Seguimiento por parte de la Procuraduría a empresas de energía
El Ministerio Público se encuentra investigando el cobro excesivo de servicios públicos a raíz de numerosas quejas por parte de los usuarios.

El ente de control tendría en la mira a cinco empresas prestadoras de servicios públicos y tres de regulación a causa de irregularidades en el cobro de los servicios públicos en plena pandemia del Covid-19.
Lo que ha conocido la Procuraduría a través de las quejas de los usuarios, es del alto cobro en tarifas de los servicios públicos como la luz y el agua entre los meses de marzo y abril.
Las empresas objeto del seguimiento son Codensa que opera en Bogotá y en aproximadamente 100 municipios de la salud tiene 3,3 millones de clientes con el 24% de participación en el país.
Otra es Celsia, que es la empresa de energía del grupo Argos, con “más de un millón de clientes en 39 municipios del Valle de Cauca, 47 en el Tolima y uno en Chocó”, según lo dice en su página web.
También Electricaribe, que opera en 188 municipios de en la Costa Atlántica; Emcali, que “presta sus servicios en Cali, Jamundí, Yumbo, Puerto Tejada, y las zonas rurales de municipios vecinos como Palmira y Candelaria”, según su página web; y Empresas Municipales de Cartago.
Las quejas en contra de estas empresas fueron trasladadas por la Procuraduría a la Superintendencia Delegada de Servicios Públicos Domiciliario de energía y gas con el fin de poder verificar los supuestos altos costos en los servicios de energía y acueducto.