USCO exige más presupuesto para la educación superior

Comunidad educativa de la USCO y  estudiantes de otras instituciones de educación media, se movilizaron por las principales calles de Neiva con el propósito de exigirle al Gobierno Nacional claridad sobre la política de financiamiento de la educación superior, teniendo en cuenta el recorte presupuestal que paulatinamente han sufrido las universidades durante los últimos años, especialmente en relación a los nuevos recursos alcanzados durante la aprobación de la reforma tributaria, los cuales se consiguieron a través de la lucha del Sistema Universitario Estatal SUE, correspondientes al 40% del 0.5, del IVA social de educación, y frente a los recursos CREE, que a partir del año entrante van a ir 100% a financiar el programa Ser Pilo Paga, al igual que los excedentes del 20% de las Cooperativas.

Desfinanciamiento

«La Ley 30 de 1992 limitó el incremento presupuestal únicamente al IPC y los gastos de las instituciones de educación superior se incrementaron aproximadamente 4 puntos por encima del IPC, esto hace que desde el 1992 se haya venido acumulando un desfinanciamiento que ya supera los 12 billones de pesos y que en funcionamiento equivale a cerca de 2 billones. Ante esto, se tramitaron nuevos recursos con la reforma tributaria, pero el Gobierno Nacional ha decidido enviar buena parte de esos recursos para el Icetex y las becas, fundamentalmente para el programa Ser Pilo Paga», contextualizó el rector de la Universidad Surcolombiana, Pedro León Reyes Gaspar.

Las modificaciones al presupuesto destinado a las universidades públicas, significan que estas dejarán de recibir $350.000 millones y solo recuperarán una tercera parte con la adición presupuestal de $129.795 millones, donde los Créditos Beca ICETEX, en cambio, recibirán $434.871 millones más.

«Protestamos para que respeten los recursos de las universidades públicas y para que se incrementen los recursos haciendo los ajustes necesarios. Esto contribuiría a la mejora de la calidad y cobertura educativa, porque de otra forma sería imposible», aseveró Reyes Gaspar.

Desvío de recursos

En ese sentido, Adolfo León Atehortúa Cruz, rector de la Universidad Pedagógica, explicó que, «el medio punto de IVA social para la educación no significa un incremento real y no se asignará de manera directa a las instituciones de educación superior del Estado. Por tanto, la reforma tributaria no fue suficiente ni menos aún estructural conforme se anunció, porque no permitió hasta ahora la recuperación del fisco y los recaudos no admiten siquiera mantener para 2018 el presupuesto dispuesto en 2017».

Por lo anterior, las universidades estatales esperaban para el 2017 por lo menos $240.000 millones del antiguo CREE, en razón a que este mantuvo en su recaudo una cifra cercana a la obtenida en el año 2016. No obstante, tendrán $78.000 millones menos que el año pasado. El 100% de la porción correspondiente al CREE fue entregado hasta el año 2015 a las universidades estatales. Sin embargo, en 2016, el 53,6% de ese total fue directo a los Créditos Beca ICETEX, Programa Ser Pilo Paga que, en 2017, recibirá el 66,9% de lo recaudado.

Por razón del artículo 87 de la Ley 30, las universidades estatales recibirán un 16,55% menos que el año pasado; tendrán en sus presupuestos $4.852 millones menos. Además, dejarán de recibir aproximadamente $10.000 millones en razón del descuento electoral decretado por la ley.

Medidas

Reyes Gaspar añadió que  se va a liderar un proyecto de ley  que corrija las falencias y que reglamente de forma más precisa los recursos. 

«En  reunión con  SUE Sur Occidente se analizaron varias estrategias que permitan contrarrestar esta problemática, entre esas, liderar un proyecto de Ley que corrija las falencias de la Ley 30 de 1992 en sus artículos 86 y 87, pero también que reglamente de manera más precisa esos recursos que se lograron con la reforma tributaria».

Las movilizaciones se realizaron en varias ciudades del país, se espera que este tipo de protestas y presión social por parte de los jóvenes universitarios, permitan que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República tomen conciencia de que privar de recursos a las universidades estatales equivale a irlas acabando lentamente, y peor aún, significa negar a las futuras generaciones la posibilidad de acceder a la educación, motor de desarrollo de los pueblos.