvirtuado algunos aspectos jurídicos que servirían para poder solucionar este problema.

En primer lugar el municipio no es ningún contratista de Fonvihuila, lo que tiene es un convenio con esta entidad y el cual tiene unas obligaciones puntuales como la de contratar a un tercero para ejecutar estas obras acudiendo a cualquier modalidad de la ley 80 en donde los contratos de administración delegada no son contratos de prestación de servicios ya que el ordenamiento jurídico actual en Colombia no regula esta figura, lo que si dice es que es una forma de pago lo que explica que el contratista real de este proyecto es uno de obra al cual se le paga bajo la figura de administración delegada y que tiene unas obligaciones específicas la cuales están consignadas dentro de su contrato en donde se explica que el administrador delegado es un contratista a quienes se les da un dinero, pero la responsabilidad de la compra de materiales y el pago de mano de obra es función de ellos y de una interventoría, cosa que la administración municipal creo con todos los requerimientos de la ley.

Estado actual del proyecto vivienda Teruel

De las 90 soluciones de vivienda del municipio de Teruel en la actualidad su estado corresponde a lo siguiente:

De los 3 proyectos, 2 no cuentan con pólizas o amparos que puedan garantizar su cumplimiento.

De los 23 proyectos, 2 han cancelados y adeudan valores por rendimiento financieros a la fiducia “Corficolombiana”

CONVENIO 32 DE 2011: