Uso de armas letales de fuerza pública quedarían prohibidas definitivamente en protestas

Los senadores de la bancada del partido Conservador Juan Diego Gómez y Juan Carlos García, presentaron el proyecto de ley en primer debate, prohibir de manera definitiva el uso de armas letales por parte de la fuerza pública durante manifestaciones, con el fin de regular las protestas debido a los acontecimientos por abusos de la fuerza pública que se han registrado en las últimas semanas. 

Los congresistas, solicitan que policías usen armamento no letal. “Para controlar de manera proporcional los actos de violencia o de vandalismo que puedan presentarse en el ejercicio de la manifestación social y pacífica en las zonas urbanas, el ESMAD, la Policía Nacional y el Ejército Nacional deberán emplear equipamiento y armamento no letal que permitan el control de los actos violentos sin afectar la integridad física de ningún interviniente. Se prohíbe el equipamiento o manejo por parte de la fuerza pública de armas de fuego para intervenir en las manifestaciones o movilizaciones sociales”, indica uno de los apartes del texto.

Además, se ratifica la prohibición para el uso de capuchas por parte de las personas que decidan participar en las protestas. “La presencia de encapuchados o de personas que empleen cualquier mecanismo que impida su identificación en el desarrollo de la manifestación, o en los comunicados que sirvan como medio de invitación a participar en movilizaciones o manifestaciones colectivas violentas”.

El ponente estableció que tampoco estará permitida la obstrucción de las vías públicas de manera prolongada y se establece que la mismas no podrán ser bloqueadas por un término superior a 10 horas.

La ponencia para primer debate del proyecto de ley que regula la protesta social, también tiene previsto establecer sanciones para las personas que incurran en actos de vandalismo.

Se plantean multas económicas “desde 5 hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago”, dinero que será destinado a un fondo especial denominado 'Fondemocracia', para ayudar a las personas que resulten afectadas por actos de violencia.