¿Blindado el PAE ante la corrupción?

Juan Carlos Bravo O.
Diario del Huila, Nieva

Una verdadera rapiña por parte de los corruptos tuvo que experimentar durante los últimos años el Programa de Alimentación Escolar, PAE. El saqueo llegó a tal punto que a agosto de 2018, había 154 procesos de responsabilidad fiscal por irregularidades, las cuales suman pérdidas por 84.000 millones de pesos, según estimó la Contraloría General de la República.

Y los escándalos de corrupción no se hicieron esperar, ‘reventaron’ en hechos tan aberrantes y conocidos por la opinión pública, que dijo basta ya. Hechos como tamales facturados por empresas de grúas a 35 mil pesos, pechugas vendidas a 45 mil pesos por una ferretería y hasta comida descompuesta que se le entregaba a los niños como raciones durante la jornada escolar, llevaron al hoy Gobierno de Iván Duque a intervenir y darle un revolcón al Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Durante la semana que terminó el Gobierno Nacional lanzó un plan de choque para ponerle freno a la corrupción que se está virtualmente ‘comiendo’ los recursos destinados a la alimentación de los niños en las escuelas y colegios del país, tiene como ejes fundamentales, un mayor financiamiento, cobertura y transparencia.

Investigaciones

Sobre al particular, la Contraloría General de la República, CGR,  en este momento tiene investigados a cinco gobernadores, siete exgobernadores, ocho alcaldes y 45 exalcaldes por mala administración de recursos y sobrecostos.

De la misma forma, la Fiscalía General de la Nación, vienen realizando una serie de investigaciones  contra los llamados ‘zares’ de las raciones, entre quienes figura Germán Trujillo, quien tiene medida de casa por cárcel.

Asimismo se conoció que hay activas investigaciones penales en 35 regiones del país y una persona fue condenada. Se trata de Luisa Fernanda Flórez Rincón, representante legal de la empresa Surcolombiana de Inversiones, quien deberá pagar 42 meses de cárcel por las irregularidades en 2016 en un contrato con el departamento de Santander. Y la Procuraduría, por su parte, tiene abiertos 145 expedientes de responsabilidad disciplinaria por irregularidades similares.

Intervención

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, explicó que el nuevo modelo del PAE fue concertado con 10 entidades del Gobierno Nacional, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, “buscando cero corrupción y máxima eficiencia”. El programa incluye la participación del Sena, entidad que acompañará el trabajo en los comedores escolares, y el ministerio de Agricultura, con el que se promoverá la compra local de frutas y verduras.

La funcionaria agregó que el nuevo PAE busca subsanar los problemas de transparencia y deficiencias en la nutrición de los niños del país. Además, según anticipó la funcionaria, se aplicarán “medidas a corto, mediano y largo plazo para que el Plan de Alimentación Escolar ya no sea para unos días del año, sino que los niños que hacen parte del programa tengan sus alimentos los 180 días del año escolar”.

En la actualidad existen cerca de 5,3 millones de niños beneficiados por el programa, cifra que, según el presidente Iván Duque, ascenderá a 5,6 millones en los próximos meses. “La idea es que en estos cuatro años aceleremos esa cobertura y ojalá superemos el umbral de los 7 millones de menores”.

El mandatario también sostuvo que la inversión de recursos para el PAE crecerá en un 48 por ciento para 2019 y de esta manera cruzar el umbral de los 2 billones de pesos.

Una de las propuestas que tomó bastante fuerza en las mesa de debate, fue la lista que incluye seis puntos presentada por los gobernadores del país para el nuevo esquema.

1. Recursos suficientes y asignados oportunamente para la alimentación y la operación del PAE.
2. Organización en el orden nacional para adecuada concurrencia de recursos que facilite los procesos y consecuentemente el adecuado servicio.
3. Regular procesos contractuales, sin concentrar recursos en pocos operadores aumentando riesgo de cooptación de entidades; además de garantizar el consumo de producción territorial.
4. Permitir minutas que cumplan con la condición dietética pero se adapte a cultura y producciones territoriales.
5. Disponer de recursos para construcción y mejoramiento de comedores escolares, analizando manejo en escuelas integradas. Igualmente para menaje.
6. Campaña de información transparente para la comunidad sobre costos por ración y su funcionamiento, destacando buenas prácticas existentes en entes territoriales.

