Se acaba la pedagogía, llega la sanción

Por: Caterin Manchola
Diario del Huila, Neiva

Según fuentes oficiales, las muertes por accidentes de tránsito han disminuido en 46,1%. En lo que va del 2017 se han impuesto comparendos por transporte ilegal a 39 vehículos y 251 a motos.

El 60,7% de las 28 muertes por accidente de tránsito del año en curso involucraron motocicletas.

No obstante, el objetivo es intensificar los operativos para disminuir aún más las cifras de accidentes de tránsito y transporte ilegal, como el mototaximso, que es uno de los más populares en la capital opita. Por tanto, se incorporaron 25 Policías de Tránsito y Transporte para tener mayor cobertura; con los 52 que se tenía solo se podía disponer de uno o dos  guardas por jornada. Aun así, el número de guardas sigue siendo insuficiente para la ciudad.

«Vamos a estar trabajando con un grupo de inteligencia para mitigar  el tema de la ilegalidad, queremos que la ciudad haga uso del transporte formal», anunció el coronel de la Policía Juan Carlos León Montes.

Los operativos de control serán coordinados entre la Policía Metropolitana y la Secretaría de Movilidad Municipal.

Acciones

Según explicó Jimmy Puentes Méndez, secretario de Movilidad Municipal, se realizarán operaciones de regulación para peatones, conductores y motociclistas; tal cual como lo que dicta el Código 769, para hacer cumplir la ley y prevenir la accidentalidad.

«Se regulará el transporte público porque en algunas ocasiones están cometiendo arbitrariedades. Por ejemplo, hay muchas quejas del gremio de los taxistas porque en las noches de fines de semana no encienden el taxímetro.  Habrá mayor rigurosidad en las tarjetas de operaciones, control y emisión de gases», indicó.

El coronel León Montes agregó que «también habrá reguladores de tránsito en algunas esquinas donde hay mayor cantidad de flujo vehicular en horas pico; se trata de aplicar estrictamente el nuevo Código de Tránsito. Ya está lista toda la contratación y de logística como medios de transporte».

El Convenio

Puentes Méndez Indicó que el presente convenio interadministrativo busca suplir la carencia de control operativo porque los 52 guardas que se tenían no eran suficientes para los 120.000 vehículos  y 400.000 habitantes de la ciudad, la cobertura era mínima.

El término de duración de la estrategia será por 12 meses a partir del acta de inicio, es decir, hasta el 29 de septiembre del 2018. Después se realiza un análisis jurídico donde se determinan los resultados del acuerdo.

Tuvo un costo de $804 millones que se invirtieron en dotaciones a vehículos, alcosensores y  detectores de velocidad entre otros; para facilitar las condiciones de trabajo y de esta manera propender por el control de la movilidad, seguridad  y educación vial. Estarán distribuidos estratégicamente en el centro y zonas más críticas de la ciudad.

La comunidad

«La medida ha causado polémica pero debo informar a la ciudanía que esta estrategia se encuentra dentro la norma jurídica y el tipo de convenio ya se ha firmado en varias ciudades como Medellín, Pereira, Cali, entre otras», agregó. 

En ese sentido, la capitana de la Policía Anayibe Díaz Beltrán, informó que el actuar de los nuevos policías será conforme a la ley y de manera afable.

«Trabajáremos las 24 horas del día para mejorar la movilidad de la ciudad y ya se tiene establecido un cronograma de trabajo con rutas. Desde hace 15 días veníamos adelantando medidas preventivas y de cultura ciudadana mientras se firmaba el convenio, pero ya a partir de ahora comenzamos a realizar actividades de control como tal. A la comunidad se le ofrece un servicio respetuoso y amable, obviamente tenemos que hacer cumplir la ley, y a las personas que infrinjan las normas se les va a sancionar tal como lo estable el Manual de Infracciones».

Agregó que si la comunidad es testigo de que se abuse de la norma o alguno de sus vecinos cometa un delito, puede avisar a las autoridades para efectuar las respectivas correcciones, ya sea algún miembro de la Policía o a un ciudadano.

Legalidad del Convenio

Según la Ley 1383 de 2010, la Policía Nacional hace parte de las autoridades de tránsito en el país y entre sus funciones está «coordinar  la ejecución de planes, programas y proyectos con las entidades públicas y privadas, que por su misión deben coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones sobre el tránsito y transporte; proponer y desarrollar convenios de cooperación, con entidades públicas y privadas.

De igual forma, la Ley 769 de 2002 indica que «los organismos de tránsito podrán celebrar contratos y/o convenios con los cuerpos especializados de Policía urbana de tránsito mediante contrato especial pagado por los distritos, municipios y departamentos y celebrado con la Dirección General de la Policía».