Contratación en Huila

Para el caso del departamento del Huila, durante este año el Programa de Alimentación Escolar PAE,  se rige bajo la Resolución 16432 de 2015 debido a que se inició el proceso de contratación antes de que la Resolución 29452 de 2017 entrara en vigor, lo que permitió que en la región continuara entregando por este año, dos raciones a los niños de jornada única.

La Gobernación del Departamento del Huila, contrató el Programa de Alimentación Escolar a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, quienes por medio de una firma comisionista representaron a la administración departamental en una rueda de negocios, donde se realizó una subasta inversa en la cual se seleccionaron a los tres (3) operadores del Programa.

La prestación del servicio, por parte de la Gobernación del Huila tuvo una inversión total de $47.600.174.957 millones, llegando a 35 municipios, exceptuando a Neiva y Pitalito, con tres operadores para cada una de las tres zonas, así:

             -El Consorcio FUPADESO 2018, se encarga de la Zona 1 y está comprende los siguientes municipios: Aipe, Altamira, Íquira, La Argentina, La Plata, Nátaga, Paicol, Palermo, Pital, Santa María, Tarqui, Teruel, Villavieja y Yaguará.

             -La Unión Temporal Alimentos Huila, se encarga de la Zona 2 y está comprende los siguientes municipios: Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, Garzón, Gigante, Hobo, Rivera, Tello y Tesalia.

             -La Unión Temporal Gobernación Huila 2018, se encarga de la Zona 3 y está comprende los siguientes municipios: Acevedo, Agrado, Elías, Isnos, Oporapa, Palestina, Saladoblanco, San Agustín, Suaza y Timaná.

Alcanzando un 100% de la cobertura de los niños priorizados para esta estrategia de permanencia escolar, llegando a 178 instituciones, 1.466 sedes, 114.988 niños, niñas, jóvenes y adolescentes a quienes se les entrega diariamente 10.013 complementos am y 114.988 almuerzos.

Así mismo, se lleva a cabo la supervisión a la ejecución del PAE, a cargo de los 34 profesionales dispuestos para el monitoreo de la ejecución a través de visitas diarias a las diferentes sedes educativas con el fin de revisar el cumplimiento de la minuta, la verificación del gramaje de los alimentos, establecer controles y reportar los hallazgos detectados.

Dentro de las visitas programadas, se realizaron inspecciones a dos de las tres bodegas donde almacenan víveres los Operadores. La primera supervisión, se efectuo en la Zona 3 ubicada en Pitalito y luego, a la Zona 2 a la ubicada en Garzón; los aspectos evaluados fueron: instalaciones físicas y sanitarias, condiciones del plan de saneamiento, personal manipulador, requisitos higiénicos de almacenamiento, verificación documental, condiciones de almacenamiento, condiciones de transporte, estado y mantenimiento de equipos, compras locales y registro diario. Como resultado de este proceso de inspección y verificación se pudo concluir que ambas bodegas son aptas para almacenar y preservar los víveres en óptimas condiciones para luego ser distribuidos a las diferentes sedes educativas.

Al ser un Programa tan relevante para los niños del departamento, es necesario que el mayor número de personas puedan apoyar como veedores del proceso, es por esto que la Gobernación se encarga de capacitar de manera continua a los Comité de Alimentación Escolar (CAE), dándoles herramientas a la ciudadanía para que pueda realizar un correcto seguimiento y control a la ejecución del Programa.

Del mismo modo, se implementó una estrategia para la generación de estilos de vida saludables en los estudiantes del Departamento, estableciendo un procedimiento para capacitar, inicialmente a los miembros de los Comité de Alimentación Escolar y luego, a todos los actores PAE para incentivar actitudes en los estudiantes para promover el consumo de frutas y verduras en los restaurantes escolares.

Todo lo anterior se realiza con el fin monitorear el funcionamiento del PAE, y así cumplir con el objetivo primordial del Programa que es garantizar la permanencia de los beneficiarios en las instituciones educativas, uniendo esfuerzos para realizar el seguimiento a su ejecución y procurar el mejoramiento de la operación.

Sanciones

En el trascurso de la ejecución de las distintas operaciones a partir del año 2016, el Departamento del Huila ha tenido que acudir a Comité Arbitral con el fin de que se impongan sanciones a los operadores por incumplimientos en la ejecución del programa. Así, en ese año, se aplicó una sanción por valor de $100 millones al operador de la zona 1, a quien se le encontraron serias deficiencias en la entrega y el suministro de las raciones escolares.

Para la vigencia 2017 el Comité Arbitral, a solicitud de la Gobernación del Huila, aplicó sanciones y descuentos por valor de $1.200 millones a los tres operadores, igualmente, por fallas detectadas en el suministro de las raciones alimentarias, lo que indica que la Gobernación del Huila ha actuado con trasparencia para que el programa PAE cumpla su objetivo, que es llegar con la ración alimentaria a los sitios más apartados de la geografía huilense.

Con ‘lupa’ revisan casos del Huila

Y es que apenas hace un mes, la Procuraduría General de la Nación La entidad reveló detalles de una investigación por presunto direccionamiento de contratos del PAE en Pitalito, Amazonas, Santander, Huila, Floridablanca y Cúcuta. De igual forma, la entidad abrió indagación preliminar a gobernación del Huila, y a las alcaldías de Neiva y Cúcuta.

La Procuraduría formuló pliego de cargos a varias cooperativas por presuntas irregularidades en los contratos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Adicionalmente, por presunto direccionamiento de los contratos del PAE, la entidad indicó que el pliego de cargos se hará a la Corporación para el Desarrollo Social Tanai Hawa y la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones.

El órgano de control abrió cinco procesos disciplinarios contra funcionarios de las gobernaciones de Santander y Huila; también a los de las alcaldías de Floridablanca, Pitalito y Cúcuta.

Las acciones disciplinarias tienen origen en el informe de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE) de la Procuraduría, que revisó 7.880 contratos entre 2013 y 2017, e identificó que la Corporación Tanai Hawa así como la representante legal de la Cooperativa Surcolombiana, Luisa Fernanda Flórez Rincón, ocupan el primer lugar de entidades y representantes legales que más suscribieron convenios PAE.

La Procuraduría busca determinar si se vulneraron los principios que rigen la contratación estatal de economía, responsabilidad, transparencia y el deber de selección objetiva, y si se generó detrimento del patrimonio público.

Pitalito

En lo que respecta al Pitalito, el órgano de control abrió investigación disciplinaria en contra del alcalde Miguel Antonio Rico Rincón, y el mandatario local encargado, Jorge Enrique Motta Carvajal, por presuntas irregularidades en la celebración de tres contratos con la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada por más de 7.800 millones de pesos.

La Procuraduría investiga presunto direccionamiento de la contratación a favor del operador que habría vulnerado los principios de responsabilidad, transparencia, y el deber de selección objetiva.

De igual forma el órgano disciplinario abrió indagación preliminar a funcionarios de la Gobernación de Huila y de los municipios de Neiva y Pitalito por presuntas irregularidades en la celebración de seis contratos con la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones.

Investigación a empresarios

Y hace tan solo dos meses, la Superintendencia de Industria y Comercio solicitó al ente acusador investigar a los 18 empresarios, 10 contratistas y a una asociación, por manipular desde el año 2017 los contratos de refrigerios del Plan de Alimentación Escolar (PAE). Entre ellos se encuentra el empresario Germán Trujillo.

El Plan de Alimentación Escolar, PAE, permite que casi cinco millones de niños reciban un complemento de comida en las Instituciones Educativas Públicas del país y los dineros del mismo, habrían sido desviados por empresarios y contratistas de manera irregular. 

La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, indicó que entre los responsable figura Germán Trujillo, quien le vendió al departamento de Santander tamales a 30 mil pesos para niños en edad escolar, facturándolos a nombre de talleres de grúas y asociaciones de padres de familia.

También aparecen Luis Hernando y Hayder Mauricio Villalobos, los mismos de Mauro's Food, la compañía que estuvo implicada en el saqueo a Bogotá, a través del llamado 'Carrusel de la Contratación' y en irregularidades con la Agencia Logística del Ejército.

Según la SIC, detrás de esta cartelización que afectó directamente al PAE está, además de Asoproval, la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones y su controlante Germán Trujillo Manrique quien se encuentra vinculado a un proceso penal y tiene casa por cárcel. Igualmente figura Alimentos Spress SAS, controlado por Stella Téllez Hernández, investigados por esta Superindustria por el presunto cartel de las frutas.

Asimismo, Fabio Doblado Barreto, fue sancionado por la Superindustria por obstrucción de una investigación relacionada con los procesos de contratación de alimentos para personas privadas de la libertad; Iberoamericana de Alimentos y Servicios S.A.S., controlada por Juan Carlos Almansa Latorre, investigada por la Superindustria por el presunto cartel de las raciones militares; e Industrias Alimentos y Catering S.A.S Catalinsa S.A.S., presuntamente controlada por los Villalobos Rojas.

Criterios para contratar:

A través de la Ley 80 de 1993 o Estatuto de Contratación Pública faculta a la Bolsa Mercantil para adelantar procesos de contratación que tengan por objeto la adquisición de productos de origen y destinación agropecuaria. Posteriormente, la Ley 1150 de 2012, reglamentaria de la Ley 80 del 93, amplía las facultades de la Bolsa y le otorga la facultad de adquirir, bajo la modalidad de selección abreviada, bienes, productos y servicios de características técnicas uniformes, y es a partir de ese momento cuando la Bolsa comienza a negociar dichos bienes y servicios; modalidad de contratación que hoy se encuentra reglamentada por el Decreto 1082 de 2015; convirtiéndose, en este caso, la Bolsa de Productos, en una modalidad de selección legalmente consagrada en la normatividad especial que regula la contratación pública en Colombia.

Las ventaja que se obtienen al acudir a la Bolsa Mercantil cuando se cumplan los requisitos para acudir a la misma son la trasparencia, la seguridad y la eficacia. Trasparencia porque es un proceso donde no se conoce hasta el momento de la puja quienes integran o participan; compradores como vendedores actúan a través de una sociedad comisionista; se encuentra con pluralidad de oferentes, se presenta una puja dinámica y reglamentada que finalmente favorece a la entidad pública, en este caso, al Departamento del Huila, y el proceso, como una licitación, debe ser adelantado dentro y bajo los principios de la planeación y la selección objetiva.

Adquirir bienes como raciones alimentarias a través de la Bolsa Mercantil brinda seguridad al Departamento, porque la bolsa tiene un esquema de garantías liquidas que buscan el cumplimiento de la operación en caso de incumplimiento por entrega y calidad en un corto tiempo, sin tener que acudir a procesos administrativos sancionatorias y/o de caducidad, que se tornan engorrosas y largas.

Bajo esta óptica, el Departamento de Huila analizó, a través de su Comité Jurídico, la posibilidad de acudir a este órgano para adelantar el proceso de suministro de alimentación escolar. Éste conceptuó que era perfectamente posible acudir a esta figura por los beneficios antes señalados para el suministro de 17.893.500 raciones durante 2017; operación que se viene ejecutando en tres zonas previamente definidas por tres operadores distintos.

En las negociaciones realizadas a través de la Bolsa Mercantil, el Departamento de Huila ha podido tener ahorros que ascienden a más de 2.500 millones de pesos desde el año 2016 a la fecha.